El Supremo remite a la Audiencia de Barcelona la desobediencia de Anna Gabriel por el procés

El Tribunal Supremo ha confirmado el auto de conclusión del sumario dictado por el juez Pablo Llarena respecto la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, y siguiendo el criterio que él mismo impuso para la Mesa del Parlament bajo la presidencia de Carme Forcadell, ha remitido a la Audiencia Provincial de Barcelona el procedimiento para que sea allí donde se la juzgue por el delito desobediencia del que está acusada por su participación en el procés.

Gabriel decidió seguir los pasos de Meritxell Serret y, representada por el histórico abogado de la izquierda abertzale Iñigo Iruin, compareció voluntariamente en el Tribunal Supremo. En su caso desde el primer momento estuvo solo acusada de desobediencia, lo que alejaba de su horizonte cualquier riesgo de ingresar en prisión preventiva. Además, se le atribuye haber presentado en el Parlament una de las leyes de desconexión que habrían ayudado a la independencia de Catalunya, como a la que era compañera de formación Mireia Boya, que acabó siendo absuelta por el Tribunal Superior de Justicia catalán.

La Fiscalía recurre la decisión de Llarena de no acusar por desórdenes públicos a Puigdemont

Absuelta Boya

Además, se le atribuye haber presentado en el Parlament una de las leyes de desconexión que habrían ayudado a la independencia de Catalunya, como a la que era compañera de formación Mireia Boya, que acabó siendo absuelta por el Tribunal Superior de Justicia catalán. De hecho, la Abogacía del Estado no solicitó que se abriera juicio oral contra ella por este precedente, con el argumento de que la absolución de Boya no fue recurrida por ninguna de las partes, por lo que ya es firme, mientras que el juicio contra los miembros de la Mesa del Parlament tendrá que repetirse por orden el propio Supremo.

Tras comparecer en el Supremo, el juez Llarena tomó declaración indagatoria a Gabriel, que negó ante el magistrado haber cometido desobediencia alguna, puesto que ella, dijo, no había sido destinataria de requerimiento del Tribunal Constitucional que le advirtiera de las consecuencias de impidiera iniciar la tramitación de la ley por la que permanece encausada.

Como Gabriel no cuenta con cargo público alguno y, por tanto, no tiene fuero, las actuaciones en su contra se remitieron a la Audiencia de Barcelona, mientras que las de Serret fueron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por su condición de diputada y consellera de Acción Exterior y Unión Europea.