Seis meses después de que el Gobierno y la Generalitat retomaran las relaciones, congeladas a raíz del Catalangate, y de que ERC enfilara como objetivo rebajar la presión de la "represión y la judicialización", el Ejecutivo y los republicanos sellaron este jueves lo que se erigirá como el mayor fruto (público) de la mesa de diálogo: la derogación del delito de sedición.

El Congreso, tras un debate bronco (uno más, esta vez en ausencia del presidente del Gobierno), votó en favor de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Código Penal que presentaron las dos fuerzas que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. ERC, PNV, EH Bildu y el PDECat, entre otros, votaron a favor. Junts y la CUP fueron los únicos que se abstuvieron, La votación, que fue nominal y por llamamiento, por deseo del PP, por aquello de que los diputados del PSOE tuvieran que ‘retratarse’, arrojó, a poco de la una de la madrugada, un 187 a 155 ya conocido en esta legislatura.

No es casual que la admisión a trámite se haya producido unas horas después de que la misma Cámara baja aprobara los Presupuestos Generales del Estado para 2023, con el apoyo de Esquerra. Ni lo es que en el debate presupuestario, Pedro Sánchez, tras una semana de mensajes confusos emitidos tanto por socialistas como republicanos, reiterara su disponibilidad a ampliar esa reforma del Código Penal para retocar el delito de malversación. Estas son las negociaciones de Schrödinger: son independientes, pero, a la vez, indivisibles.

De hecho, para la reforma que pudiera afectar a la malversación, Sánchez empleó el mismo argumentario que hace 15 días, a cuenta de la sedición. Así, ligó esta hipotética reforma de la malversación a un esfuerzo por “homologar” las penas de los delitos en España a las de las “principales democracias europeas”. Con todo, y sobre el final que puede tener este debate sobre la malversación, apuntó un enigmático “vamos a esperar a la tramitación parlamentaria”.

"Al dictado de Junqueras"

La simultaneidad en el debate en el Congreso de los presupuestos y la reforma del Código Penal fue una de las armas que utilizó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en su diatriba contra el Gobierno. "Nos presentan esta medida como si fuera una disposición adicional a las cuentas del Estado. La sedición es solo un problema para quien incumple la ley, que no son otros que los socios de Sánchez", espetó Gamarra para quien la derogación del delito "se ha hecho al dictado de Oriol Junqueras y a medida de los golpistas".

El PP tilda de "insaciable" al independentismo y le atribuye el ánimo de "humillar al Gobierno"

Para la popular, tras asegurar que la tramitación elegida para esta reforma del Código Penal es un "ardid", añadió que el PSOE "hace tiempo que enterró a Montesquieu [por aquello de la división de poderes] y desenterró a Maquiavelo". "El independentismo es insaciable, se lo han dicho Junqueras y Arnaldo Otegi, y buscan su humillación", señaló la portavoz popular para quien "la ciudadanía española da la espalda a esta derogación" porque, a su entender, la aplicación del "artículo 155 no basta, se precisa el castigo" penal. Gamarra cerró sus intervenciones con una medio amenaza dirigida a al bancada azul: "España no se va olvidar".

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtió de que la derogación de la sedición “no es una concesión a ERC, sino a la democracia. A su democracia, para que dejen de hacer el ridículo en Europa”. “No podemos cambiar el poder judicial español. Es un problema estructural de este país. Solo aspiramos”, con esta reforma del Código Penal, “a ponérselo un poco más difícil al juez facha de turno", sentenció.

Reforma del delito de sedición.

"No podemos cambiar el poder judicial español. Solo aspiramos a ponérselo un poco más difícil al juez facha de turno”

Jaume Asens, de Unidas Podemos, dirigió sus baterías hacia Junts. Les tildó de "mentirosos" por afirmar que la nueva tipificación de desórdenes públicos es un ataque al derecho de manifestación y a "las concentraciones pacíficas". Y echó mano del argumento de la equidistancia entre extremos: "Ni es una traición a España, como dice el PP, ni es una traición a Catalunya, como asevera Junts. Es política".

Por parte de Junts, Josep Pagés, martilleó en que el independentismo no cometió ningún delito en el otoño de 2017. "Es esta una supresión parcial que tiene como contrapartida una criminalización brutal. No seremos los tontos útiles que avalen esta nueva sedición", aseveró. La CUP explicó su abstención a la reforma por el presunto peligro que comporta para las protestas civiles de cualquier tipo, tanto secesionistas como de carácter social, por la crisis.