La antigua propietaria de un bar de sa Llonja que acumuló numerosas sanciones de la Policía Local de Palma reconoció este viernes en el juicio del caso Cursach que su local no tuvo ninguna licencia durante 26 años. La testigo, que regentó durante décadas el local Bruixeries, sostuvo que la Patrulla Verde actuaba por la influencia de Cursach, al que acusó de haber "arruinado a muchos bares". Aunque aseguró al principio que no sabía por qué los agentes actuaban tanto en su negocio, que "siempre" había cumplido con la normativa y podía abrir hasta altas horas de la madrugada, acabó admitiendo que el suyo estuvo abierto de forma "clandestina" entre 1983 y 2009 y que nunca llegó a tener licencia para poner música.

Los abogados defensores de los policías acusados mostraron una batería de documentos a la testigo, como vienen haciendo con los dueños de los negocios supuestamente hostigados, para poner de manifiesto que las intervenciones de los agentes estaban justificadas por la falta de permisos y las denuncias vecinales. La mujer acabó admitiendo que nunca se preocupó por saber qué tipo de permiso tenía exactamente su negocio.

La testigo salió del juicio con una multa bajo el brazo. Cuando se marchaba de la sala tras declarar lanzó un gesto despectivo a Cursach, haciendo los cuernos con la mano mientras le miraba. El tribunal la hizo entrar de nuevo para reprenderla. "Es una persona que me ha hecho mucho daño y no lo puedo ni ver", alegó la mujer. "Que les den por el culo a todos", dijo cuando volvió a salir de la sala. La magistrada Samantha Romero, que fue informada de este nuevo incidente minutos después, anunció que le imponía una sanción de 500 euros por esa "falta de respeto al tribunal y a las partes". Y anunció que si se repiten episodios similares durante la vista oral incrementará la cuantía de esta multas.

Otro testigo que regentó un establecimiento en la zona de Santa Catalina dijo haber recibido "muchas inspecciones" de la Patrulla Verde y admitió también que "es posible" que incumpliera la legislación. "La interpretación de la normativa es un poco confusa", consideró.

Subirán y los testigos

Los abogados defensores están centrando también parte de su estrategia en demostrar la supuesta influencia del ex fiscal Miguel Ángel Subirán en los testigos del caso. El tribunal ha aceptado ya como prueba tres conversaciones telefónicas entre estos testimonios y Subirán, que les llamó entre 2020 y 2021 para preguntarles si declararon coaccionados y aportó las charlas en la causa abierta contra él en el TSJB. Los tres testigos aludidos han negado en el juicio estas llamadas y las defensas les acusan de haber mentido. La sala considera que debe tener en cuenta estas conversaciones para «valorar la credibilidad» de los testigos, según anunció la presidenta, Samantha Romero.

En otro frente, los abogados defensores cuestionan las identificaciones que en su día hicieron los testigos de los policías acusados. El letrado Gaspar Oliver, que representa a dos de los procesados, evidenció que en las imágenes que se mostraron en instrucción sus clientes eran los únicos miembros de la Patrulla Verde que figuraban.

Además, el tribunal considera que algunas de estas identificaciones se han convertido en una "prueba diabólica", ya que en el juicio los testigos no han reconocido a los acusados pero tampoco han desmentido sus reconocimientos en instrucción.

Primer testigo protegido

En la sesión del viernes declaró por un primera vez una persona con la condición de testigo protegido. Lo hizo desde otra sala y con la voz distorsionada para no ser reconocido, pese a las protestas de las defensas.

El hombre se desdijo de su declaración en la fase de instrucción en 2016, en la que según consta en la causa aseguró haber trabajado para Cursach e hizo un extenso relato de diversas prácticas ilegales de policías y tratos de favor al empresario. "Nunca he trabajado en locales de Cursach. Se comentaba que la Policía le avisaba de las inspecciones, pero no lo puedo acreditar", dijo en cambio en el juicio.