Investigación judicial

El juez rechaza amnistiar la trama rusa del 'procés' y añade el delito de organización criminal a Puigdemont y Mas

El magistrado Joaquín Aguirre remite al Tribunal Supremo los indicios contra el expresident, al que imputa también traición y malversación

Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont. / EFE

Nuevo paso del juez de Barcelona Joaquín Aguirre en su investigación por la supuesta trama rusa del 'procés'. El magistrado ha rechazado aplicar la amnistía a los 13 investigados por la presunta injerencia de Moscú en el proceso independentista y ha añadido a los delitos de traición y malversación de fondos que ya planteaba, otro delito por organización criminal, poniendo en la cúspide de la misma a los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, a quienes otorga "el liderazgo y control de las acciones que tomaban sus cuadros directivos", y que, por ende, quienes podían "suspender" o "modificar" los contactos con los representantes rusos, según el auto al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este periódico.

El togado, además, ha remitido al Tribunal Supremo la causa sobre Puigdemont por su condición de aforado para que, si este órgano judicial lo considera pertinente, abra una investigación contra él por esos mismos delitos.

Según expone el juez, el "somero análisis comparativo entre la doctrina estratégica rusa" y el concepto de "amenazas híbridas es suficiente para concluir, más allá de toda duda", que Cataluña fue objeto de una campaña de "confrontación informativa" durante los años del 'procés' "para llevar a cabo operaciones de desestabilización".

En su opinión, "la práctica totalidad "de las campañas desplegadas por Rusia en Occidente en los últimos años se han "vertebrado" a través de tres ejes: los medios de comunicación (Sputnik y la cadena RT), las actuaciones de 'trolls' y 'bots' en redes sociales (difusores de mensajes favorables) y "la influencia directa en políticos y decisiones", valiéndose de "mecanismos financieros y de afinidad ideológica".

El juez sostiene que teniendo en cuenta los "objetivos en juego" y la existencia de "contactos directos" entre dirigentes independentistas "de primer nivel" (como fue el caso de Puigdemont, que recibió en su residencia oficial a presuntos emisarios rusos días antes de la declaración unilateral de independencia fallida) y el "despliegue de agentes encubiertos" (este diario ha podido detectar al menos siete miembros de la inteligencia militar rusa), "el caso catalán muestra más paralelismo con las fases iniciales de los conflictos de Crimea y Montenegro" que una "simple injerencia con fines de desestabilización".

Los servicios de inteligencia rusos

Aguirre precisa que, en el caso de Catalunya, "involucraron a personas del más alto nivel de la Generalitat", incluyendo a su president y ello "habría facilitado y reforzado considerablemente el proceso de injerencia rusa". El juez explica que se ha podido acreditar que "estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y el gobierno de la Federación Rusa" y "se ha podido conocer las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo común que beneficiara a ambas partes", en referencia a la propuesta de los supuestos emisarios del Kremlin de ofrecer apoyo miliar y económico a cambio de una legislación favorable a las criptomonedas en una Catalunya independiente.

El togado señala que "para la política rusa, el 'procés' era una herramienta perfecta" que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. En el caso de que el proceso de secesión fracasara, como ocurrió, "la simple existencia del conflicto" y la "consecuente desestabilización" de un país miembro de la OTAN, ya representaba "una victoria notable para los intereses de Rusia". Y en el supuesto de que hubiera concluido con éxito, "Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar la Unión Europea", tanto políticamente como económicamente, mediante el uso "fraudulento" de las criptomonedas.

El "temor" de Puigdemont

El juez desestima aplicar la amnistía para los 13 investigados por la supuesta trama rusa porque, a su entender, hubo una "amenaza efectiva y real como uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial" de España, por lo que el delito de traición que investiga está excluido de la ley. Argumenta que, a raíz de los actos que se ejecutaron días antes de la declaración unilateral de independencia (las reuniones de Puigdemont con los supuestos emisarios rusos), "la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos". Y si no llegó a buen término, según Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, fue porque Puigdemont "tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor". El togado considera, por lo tanto, que sí hubo "una amenaza (en el sentido de peligro) real y efectiva de potencia extranjera (Rusia)" en contra de la integridad de España.

El uso de la fuerza

Para explicar el "uso efectivo de la fuerza", el magistrado incluye la "movilización independentista radical" y la "relevancia" de una serie de "organizaciones de carácter clandestino" que "perfilaron diferentes dinámicas circunscritas al ámbito de la desobediencia civil como medio de subvertir el sistema democrático" y "conseguir sus intereses secesionistas". Su reflejo fueron los CDR y el Tsunami Democràtic, agrega. Los dirigentes de esta última organización, añade, "promovieron graves disturbios" en protesta por la sentencia del 'procés' en octubre de 2019, que incluyeron la paralización y bloqueo de infraestructuras de comunicación y transporte (el Aeropuerto de El Prat), así como "graves ataques a edificios públicos, manifestaciones y cargas policiales". Las actividades de Tsunami, precisa, "fueron extraordinariamente violentas y quebradoras de la paz social".

El juez también considera que se cometió la presunta malversación como "medio" para el delito de traición. En su auto señala que en el caso de que la traición hubiera triunfado, se habría producido la secesión de una parte de España, situación que habría afectado, "aunque lo fuera en grado de mera tentativa", a la renta nacional bruta estatal y al presupuesto de la Unión Europea.

El magistrado proclama que debe investigarse si la Oficina de Catalunya en Moscú realizó gastos "para sufragar los actos conspirativos para la consumación de la secesión". Entre 2011 y 2017 se devengaron unos 2,6 millones a esa 'embajada' catalana. Además, pretende rastrear la relación entre el empresario investigado Zeus Borrell, experto en criptomonedas, y la delegada de la Oficina de Exterior de la Generalitat en Dubai.

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