Una testigo en el juicio de la Gürtel: "El director de la Ciudad de las Artes me pidió que destruyera toda la documentación"

Una extrabajadora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) ha declarado en el último juicio por la trama valenciana de la Gürtel que el director de Cacsa en 2009 "me pidió que destruyera toda la documentación" relativa a la contratación del estand de Grandes Proyectos que ejecutó la empresa Orange Market para la edición de Fitur de 2009. Un contrato por el que están acusados la exdirectora de Promoción Institucional y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El director de Cacsa que pidió destruir toda la documentación fue Jorge Vela, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas y exdirector general de Economía. La comercial de Cacsa que ha declarado hoy como testigo ante la Audiencia Nacional ha confirmado que no le hizo caso. El caso Gürtel acababa de estallar (el 6 de febrero de 2009) cuando le dio esa orden. "El director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias me dijo que destruyera los mails. Pero yo había visto que la policía salía con las torres de servidores de Orange Market y sabía que yo había intercambiado correos con Cándido Herrero, por lo que me guardé toda la información con más minuciosidad si cabe porque mire donde me estoy viendo".

Esta testigo y su superior en Cacsa en 2009, que también ha comparecido como testigo, asistieron a la reunión del 30 de diciembre entre la directora general de Relaciones Institucionales, Dora Ibars, y los representantes de empresas públicas y conselleries que impulsaban grandes proyectos. "La reunión estuvo liderada por Dora Ibars, donde se nos facilitó la información de la feria [Fitur 2009] donde ya estaba todo cerrado".

Los dos nuevos testimonios ahondan en la versión de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación del «stand de grandes eventos de la Comunidad de Valenciana en Fitur 2009» cofinanciado por nueve empresas públicas. Según el Ministerio público la exdirectora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, hizo de «enlace» entre la trama Gürtel y las entidades públicas para que la construcción del stand se encargara a las empresas de la Gürtel «sin tramitar procedimiento de contratación alguno y sin respetar los principios de transparencia, publicidad y concurrencia», según la Fiscalía Anticorrupción.

El negocio para la trama Gürtel sólo en este contrato habría sido redondo ya que la construcción del stand les costó 148.539,85 euros pero facturaron a las seis empresas públicas un total de 366.529 euros, según el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado Central de Instrucción 5 el 11 de enero de 2016. Este dinero no se llegó a cobrar porque todas las facturas se emitieron la misma semana que el Caso Gürtel estalló y el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la Gürtel en febrero de 2009.