Relevo generacional

Las jubilaciones del 'baby boom' también amenazan a la Justicia: siete años y más de 70.000 euros para crear un juez

Un tercio de los 5.320 que actualmente se encuentran en los juzgados se habrá jubilado en diez años

Togas y puñetas de varios jueces del Tribunal Supremo.

Togas y puñetas de varios jueces del Tribunal Supremo. / ARCHIVO, AGUSTÍN CATALÁN

Cristina Gallardo

La generación de los llamados 'baby boomers', la de aquellos españoles que nacieron entre 1957 y 1977, comienza a jubilarse este 2023. Los efectos del retiro de los integrantes de la generación más numerosa de España se dejará notar especialmente en los servicios públicos y la Justicia no iba a ser una excepción. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha hecho los deberes, dando conocer un estudio en el que advierte de que entre 2022 y 2031 se van a jubilar 1.764 jueces, es decir, una tercera parte del total que hoy integran la judicatura.

Ante esta tesitura, la Administración debería plantearse cuál es el coste tanto tiempo como en dinero de cara a cumplir con la necesaria reposición de estos funcionarios, cuya labor es imprescindible para el sostenimiento de la democracia. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la tarea es ardua, ya que los datos oficiales señalan que crear un juez lleva unos siete años, con un coste que supera holgadamente los 70.000 euros entre la parte que deben aportar los aspirantes durante la etapa de oposiciones y lo que pone la Administración para sufragar el periodo en el que los jueces aún están en prácticas o superan la última fase de formación.

Los datos estadísticos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a las promociones de jueces de los últimos 26 años -desde 1996- señalan que la mayoría de los integrantes de la carrera que superaron la formación para acceder a la carrera son mujeres, en un porcentaje del 65,69 por ciento frente a un 34,31 por ciento de varones.

Según estos mismos datos, la edad media de los jueces en prácticas en nuestro país es de 29 años. Se trata de jóvenes juristas que han empleado una media de cuatro años y medio en preparar la oposición, y a partir de ese momento empiezan casi dos años de formación suplementaria en la Escuela Judicial situada en Barcelona y como jueces en prácticas tutelados y puestos de refuerzo o sustituciones, hasta que reciben un despacho (destino propio) de manos del Rey. En la actual promoción, el plan docente de la Escuela comenzó el pasado 10 de enero y se extenderá hasta diciembre, a lo que seguirán unas prácticas tuteladas previstas hasta junio de 2024 y la fase de sustitución y refuerzo hasta noviembre.

Cobrando en la escuela

Durante esta etapa, el coste total por alumno para el Estado asciende a unos 70.000 euros, teniendo en cuenta todos los costes de la Escuela como son los sueldos del personal, profesores, gastos de comedor, transporte, etc. A ello se suma que, desde el primer día que entran en este centro, los jueces en prácticas cobran un salario de 1.739 euros brutos mensuales, según los datos recabados en el órgano de gobierno de los jueces, que es el que los abona. Este sueldo siguen cobrando en prácticas, mientras que durante la última fase de formación, la de sustitución y refuerzo en órganos de toda España, los nuevos jueces cobran el salario completo -con complementos de destino, etc- que ya abona el Ministerio de Justicia.

Según las estadísticas del Poder Judicial, un 64 por ciento de las juezas y jueces que integraron las promociones de los últimos 26 años no había trabajado en nada anteriormente, y pese al mito que señala que la mayoría de ellos proceden de familias en las que sus padres y abuelos ya han ejercido esta profesión, las cifras constatan que esta realidad solo responde al 19 49 por ciento de los casos. Así, un 74,47 de las personas que opositaron y llegaron a ser jueces en nuestro país durante el último cuarto de siglo no tenía ningún familiar que fuera juez.

