Choque en la coalición

El PSOE se descuelga de Podemos y apuesta por volver a las penas anteriores al 'solo sí es sí'

Los dos partidos de la coalición no llegan a un acuerdo sobre la norma y los socialistas registran su propuesta en solitario, pero no hay riesgo de ruptura en el Gobierno | El delito básico de agresión sexual pasaría a castigarse de 1 a 5 años si hay violación o intimidación y el agravado se elevaría a entre 6 y 12 años

El PSOE presenta en el Congreso su reforma de la ley de sólo sí es sí.

Agencia ATLAS | EFE

Juan Ruiz Sierra | Miguel Ángel Rodríguez

La fecha límite para llegar a un pacto sobre la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ era hoy. “El lunes tiene que estar todo ya bastante claro”, señalaron el pasado viernes en la dirección del PSOE. Los socialistas habían decidido dejar de margen el fin de semana para acordar con Unidas Podemos la modificación de la norma, que hasta el momento ha provocado la rebaja de penas de casi 400 agresores sexuales, pero el entendimiento ha sido imposible. Al mediodía, el partido de Pedro Sánchez registró en solitario en el Congreso de los Diputados su propia proposición de ley, dando un paso de consecuencias imprevisibles, en pleno año electoral, que puede acabar abocando al PSOE a los brazos del PP para que esta modificación salga adelante. Ambas partes, de momento, subrayan que no habrá ruptura en la coalición, pero la escalada dialéctica llegó a límites desconocidos, con Podemos prometiendo hacer lo que "haga falta" para que la propuesta socialista no prospere y la ministra de Justicia, Pilar Llop, contestando que la labor del Ejecutivo es "construir leyes, no relatos". 

Unos y otros coinciden, con matices, en que hay que subir las penas. El choque está en el cómo. Para el PSOE, la única vía consiste en incluir violencia o intimidación en la graduación, y así aparece en su propuesta de reforma, que recupera las sanciones privativas de libertad anteriores a la entrada en vigor de la norma. El delito básico de agresión sexual, ahora penado con 1 a 4 años de cárcel, pasaría a castigarse de 1 a 5 años si hay violación o intimidación. El agravado, con penetración, que actualmente va de 4 a 12 años, se elevaría a entre 6 y 12 años en las mismas circunstancias. Para Podemos, en cambio, una modificación de este tipo conllevaría la vuelta a los dos tipos que existían antes de esta polémica ley, abuso y agresión, y dejaría fuera del foco el consentimiento, que es la piedra de toque de la ley en su conjunto. 

La cúpula del Ministerio de Igualdad rechaza dimitir y asegura que seguirá intentando un acuerdo con el PSOE

La propia Irene Montero, titular de Igualdad, lo dejó claro en un acto de Podemos este domingo. “El consentimiento no se toca”, dijo. “Están siendo días muy difíciles”, admitió la ministra, que ahora ha quedado claramente desautorizada por el socio mayoritario. Nada más conocer la noticia, fuentes de su departamento tildaron de "inexplicable" la decisión de sus socios de romper las negociaciones y presentar "la misma propuesta que el PP". Poco después, la cúpula de Podemos fue bastante más dura, acusando a los socialistas de querer "volver al Código Penal de La Manada". La sentencia en primera instancia de este caso consideró que la violación múltiple a una chica en las fiestas de San Fermín de 2016 fue solo abuso, no agresión, y motivó un movimiento de repulsa ciudadana, con manifestaciones en las principales ciudades de España, en el que se basó después el Gobierno para la ley del 'solo sí es sí'. Pero fue ese mismo Código Penal, anterior a esta norma, el que provocó también que el Tribunal Supremo corrigiera el fallo original y condenara a 15 años de cárcel a los cinco acusados por agresión.

Visiones distintas

Los morados consideran que el hecho de que la nueva propuesta requiera "violación o intimidación" supone que la víctima pase por una "calvario probatorio". "Muchísimas victimas no son capaces de moverse y si no hay movimiento no puede probarse que existió vinolencia ¿Son menos graves estos casos porque no existió violencia? Nosotros creemos que no", argumentó la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Así, aseguró que seguirán buscando un acuerdo con el PSOE para "evitar el retroceso que se está planteando". "Hoy más que nunca tenemos que estar aquí", sentenció, descartando cualquier posibilidad de dimitir.

La versión del PSOE sobre el alcance de su propuesta es muy distinta. Los socialistas esperan que la iniciativa se debata en el pleno de la semana que viene y que se tramite con urgencia. Evitan poner plazos estrictos para su entrada en vigor, pero la intención es que tenga lugar antes del próximo 8 de marzo. Tras el registro de la iniciativa, su portavoz parlamentario, Patxi López, explicó que la proposición "aumenta las condenas" al "reducir la horquilla", sin tocar el consentimiento. "Sigue siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Siguen siendo todo agresiones. Les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión. Nos movemos por el interés de proteger y acabar con la alarma social que estaba generando la ley", explicó en el Congreso.

