El futuro del Ejecutivo

Sánchez asume el método de negociación de Junts para asegurarse la legislatura

Ahora el jefe del Ejecutivo y sus colaboradores empiezan a asumir que la forma de negociar de los posconvergentes es distinta a la del resto de grupos que formaron parte del bloque de investidura

Pedro Sánchez, el pasado 4 de julio en la Moncloa.

Pedro Sánchez, el pasado 4 de julio en la Moncloa. / / JOSÉ LUIS ROCA

Juan Ruiz Sierra | Carlota Camps

Junts per Catalunya continúa marcando los tiempos a Pedro Sánchez. Ocurrió el otoño pasado con la investidura del presidente del Gobierno, cuando el partido de Carles Puigdemont estuvo a punto de firmar su pacto y se echó atrás en el último momento, prolongando varias semanas la negociación. Volvió a pasar con la ley de amnistía, cuya aprobación se retrasó por las dudas de los posconvergentes con su contenido. Y ahora ha ocurrido de nuevo con la senda de estabilidad y los Presupuestos, después de que el Ejecutivo retirara ‘in extremis’ la votación en el Congreso del techo de gasto, paso previo indispensable para sacar adelante las cuentas públicas del año que viene, al ver que iba a ser tumbada de nuevo por el rechazo de la formación independentista. 

A lo largo de este primer año de convulsa legislatura, marcado por la sucesión de citas electorales (gallegas, vascas, catalanas y europeas) y las dificultades de la coalición del PSOE y Sumar para sacar adelante sus iniciativas, Sánchez ha tenido que hacer un curso acelerado sobre Junts, un partido con el que apenas había tenido lazos ni sintonía. Ahora el jefe del Ejecutivo y sus colaboradores empiezan a asumir que la forma de negociar de los posconvergentes es distinta a la del resto de grupos que formaron parte del bloque de investidura, que deben ir poco a poco, con pies de plomo, si no quieren ver bloqueada la legislatura. 

Un "aviso muy serio"

“Paso a paso”, dijo Sánchez el miércoles. “Tenemos que negociar medida a medida”, coincide un ministro del núcleo duro. De momento, ya han empezado las conversaciones sobre la senda de déficit, con el Gobierno abriendo la mano para dar más margen a las autonomías, como reclama Puigdemont. La iniciativa ya fue tumbada por el PP, Vox y Junts en el Congreso a finales de julio, pero el Consejo de Ministros, en una decisión que varios diputados socialistas consideran un “error”, volvió a aprobar la misma senda el 10 de septiembre, sin ofrecer nada nuevo a los posconvergentes.

El Gobierno acepta que las conversaciones tienen que ir "paso a paso" y solo abrirá la carpeta de los Presupuestos cuando haya sellado un pacto sobre la senda de déficit

“A la misma cosa que ya votamos ‘no’, volveremos a votar que ‘no”, advirtió en público Puigdemont. En privado, el mensaje que se trasladó a los socialistas subió unos tonos más. Fuentes al tanto de las conversaciones lo definen como un “aviso muy serio”.

Carles Puigdemont, durante su reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto.

Carles Puigdemont, durante su reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto. / / ZOWY VOETEN

El enfoque ahora, explican fuentes de la Moncloa, pasa por acelerar las negociaciones para llevar la senda al Congreso “lo antes posible”. De momento, el partido independentista reclama que las autonomías dispongan de un tercio del objetivo de déficit (el límite está establecido en el 2,5% del PIB, por lo que los territorios tendrían el 0,8%), algo que según el Gobierno choca con las nuevas reglas fiscales de la UE. 

La reconstrucción de los puentes

Los contactos ya se han reanudado, después de que el viernes de la semana pasada el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reuniera con la cúpula de Junts en Suiza. Lejos de servir para superar los recelos, el encuentro vino a confirmar que no habría acuerdo. Sin embargo, los socialistas concluyeron que si retiraban la senda había “margen” con el partido de Puigdemont, que ha tomado muchas distancias con el Ejecutivo tras la investidura de Salvador Illa y la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al ‘expresident’. 

