Una asociación de fiscales pide responsabilidades por la investigación abierta a un fiscal tras discrepar de su jefe

La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (Apif) ha remitido una carta a la Fiscalía General del Estado en el que exige que se depuren responsabilidades y, en concreto, se remueva, a los responsables de la investigación penal y luego disciplinaria abierta al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota tras discrepar de su superior, el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, en relación con el cómputo de prescripción de los crímenes de ETA.

El colectivo, minoritario en la carrera, pero con representación en el Consejo Fiscal -órgano asesor del fiscal general del Estado-, entiende que estas investigaciones son en realidad "prácticas intimidatorias" que pretenden restringir la discrepancia con superiores y limitar el derecho a la información de los ciudadanos.

González Mota, que disputó la jefatura fiscal de la Audiencia Nacional a Alonso, quien acabó siendo renovado en el cargo, era el fiscal adscrito a las causas abiertas en los últimos meses contra dirigentes etarras por distintos atentados, entre ellos, el del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. Su criterio consistía en que los 20 años de prescripción previsto antes de la reforma legal que considera imprescriptibles los de terrorismo debía computarse desde el momento en que el presunto responsable había sido detenido, al menos en el momento en que se encontraban las actuaciones.

Tanto su jefe como desde Fiscalía General el criterio entonces era el opuesto, partidario del archivo de las diligencias abiertas a dos de los jefes de ETA por prescripción. González Mota se negó. Las desavenencias entre el fiscal y sus superiores se dieron a conocer al informar 'El Mundo' de correos electrónicos internos en los que se daban a conocer los distintos puntos de vista.

Se responsabilizó a González Mota de ser quien había facilitado los mails y se le abrió una investigación penal por revelación de secretos ante el Tribunal Supremo que acabó archivada por no ser los hechos constitutivos de delito, según informa Apif. A continuación se abrió un expediente disciplinario que corrió la misma suerte al entender el promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix, que la acusación se basaba en "meras conjeturas y sospechas".

Para la asociación, "el sarcasmo del asunto lo encontramos en las palabras" del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el Senado, el pasado 16 de febrero, cuando defendió "lo contrario de lo que se había acordado con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, de manera que, ahora se dice, si la Fiscalía se manifestara 'anticipadamente' sobre el asunto, podría obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad". La Junta de Fiscales prevista este jueves en el Supremo tiene precisamente que pronunciarse sobre la prescripción de los crímenes de ETA.