Apenas seis días de que el fiscal Anticorrupción José Grinda presentara su escrito de acusación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral a las formaciones políticas el PDECat y CDC y los extesoreros de esta última Germà Gordó, Daniel Osàcar y Andreu Viloca en el caso 3%, la estructura puesta en marcha para presuntamente financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra y servicios públicos en las administraciones en las que gobernaba.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral contra un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y de 16 personas jurídicas (las empresas implicadas en la trama y los dos partidos).

El juez solo ha decretado el archivo provisional parcial de las actuaciones para uno de los investigados, el empresario Juan Antonio Carpintero, conforme solicitaba el fiscal en su escrito de acusación, en el que afirmaba que las prácticas presuntamente delictivas que atribuía a su empresa correspondía en realidad a Emilio Carpintero y Josep Maria Pujals.

Acusaciones varias

El magistrado declara a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano competente para el enjuiciamiento de estos hechos y da un plazo de tres meses a las representaciones de los encausados para presentar sus escritos de defensa.

Como es habitual, el auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés, que ejercen la acusación popular. El ministerio público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

El fiscal, que pide multas de 3 millones de euros para CDC y el partido que le sucedió por el delito de blanqueo, solicita las mayores penas para Viloca y Gordó. Para el primero solicita hasta 22 años de cárcel en el caso de impago de las multas que también propone para él y que ascienden a 254 millones de euros, mientras que para el segundo pide 18 años y 10 meses de prisión.

Osàcar, que ya fue condenado por el caso Palau, solo se enfrenta a una petición de un año de cárcel, al apreciar el ministerio público su intención de colaborar en este procedimiento para esclarecer los hechos.

Según Anticorrupción, "altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta. Se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, y por otro lado, de transformación de ese dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito". Para ello utilizaban donaciones a las fundaciones del partido que realizaban las empresas que querían ser adjudicatarias de contratos concretos o que deseaban optar a ellos.