Entrevista

Manuel Torres Aguilar: "La amnistía nacerá viciada sin una renuncia del independentismo a la vía unilateral"

"Si no se cuestiona, como pretende Sumar, que el Estado ha actuado conforme a Derecho, no veo riesgo para la separación de poderes", afirma el catedrático de Historia del Derecho

Manuel Torres Aguilar.

Manuel Torres Aguilar. / Miki López

Marcos Palicio

En un momento muy oportuno, y de forma no del todo involuntaria, Manuel Torres Aguilar (Córdoba, 1963) ha publicado este año 'Historia del indulto y la amnistía: de los Borbones a Franco'. No se equivocó cuando barruntó, allá por 2018, que en algún momento haría falta "un aporte doctrinal desde el punto de vista histórico" sobre esta cuestión que ahora llena informativos y páginas de periódicos en todo el país. Es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Córdoba.

La Constitución no prohíbe expresamente la amnistía ni tampoco la admite. Ni siquiera la menciona. ¿Cómo interpreta usted su encaje en el sistema?

El padre constitucional no consideró oportuno regularla y eso significa que decidió dejar libertad al legislativo para regular esa y otras cuestiones. Pero hay más. Los redactores de la Carta Magna tuvieron a la vista varios modelos de constituciones y una de ellas fue la española de 1931, que prohibían los indultos generales, pero permitía expresamente que la amnistía fuese regulada por las Cortes. ¿Por qué la de 1978 también descarta el indulto general, pero guarda silencio sobre la amnistía? En mi opinión, prefirieron no constitucionalizar la amnistía, no recogerla expresamente en el texto para que en el futuro, cuando se plantease alguna circunstancia en la que pudiese intervenir esta figura jurídica, el legislativo del momento decidiese lo que considerase oportuno.

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¿De qué depende entonces su encaje en el marco constitucional?

Del proyecto de ley que en su momento se presente y que nadie conoce, al parecer salvo los tertulianos. Una amnistía no puede, por ejemplo, atentar contra principios establecidos en el derecho internacional, o borrar las consecuencias penales de delitos de lesa humanidad, pero también habría que comprobar si hay una conculcación de la independencia de los poderes, porque a mí la propuesta que ha presentado Sumar no me gusta.

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¿Por qué?

Equivale a plantear el revisionismo de unas sentencias que ya han recaído y a hablar de una mala actuación del Tribunal Supremo. Yo en eso no estoy de acuerdo. La exposición de motivos debería contener un relato de los hechos en el que se recogieran perfectamente las actuaciones que, conforme a Derecho, ha realizado el Estado. Una vez reconocido eso, debería quedar claro que el Estado se muestra generoso con quienes han incurrido en esas conductas y borra, o trata de olvidar, la consecuencia penal de esos hechos.

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¿Cabe borrar el efecto penal del delito a quien no renuncia a repetir?

Eso es una cuestión política que tendría que decidir el Parlamento. No hay ninguna norma que diga que para conceder una amnistía haya que pedir perdón, entre otras cosas porque el perdón va vinculado al indulto, no a la amnistía. Dicho eso, el Estado tampoco debe reconocer, como plantea Sumar, que ha actuado de una manera discutible. Eso sí debilita el poder democrático que tiene el Estado.

Hay quien sostiene que puede colisionar contra la potestad de juzgar que la Constitución atribuye al Poder Judicial, y por tanto a la separación de poderes.

Tal y como lo plantea Sumar, si no es una intromisión, sí es un intento. Pero creo que no habrá ninguna acción contraria a la separación de poderes si se respeta y reconoce el perfecto funcionamiento de la administración de justicia en la imposición de las penas o en la emisión de las órdenes de captura y, a continuación, se establece que se va a abrir la vía del olvido para estos comportamientos delictivos con el propósito de abrir un espacio al diálogo entre un sector de la población catalana y el Estado.

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¿No introduciría desigualdad, avalando la aplicación de la ley a unas personas y no a otras que han incurrido en las mismas conductas?

La amnistía fiscal de Montoro estableció que quienes no habían pagado determinados tributos quedaban exentos de pagarlos. ¿Eso genera desigualdad? Evidentemente. Éstas son medidas que atienden más a otros principios de interés del Estado. En aquel caso, el de abrir un espacio nuevo para regularizar determinados depósitos que había en el extranjero para permitir que reestablecieran su vinculación con la hacienda española. Con la amnistía se persigue abrir un espacio nuevo de pacificación política en la sociedad catalana, y eso no creo que vaya contra el principio de igualdad. Busca un fin superior, el de la paz, el diálogo y la concordia en todo el territorio.

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¿Bastaría entonces con desarrollar esa motivación "por el interés de España y en defensa de la convivencia" que acaba de enunciar Pedro Sánchez?

Eso hay que desarrollarlo, muy bien fundamentado, en la exposición de motivos, junto a la explicación de cómo acontecieron los hechos, cómo el Estado ha actuado de acuerdo con la legalidad y cómo, a pesar de que estamos hablando de conductas perfectamente perseguibles, el Estado considera que va a ofrecer el olvido de ese comportamiento delictivo como una fórmula de paz para que pueda cerrarse esa etapa que afecta a casi 4.000 personas. ¿Es el mejor momento? Probablemente no. Antes o después tendría que llegar si lo que queremos es una nueva etapa, pero las circunstancias políticas han condicionado el desarrollo de los acontecimientos y estamos donde estamos.

Ha dicho que la amnistía no puede ser un cheque en blanco.

Sí. Eso significa justo esto, reconocer que el Estado ha actuado conforme a Derecho y además, añado, renunciar a la vía unilateral, que es algo que no está haciendo Puigdemont. Una cosa es no pedir perdón y otra decir que si se me olvida el delito lo voy a volver a cometer. Por ahí no. De ese modo, la amnistía nacería viciada y daría argumentos a quienes están en contra de ella.

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Parecen evidentes las motivaciones de conveniencia política de quien promueve la amnistía. ¿No puede haber ahí un problema de credibilidad?

La cuestión es que no quede viciada jurídicamente. Ahora, también digo que, si es aprobada, esta ley va a terminar sí o sí en el Constitucional… También se argumenta que la amnistía se politiza. Obviamente. Es que es un instrumento político. ¿Para qué? Para atender a razones superiores, a fines de interés general o de interés político que pueden ser más o menos compartidos. Así las han usado todos los partidos en la historia de nuestro país desde principios del siglo XIX, unas veces para defender intereses partidistas y otras por un sentido de Estado que ha permitido resolver determinadas cuestiones, como la de 1977.

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¿Tampoco le resta credibilidad que el mismo que la promueve ahora la haya descartado explícitamente hasta pocas fechas antes de las elecciones?

Como todos los políticos. La política es fluida, y nos gustaría que mantuviese unos criterios permanentes, pero tampoco la sociedad se mantiene. Los acontecimientos van cambiando. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida privada. A veces hacemos una afirmación y luego los hechos nos cambian las circunstancias y tenemos que desdecirnos. En la política, igual. Todos los políticos dicen o han dicho cosas que luego no han cumplido. ¿O sólo la izquierda ha negociado con Cataluña? La retirada de la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña se hizo en tiempos de Aznar, igual que el acercamiento de cientos de presos de ETA al País Vasco, o la cesión del treinta por ciento del IRPF a Cataluña... Eso me parece más preocupante. Que echen en cara unos a otros lo que ellos mismos han hecho.

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