El Parlament catalán asume que será la JEC la que apartará a Borràs y tumba la propuesta del PSC para cesarla

La mayoría del Parlament catalán asume que será la Junta Electoral la que acabará expulsando a Laura Borràs de la institución con la retirada inminente de su escaño y, por tanto, ha rechazado tramitar la propuesta del PSC para incorporar un mecanismo de revocación en el reglamento de la Cámara. Los socialistas, que necesitaban el voto de ERC, han visto como finalmente los republicanos se alineaban con la enmienda a la totalidad de Junts para frenar una iniciativa que no consideran prioritaria y que han criticado por haber sido diseñada 'ad personam'. La reforma que sí que ha prosperado ha sido la impulsada por ERC y la CUP para frenar el discurso de Vox y blindar el voto telemático de Lluís Puig, que ahora vota gracias a la fórmula extraordinaria habilitada por la Mesa para sortear al Tribunal Constitucional.

Los socialistas han lamentado que la mayoría parlamentaria haya decidido prescindir de una herramienta que defienden que debería existir para poder apartar un cargo elegido por la Cámara si se produce una pérdida de confianza. En realidad, una suerte de moción de censura aplicable a las miembros de la Mesa. La propuesta del PSC se ha debatido casi de forma simultánea a la deliberación de la Junta Electoral y con los grupos a expensas de su nueva orden.

El diputado socialista y primer secretario de la Mesa, Ferran Pedret, ha cargado contra el "bloqueo político que alarga inexplicablemente" la provisionalidad en la que se encuentra la presidencia de la institución desde la suspensión de Borràs y ha criticado como esta situación "erosiona" y "debilita" el Parlament. De poco ha servido que se abriera a incluir enmiendas para dejar claro los requisitos para impulsar la revocación y las mayorías necesarias para hacerlo e impedir "abusos por mayorías coyunturales" que, permitieran, por ejemplo, que una mayoría independentista expulsara a los cargos no independentistas de la Mesa con una simple votación.

ERC y la CUP han hecho frente común con Junts y no han suscrito la propuesta, que ha quedado descartada. Los Comuns sí que se han mostrado partidarios de tener una vía para poder actuar ante el "atrincheramiento" de Borràs en la presidencia, y también Ciutadans han considerado "razonable" el mecanismo. Que se haya tumbado no quiere decir que el PSC renuncie definitivamente a su propuestas. Los socialistas, como los Comuns, sí que han aceptado tramitar la reforma del reglamento del Parlament propuesta por ERC y la CUP y avanzada por EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, pero han avisado que presentaran enmiendas parciales para intentar introducir su propuesta de moción de censura aplicable a las miembros de la Mesa.

Regularización del voto de Lluís Puig

El texto de republicanos y 'cupaires' que sí que continúa la tramitación y que permitirá abrir el melón del reglamento busca oficializar el voto del diputado de Junts Lluís Puig en plena pugna con el Tribunal Constitucional. Hace unas semanas el TC volvió a anular la delegación de voto del parlamentario -que vive en Bélgica desde 2017- y ERC tuvo que ingeniárselas para poder compatibilizarlo sin desobedecer al tribunal. Así, la Mesa activó un mecanismo para que pudiera votar temporalmente de forma telemática, una fórmula que ya ha sido recurrida de nuevo por parte del PSC, que consideran que incumple el actual reglamento.

Según la actual normativa del Parlament, solo se puede pedir el voto delegado en caso de "hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada" y no se permite en ningún supuesto la modalidad telemática. La propuesta de ERC y la CUP propone introducir el voto telemático y ampliar los supuestos del voto delegado ante situaciones de "especial gravedad" y su uso quedaría a discreción de la Mesa, que tendría que analizar si está "suficientemente justificado". 

Junts ha aceptado tramitar el texto, pero a regañadientes y mostrándose crítico con esta reforma, a pesar de beneficiar a unos de sus miembros. Durante el debate, el diputado Jaume Alonso Cuevillas se ha mostrado partidario de introducir la participación telemática en el Parlament, pero considera que debería haber llegado mucho antes y que solo se ha puesto en marcha para "no desobedecer" al Constitucional. "Ojalá hubiera servido para investir al president Puigdemont", ha espetado.

Contra los discursos de odio

La misma reforma también incluye la prohibición de los discursos de odio, que busca limitar algunos de los posicionamientos que Vox hace en la Cámara catalana. El actual reglamento contempla la expulsión de un diputado en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Pero se trata de un planteamiento muy genérico, que deja a la presidencia de la Cámara un amplio margen de interpretación. Por esto, la propuesta de ERC y CUP es mucho más explícita y propone prohibir y sancionar también los "discursos de odio o intolerantes". En este punto, incluyen todo aquello que "incite a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad".

La extrema derecha ha acusado a los grupos proponentes de "totalitarios" y ya ha avisado que pedirán ampara al Tribunal Constitucional. "Son aprendices de censores, no nos van a poder censurar", ha exclamado el portavoz del partido, Joan Garriga.