Poco después, Llop, en un encuentro para detallar el contenido de la propuesta del PSOE, fue bastante más allá. Podemos e Igualdad, argumentó, habían "desenfocado el problema", interpretándolo como una lucha de poder dentro de la coalición y no como un problema ciudadano que ha generado una enorme "alarma" social. "Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos. La subida de penas es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer", dijo.

Los socialistas consideran que los morados, al elevar el tono y no sellar un acuerdo, buscan provocar un adelanto electoral que "no se va a producir"

En el PSOE, mientras tanto, reflexionan sobre los motivos de Podemos para elevar tanto el tono. En la Moncloa, la dirección del partido y el grupo parlamentario se cruzan distintas hipótesis. Una: los morados quizá pretendan una ruptura, pero no lo han medido bien. Si quieren fracturar, tendrán que dar ellos el paso, porque Sánchez no los va a echar del Gobierno. Dos: todo este ruido es a lo mejor una forma de justificar los malos resultados en las municipales con anterioridad a que ocurran, algo que anticipan la mayoría de las encuestas. Y tres, la que consideran más probable: puede que lo que busquen, en realidad, sea un adelanto electoral, para perjudicar a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y candidata de Sumar, con quien llevan meses enfrentados. Cualquiera de las opciones, concluyen las distintas fuentes consultadas, está abocada al fracaso.

No habrá ruptura

La coalición del PSOE y Unidas Podemos, la primera en el Gobierno central desde la II República, ha vivido numerosos choques en estos tres años de legislatura: la ‘ley trans’, la de vivienda (aún no aprobada), la marcha de Juan Carlos I a Emiratos Árabes, la guerra de Ucrania o la ampliación de la OTAN a Suecia y Finlandia, entre otros. Todas estas crisis se han acabado resolviendo mejor o peor, o al menos tapando. Esta vez, ambas partes inciden en que la ruptura no está encima de la mesa, pero la colisión llega en uno de los peores momentos posibles. Y puede que el jueves haya un nuevo combate, a cuenta de la ley de bienestar animal, con los dos socios enfrentados por la regulación de los perros de caza.

A cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas, y con las generales esperando a finales de año, el goteo de rebajas de penas de la ley del ‘solo sí es sí’ trastoca los planes de Sánchez. Supone una vía de agua en una de las banderas de la izquierda, el feminismo, y eclipsa, en este año repleto de citas con las urnas, el discurso del presidente, que quería centrarlo todo en los buenos datos económicos, con la inflación y los precios de la energía muy por debajo de la media europea. En la dirección del PSOE reconocen que esta ley, de la que el Ministerio de Justicia (dirigido por los socialistas) es coproponente, les perjudica mucho más que otras controvertidas reformas, como la de la malversación. 

La cuestión ahora es qué va a pasar en los próximos días. El PSOE empezará a negociar ahora con sus socios de la investidura, de Más País a Bildu, pasando por el PNV y ERC, que están a favor de cambiar la ley pero aún no han tomado ninguna decisión sobre la propuesta registrada este lunes. Unidas Podemos podría llegar también a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria, según dijo el viernes Montero, que ahora queda en una posición política muy difícil: su principal ley ha sido corregida por el socio mayoritario en el Gobierno, y ella misma ha quedado desautorizada, pero ha dejado claro que no abandonará su puesto. Si los morados deciden votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa, los votos del PP serían imprescindibles para que salga adelante. En el partido de Alberto Núñez Feijóo se frotan las manos ante esta hipótesis. 

El papel del PP

Patxi López dejó claro que no buscarán el apoyo de los conservadores. Ni siquiera se sentarán a conversar con ellos. "No hemos negociado absolutamente nada con nadie que no sean nuestros socios, y mucho menos con la derecha -ha concluido-. Lamentamos que no haya sido posible el pacto. Pero ahora se abre un periodo de enmiendas, en el que intentaremos que haya acuerdo. Que el PP no pretenda darnos lecciones de ningún tipo. El PP no quiere esta ley. No ha querido ninguna ley que supona un avance en igualdad en esta ley. Que no nos vengan con cuentos". 

Desde las filas populares, informa Pilar Santos, su portavoz, Borja Sémper, lamentó que el PSOE no diera un paso para "enmendar la soberbia" y siga "despreciando" el respaldo de los diputados conservadores al cambio legal. Sémper no quiso aclarar si votarán a favor de modificar la ley con el argumento de que no se habían podido leer todavía al detalle el texto presentado por los socialistas dos horas antes en el Congreso. 

El PP ha convertido la ley del 'solo sí es sí' en su eje principal de oposición al Gobierno. En el partido consideran que la rebaja de las penas a los delincuentes sexuales es "primero, aberrante, y, después, se entiende mucho mejor que si sube la inflación o se reforma el delito de malversación". "Todo el mundo se revuelve ante la disminución de condenas a violadores", señala un asesor del PP.