Desde entonces, los gestos hacia los posconvergentes por parte del Ejecutivo se han sucedido en cascada. Reactivación de las comisiones de investigación pactadas a cambio de la investidura de Sánchez sobre la llamada ‘Operación Catalunya’ (las presuntas maniobras policiales contra dirigentes independentistas durante el mandato de Mariano Rajoy) y los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils. Disposición a desclasificar los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre esos ataques terroristas. Movimiento del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que se pueda emplear en el Parlamento Europeo el catalán, euskera y gallego, aunque Junts lo considera un paso “insuficiente” porque el PSOE se comprometió a que estas lenguas fuesen oficiales en la UE. Y en paralelo discurre la negociación para transferir a la Generalitat las competencias de inmigración, que avanza a buen ritmo, como publicó EL PERIÓDICO hace un par de semanas.  

El partido de Puigdemont se revuelve contra la “normalización política” que proclama Illa porque “contradice” lo pactado con el PSOE en Bruselas

“Todas ellas son carpetas separadas. Que se activen las comisiones o pactemos la inmigración no significa que vayamos a apoyar la senda de déficit. Y mucho menos los Presupuestos”, explican fuentes de la dirección de Junts. El Gobierno y el PSOE ya lo han asumido. Solo cuando haya un pacto sobre la senda, si es que lo hay, arrancarán la negociación sobre las cuentas públicas del año que viene, que tendrá lugar, como dejó claro Sánchez el miércoles, tras los congresos de Junts y ERC, a finales de octubre y noviembre, respectivamente.  

Nadie en la Moncloa se atreve a anticipar cómo acabará este nuevo ciclo. Tampoco en Junts. Pero si el presidente del Gobierno logra sacar adelante los Presupuestos, aunque sea después del 1 de enero (algo que ya se da casi por descontado), asestará un duro golpe a Alberto Núñez Feijóo y podrá culminar la legislatura con cierta comodidad. Pero si no lo consigue, la posibilidad de un adelanto continúa estando descartada, insisten en la Moncloa. Los socialistas dicen estar “tranquilos” porque no hay una “mayoría alternativa” a la actual y dan por hecho que el partido de Puigdemont no apoyará una moción de censura del PP y Vox. Pero Junts no se siente ligado a Sánchez. Sus dirigentes aseguran que no habrá diferencias significativas entre el PSOE y el PP si los acuerdos alcanzados con los socialistas acaban en un cajón.

Las dos sombras

Sobre el mandato del líder del PSOE continúan planeando dos sombras de enorme fondo político. Por un lado, la nueva etapa abierta en Catalunya con la llegada de Illa a la Generalitat. “He venido para recordarles que aún estamos aquí”, dijo Puigdemont el 8 de agosto en su fugaz regreso a Barcelona. El mensaje tenía dos destinatarios: el Tribunal Supremo, por no aplicarle la amnistía, y el propio Sánchez. Puigdemont, argumentan en su círculo de confianza, no buscó ese día entorpecer la investidura del líder del PSC, pero sí evitar que se afianzara su discurso sobre la “normalización política”. 

Los posconvergentes no solo están molestos por los compromisos adquiridos por el Gobierno y pendientes de resolver. También subrayan que las palabras de Illa son “contradictorias” con el acuerdo para la investidura de Sánchez firmado en Bruselas el pasado noviembre. Ya en la primera frase del documento, el PSOE se comprometía a “contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”. 

El segundo escollo tiene que ver con la eterna rivalidad entre el partido de Puigdemont y ERC. Hace más de un año, cuando se forjó el pacto para que la socialista Francina Armengol se convirtiese en la nueva presidenta del Congreso, los colaboradores de Sánchez señalaron que lo “más difícil” de todo había sido “buscar un equilibrio” entre las dos formaciones independentistas. Esa competición por ver quién logra más contrapartidas del Gobierno se ha intensificado en los últimos tiempos, como pudo verse el jueves durante la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dar cuenta de la nueva financiación catalana. El republicano Gabriel Rufián tachó a los dirigentes de Junts de “miserables” por sus críticas al pacto sobre el futuro concierto económico. Desde Junts, Josep Maria Cruset reaccionó llamándole “chulo de barra de bar”. 

“Nunca los habíamos visto así y nos ha llamado mucho la atención -explica un ministro-. No nos viene nada bien esta escalada. Porque unos y otros pueden ir subiendo la apuesta: tú me has dado esto, yo he conseguido lo otro… Pero quizá era inevitable. ERC y Junts están a muerte en Catalunya y encima tienen sus congresos dentro de nada”. Hasta entonces, el futuro de la legislatura española continuará siendo una incógnita.

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