David Fernández Torregrosa, de la promoción número 70, pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) y es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Figueres, en Girona. El joven juez relata a este diario que en la última promoción el tiempo dedicado por los aspirantes a preparar y aprobar las oposiciones a juez ha sido de cinco años y nueve meses, lo que es superior a la media, y que en el 90 por ciento de los casos los aspirantes precisaron del apoyo de sus padres o familiares para poder subsistir sin trabajar mientras realizaban este esfuerzo.

A la hora de valorar costes durante la etapa de las oposiciones Fernández Torregrosa señala que hay que tener en cuenta varios conceptos comenzando con el coste de los materiales (temario de la oposición, suscripción a textos jurídicos y modificaciones legislativas etc.) que sumarían unos 400 euros y sobre todo el preparador, que en su caso no era de los más caros, unos 190 al mes -un coste que hay que multiplicar por los años que se empleen en la oposición-. Este coste puede ascender hasta los 300 euros en algunos casos, dependiendo de la categoría en la propia carrera judicial del preparador en cuestión.

Lo que es difícilmente cuantificable es el coste que soportan las familias durante los años de estudio. "Conozco gente que ha trabajado y opositado al mismo tiempo, peo es muy minoritario, lo normal es que un opositor dedique seis días a la semana, y un mínimo de ocho horas al día, por lo que durante unos años no puedes dedicarte a trabajar ar ni a media jornadas". En su caso, al coste general tuvo que sumar su estancia en Granada, ciudad a la que acudió a prepararse porque en su ciudad de origen, que era Ceuta, no había preparadores.

Reposición insuficiente

Sobre las dificultades del recambio, el juez apunta la importancia de este asunto "porque ha habido años de mucha pujanza y convocatoria de plazas, pero desde 2008 no ha habido reposición suficiente, las plazas están mermadas de aquí a diez años la situación será preocupante, porque se jubila un tercio de la carrera".

Teresa García Villanueva, que sirve en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Granollers aunque cambiará próximamente de destino, revela una experiencia similar. Está asociada a los denominados "vitorinos" (AJFV), y forma parte el 19,49 por ciento de los miembros de la carrera judicial que según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proceden de una familia en la que alguno de sus miembros ejerce una profesión jurídica que no es la de juez.

"Para llegar a ser juez, desde que un estudiante de Derecho termina la carrera, pasan entre siete y ocho años", apunta García Villanueva, que pertenece a la última gran promoción de la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y considera que si se tienen en cuenta el número de plazas que desde entonces se han ofertado para jueces y fiscales " no se cubre la tasa de reposición ni por asomo".

En su caso, la oposición le supuso una dedicación de unas diez horas de media, "más que una jornada laboral", que afrontó gracias al esfuerzo de sus padres y a unos ahorros que obtuvo trabajando todo un verano de camarera. "Llega además un momento, cuando estas metido en la rueda de la oposición, que todo se vuelve muy germánico, y desgasta psicológicamente", apunta. En algunos casos, los opositores suman a los gastos en textos o preparadores lo que emplean en cuestiones que, aunque a priori no deberían contar como coste de la oposición, sí lo son, tales como gimnasio o terapia psicológica

Becas escasas

En cuanto a las becas, existen las que conceden tanto el Ministerio de Justicia, gobiernos autonómicos como el del País Vasco, asociaciones de jueces e instituciones bancarias, si bien en muchos casos los requisitos para obtener alguna de estas ayudas dejan fuera a muchos aspirantes a juez.

En 2022 Justicia convocó un total de 200, plazas para jueces y fiscales, 120 para los primeros y 80 para los segundos, de las que diez quedarán reservadas a personas con alguna discapacidad. De las becas programadas, el pasado año un total de 194 se concedieron a mujeres, que fueron las que enviaron el grueso de las solicitudes, unas ayudas con una periodicidad anual y un monto total de 6.611 euros que se podrá renovar hasta tres veces. 

Así las cosas, desde las asociaciones judiciales se advierte que el recambio ante la jubilación masiva que se espera durante los próximos años pasa por la elaboración de un plan estratégico que desde el Ministerio de Justicia, por el momento, parece que se está lejos de plantear.