El Estado descarga en Canarias todo el peso de la gestión de los menores

Canarias no tira la toalla en la batalla judicial abierta con el Estado por la gestión de los niños y adolescentes migrantes que llegan solos a las costas del Archipiélago. Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias presentaron el martes alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para solicitar el levantamiento de la medida cautelar por la que suspendió la aplicación del protocolo elaborado por el Ejecutivo regional en aras de ordenar la recepción de los menores que el Estado pone a su disposición. En el escrito, Canarias reprocha al Gobierno central que traslade a la comunidad autónoma toda la responsabilidad de «la cuestión migratoria», poniendo bajo su tutela a los niños de manera «desordenada». Además, en las alegaciones, los letrados desmontan los argumentos de la Fiscalía Superior de Canarias, que solicitó a la justicia la suspensión del protocolo de forma urgente, al considerar que ponía en riesgo la atención inmediata de los menores en desamparo. Así, el escrito al TSJC, justifica que todos los niños que han arribado a las Islas desde que la guía de actuación fue publicada –el 12 de septiembre– han sido acogidos correctamente.

Coordinación interterritorial

Canarias reitera que, una vez agotado el mecanismo de cooperación voluntaria, después de que en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no se lograra repartir a los niños tutelados por el Gobierno regional, «queda claro que el Estado tiene el deber de garantizar el traslado o ubicación de los menores a otras comunidades autónomas acudiendo a los mecanismos de coordinación –obligatorio o coactivo-».

Entregas desordenadas

En las alegaciones, los servicios jurídicos exponen que ante la emergencia se «ha impuesto» un «desorden en el acto de recepción de los menores», que la Policía Nacional entrega en grupos al personal de las entidades colaboradoras que gestionan los centros, con un simple listado y «sin que medie un control directo» por parte de la comunidad autónoma. Además, hacen hincapié en que se olvidan los derechos de los menores que puedan precisar protección internacional o ante la trata de seres humanos, pues no se les realiza «la debida entrevista personal».

Competencias exclusivas

El escrito dirigido al TSJC destaca que el Gobierno de Canarias «conoce las dificultades de dar respuesta a la situación actual» pero ello, añade, no puede suponer que la entrega de los niños implique trasladar la responsabilidad a la comunidad autónoma, a la que «se pretende hacer exclusivamente responsable de la cuestión migratoria –lejos de llamar a la corresponsabilidad–». Lo que, apuntan los letrados, no encaja ni con las reglas competenciales, ni con el principio de lealtad institucional.

Eficacia doméstica

Tanto el auto judicial como el Ministerio Fiscal sostienen que el protocolo canario es un reglamento. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que no es una norma, sino una guía de actuación interna, que solo es vinculante para los empleados públicos autonómicos y empleados de las entidades colaboradoras. Además, en las alegaciones se destaca que el protocolo territorial «no exige nada que ya no exija ni la norma ni el protocolo estatal. Tampoco exige documentar nada que no debía estar documentado conforme al protocolo marco; por lo que ninguna demora debe causar».

Canarias mejor dotada

Sobre el conflicto de intereses, los servicios jurídicos exponen que la entrega de los menores a la comunidad autónoma se está entendiendo como una vía para trasladar a Canarias unas competencias sobre extranjería, inmigración y asilo, que son del Estado. También apuntan que el Gobierno de España «presume incorrectamente» que su capacidad es menor que la del Archipiélago para responder ante la crisis migratoria. Todo ello unido, añaden, al «incumplimiento de la obligación de reasignar a los menores extranjeros a otras comunidades autónomas».

Estancia indefinida

La aplicación del protocolo canario en la entrega de un menor, destacan los letrados, «no supone que el Estado cese en su competencia». En este sentido, detallan que los procedimientos relacionados con extranjería y asilo –que dependen del Gobierno central–, no «resuelven sobre el menor», lo que determina que «permanezca indefinidamente en Canarias».

Situación desconocida

El escrito dirigido al TSJC recuerda que cuando se elaboró la ley de extranjería no se pensó –«por desconocidas»– en situaciones como la actual, además de que la figura de protección del menor estaba orientada a quienes ya residía en la comunidad autónoma y quedaba en desamparo. Así, destaca que los niños no acompañados sobre cuya atención se debate, «son salvados en aguas internacionales» y después desembarcan en puertos canarios, «por decisión del Estado». También subraya que para resolver sobre la residencia de los menores, primero habría que resolver «sobre su no repatriación y sobre la resolución administrativa de su ubicación».

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