Con la digestión prácticamente hecha de la reforma del delito de sedición, el Gobierno ha comenzado a apuntar ahora a la modificación de la malversación. Un cambio que ERC exige para completar su reclamación de desjudicialización del conflicto y que el Ejecutivo no descarta. Los republicanos lo van a plantear como enmienda a la proposición de ley que Unidas Podemos y el PSOE han presentado en el Congreso para sustituir la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados. Pero, según aseguran fuentes conocedoras, la idea es que se limite a atenuar la malversación sólo en los casos vinculados a la antigua sedición. Una formulación que facilita al Gobierno asumirlo, ya que se circunscribiría a los procesados o condenados por el desafío independentista del 1-O.

El propio presidente del ERC, Oriol Junqueras, pareció apuntar a esta opción en la entrevista que el domingo publicó El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica. Junqueras ve factible corregir el alcance de la malversación en lo referente al conflicto catalán. "Creemos que es posible porque lo que se nos imputa no es una malversación, sino el haber pensado en una posible destinación de fondos públicos para organizar un referéndum", mantuvo. "Lo que se debe de evitar es que alguien sea condenado por ‘pensar’ en una malversación, de ninguna manera amparar cualquier tipo de corrupción", explicó.

El matiz es muy relevante porque una reforma de la malversación sin restricciones, para atenuar la pena de quienes no hayan obtenido un enriquecimiento personal, obligaría a revisar centenares de sentencias, entre ellas la de los ERE de Andalucía, Gürtel o el caso Nóos. Limitar la reforma de la malversación sólo a la sedición permitiría a ERC reducir las penas de inhabilitación que pesan sobre Oriol Junqueras, adelantar así su rehabilitación política y que pueda volverse a presentar de nuevo a unas elecciones. Y, además, librar de la cárcel a los altos cargos de la Generalitat procesados por el 1-O, que desviaron dinero para los actos destinados a la celebración del 1-O, con causas abiertas en los juzgados 1 y 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Fuentes conocedoras aseguran que esta es la intención de ERC, acotar la modificación del delito de malversación, aunque por el momento no ha trascendido la redacción de su enmienda. Tampoco cómo reaccionará el Gobierno (en puridad el grupo socialista), si la aceptará sin más o planteará una transaccional. Pero que el Ejecutivo se muestra receptivo no hay dudas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la delantera y, en una entrevista el domingo en La Vanguardia, no se cerró a este cambio. "Los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren. Esperemos a esa tramitación", dijo, sobre la propuesta de ERC de tocar también la malversación. Unas declaraciones que, según fuentes cercanas al Gobierno, Sánchez nunca habría hecho sin antes abordar este tema con el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No hay nada avanzado"

Aunque la sensación es que existe terreno abonado, la postura oficial del Ejecutivo es que actuarán como hacen ante cualquier enmienda. "Lo que se hará será estudiarla en profundidad", aseguró este lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En definitiva, que el Gobierno se lo toma en serio. Pero, a diferencia de lo que sucedió con la iniciativa de la sedición, sobre la malversación aún no hay acuerdo. Fuentes gubernamentales sostienen que "no hay nada avanzado". Y desde el PSOE se insiste también en que "no se ha negociado nada con ERC".

Lo que sucede es que esto es lo que también se mantenía sobre la reforma de la sedición y se anunció que se registraba una proposición de ley de la noche a la mañana. A la espera de que los republicanos concreten su propuesta, la idea de una modificación de la malversación que no tenga consecuencias generales y que afecte sólo a los procesos derivados del 1-O tiene sentido como parte del discurso que ha echado a andar el Ejecutivo.

Sánchez vende este cambio como un paso más para superar el enfrentamiento entre catalanes y la defensa social de la independencia. "Es incontestable que hoy se cumple la Constitución en Cataluña y que el 52% están ahora a favor de seguir en España", sostiene. La desjudicialización del conflicto es un acuerdo que el Gobierno y la Generalitat alcanzaron en la reunión mantenida en Madrid el pasado 27 de julio, en el marco de la llamada Mesa de Diálogo.