En un escrito
La fiscalía no se opone a prorrogar la instrucción de Tsunami Democràtic para que pueda continuar en Cataluña
Fuentes del ministerio público han señalado que el criterio del fiscal adscrito al caso no se ha visto alterado y sigue considerando que en la causa no hay indicios para imputar un delito de terrorismo a ninguno de los investigados

Incidents a l’aeroport en una protesta de Tsunami Democràtic. / ELISENDA PONS / ÁNGELES VÁZQUEZ
Ángeles Vázquez
La Fiscalía de la Audiencia Nacional no se opuso a que el juez Manuel García Castellón prorrogara la instrucción de la causa abierta por las movilizaciones convocadas por Tsunami Democràtic no porque haya cambiado de criterio y ahora coincida con él en apreciar indicios de un delito de terrorismo, sino porque así los juzgados que lo puedan investigar en Cataluña tengan tiempo para hacerlo.
Fuentes del ministerio público han señalado que el criterio del fiscal adscrito al caso, Miguel Ángel Carballo, no se ha visto alterado y sigue considerando que en la causa no hay indicios para imputar un delito de terrorismo a ninguno de los investigados, sino de desórdenes públicos agravados. Eso supondría que el procedimiento dejara de ser competencia de la Audiencia Nacional y pasara a los juzgados donde se produjeron los altercados investigados, como el bloqueo del aeropuerto de Barcelon-El Prat o de la AP-7 a su paso por la Jonquera.
Por eso está a la espera de que la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso que interpuso al auto de imputación dictado por el magistrado el pasado 6 de noviembre, al que luego se sumó la impugnación por la exposición razonada que el magistrado elevó al Tribunal Supremo para que impute a los dos aforados contra los que apreciaba indicios: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado en el Parlament Rubén Wagensberg, que este miércoles se ha sabido que ha seguido los pasos de otras imputada, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y también se ha trasladado a Suiza.
Mientras se resuelve el recurso y se le da la razón o no al ministerio público, la instrucción debía ser prorrogada, porque lo contrario significaría su cierre y que, en el caso de que la Sala de lo Penal tampoco apreciase indicios de terrorismo, los juzgados que recibieran las actuaciones se vieran impedidos para investigar nada al recibirlas.
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