"Hemos llegado a un acuerdo para eliminar, borrar, suprimir el principal delito que suponía una amenaza para aquellos que defienden la libertad de este país" exclamó Pere Aragonès al inicio de su comparecencia este viernes en la galería gótica del Palau de la Generalitat. La satisfacción era evidente y Aragonès señaló que los réditos a obtener no se detenían aquí: "Queda camino por recorrer y lo vamos a seguir para ampliar el acuerdo".

Se atrevió incluso a desafiar a la judicatura española: "El Tribunal Supremo sancionó que lo sucedido en otoño del 2017 no eran desórdenes públicos, sino sedición, ahora no hay sedición", aseveró en clara insinuación de que, el cumplimiento estricto de la letra del acuerdo, conduce, según él, a la exoneración de las penas a los ya condenados.

Otra cosa es el principio de realidad y el saber que eso no pasará. Así que, también en este contexto, Aragonès tenía una argumentación: "Se sustituye el delito de sedición por uno de desórdenes agravados, pero la pena máxima de seis años que aún hoy reza en en el Código Penal sobre los desórdenes se reduce a cinco".

¿Y cuáles son los nuevos ítems que ERC quiere negociar en la tramitación de la modificación del Código Penal? Pues, sin duda, el delito de malversación, sobre el que existe un compromiso previo de que también será modificado.