Tribunales

¿Qué pasará tras la sentencia de Laura Borràs en el Parlament y en Junts?

A pesar de que el fallo aún no es firme, la presidenta suspendida puede ser apartada definitivamente de la Cámara

Laura Borràs.

Laura Borràs. / KIKE RINCÓ

Carlota Camps

No por previsible, será más manejable. Hacia semanas que se vislumbraba una auténtica tormenta política por la condena a Laura Borràs, pero había cierta cautela, a la espera de la sentencia. Ahora, una vez conocido el fallo, la patata caliente ha llegado al Parlament. El TSJC ha condenado a la presidenta de Junts a 4 años y medio de prisión y 9 de inhabilitación. Considera probada la prevaricación y la falsedad documental en el fraccionamiento de varios contratos cuando dirigía la Institución de les Lletres Catalanes (ILC). No obstante, en la sentencia, el tribunal se muestra partidario de que se le conceda un indulto que rebaje la pena que le impone a dos años, con el fin de evitar la entrada en la cárcel.

Los frentes que se abren a partir de ahora son múltiples. El primero se librará en la Cámara catalana, pero también habrá ruido en su propio partido: Junts per Catalunya.

¿Cómo se aplica la sentencia?

Borràs ha sido condenada por el TSJC, por lo que la sentencia aún no es firme. Sin embargo, es más que probable que sea cesada inmediatamente, como pasó con el expresident Quim Torra o el 'cupaire' Pau Juvillà. El tribunal considera probada la prevaricación, un delito contra la administración pública, por lo que operaría el artículo 6.2 de la LOREG. Así pues, el Parlament podría destituirla automáticamente, al considerar que hay una situación de "incompatibilidad sobrevenida". Previsiblemente no lo hará de oficio, pero la Junta Electoral Central (JEC) sí lo podría hacer. Hasta ahora siempre lo ha hecho a petición de un partido político, pero fuentes jurídicas especializadas en la dinámica parlamentaria no descartan que lo pudiera hacer de oficio. Y sino, la oposición lo solicitará.

En el caso de Torra, Junts criticó muy duramente al entonces president, Roger Torrent, por acatar la orden de la JEC. Sin embargo, Borràs acabó tomando el mismo camino cuando el arbitro electoral arrebató el escaño del diputado de la CUP, a pesar de mucha gesticulación. En este caso, muy previsiblemente, se acatará la orden por vía administrativa, como pasó con Juvillà, que dejó de cobrar su nómina y se tramitaron las credenciales del siguiente de la lista. Además, al tratarse de un caso vinculado con la corrupción, nadie fuera de Junts apoya que Borràs siga en la Cámara. De hecho, ya fue suspendida de sus funciones en julio, cuando se le abrió juicio oral.

¿Quién ocupará ahora la presidencia del Parlament?

Cuando ERC, PSC y la CUP decidieron aplicar a Borràs el artículo 25.4 del reglamento, que prevé la suspensión de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción, nadie ocupó su lugar. Ni en el hemiciclo, ni tampoco en la Mesa. Borràs se negó a dimitir, a la espera de la sentencia, y dejó la Cámara en una situación de interinidad y obligando a la vicepresidenta Alba Vergés, de ERC, a asumir sus funciones provisionalmente. Los republicanos, molestos desde el primer momento con Junts por no resolver esta situación, han intentado las últimas semanas reactivar la negociación con sus exsocios de Govern. De momento, sin mucho éxito.

Junts accedió al cargo como contrapartida a apoyar la investidura del 'president' Pere Aragonès, un acuerdo que se rompió con la salida de los posconvergentes del Govern. Sin embargo, Esquerra quiere aprovechar la situación de Borràs para recoser heridas y recuperar la mayoría independentista. Oficialmente, Junts no se ha mostrado muy por la labor, alegando presunción de inocencia para la presidenta suspendida. Pero los sectores más moderados han hecho sonar los nombres de Anna Erra o Marta Madrenas como posibles sustitutas, ante los más borrasistas que se plantean un boicot. Lo hizo la secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula, a mediados de marzo. Dijo que renunciar al puesto como protesta política era una "opción". Unas afirmaciones que generaron malestar dentro de una parte del partido, que lo tacharon de consideraciones "totalmente personales". Los próximos a Jordi Turull no quieren dejar vacante el segundo cargo con mayor rango político en Catalunya.

La presidencia del Parlament se escoge depositando el nombre del candidato en una urna. En la primera votación se necesita mayoría absoluta, pero si ningún candidato la consigue, los dos nombres con más votos pasan a la segunda vuelta. Si Junts renuncia a presentarse, se podría disputar entre los dos partidos con más diputados, PSC y ERC -que están empatados a 33 escaños-. El PSC no ha descartado optar al cargo.

¿Podría cobrar Borràs del Parlament?

Según la ley vigente, cuando los presidentes del Parlament son cesado pueden cobrar una prestación del 80% de su sueldo –de 150.000 euros– durante cuatro años como mínimo. PSC, los Comuns y Cs han puesto sobre la mesa en las últimas semanas proposiciones de ley para modificar esta norma y dejar a Borràs sin prestación, pero aún no hay fecha para debatirlo ni aprobarlo. Está previsto que lo decida la Junta de Portavoces del próximo 11 de abril. De momento, sin embargo, Borràs podrá cobrarlo.

Además, a la espera de estos cambios. Los expresidentes también tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia del 60% del sueldo una vez se jubilan. En este caso, sin embargo, solo lo pueden recibir si han ejercido un mínimo de dos años como presidentes. Laura Borràs los cumplió el pasado 12 de marzo, pero al haber sido suspendida más de medio año antes, hay dudas jurídicas sobre si podría optar a esta pensión vitalicia. De lo que sí podría beneficiarse es de la prestación por cese a la que tienen derecho todos los diputados, pero la tiene que validar la Mesa del Parlament y no se puede cobrar si se tienen otros ingresos –y actualmente cobra del partido–.

Y en Junts, ¿puede seguir como presidenta?

Borràs tiene en los estatutos de la formación posconvergente una salvaguarda para poder seguir como presidenta aunque sea condenada. En el congreso del pasado, donde salió escogida, logró que se incluyeran que ante un caso de "lawfare" sea la comisión de garantías la que valore si puede o no continuar. Tanto Borràs como sus adeptos consideran que se trata de este supuesto. También el secretario general, Jordi Turull, ha suscrito públicamente que hay una "persecución política". Pero dentro de la formación, y sobre todo fuera de focos, la posición no es para nada unánime. De hecho, algunas voces críticas ya pidieron en julio que dimitiera antes de ser suspendida por el Parlament.

Sea como sea, una vez condenada, la patata caliente la tiene la comisión de garantías, que justamente está presidida por la abogada Magda Oranich, con quien Borràs tubo un encontronazo a raíz de la gestión de la polémica del diputado Francesc de Dalmases por haber intimidado a una periodista del FAQs. Oranich reveló públicamente que había sufrido "presiones inaceptables" de Borràs para intentar influir en las conclusiones de la investigación interna que se abrió por este caso y por la que finalmente Dalmases fue apartado de la vicepresidencia de Junts.

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