Tras el ingreso en prisión este martes del exjuez Salvador Alba, se pone fin al 'caso Alba', que ha llenado páginas de periódico y minutos de informativos en radio y televisión desde finales del año 2015. En ese momento, y después de presentar su candidatura como cabeza de lista por Las Palmas de la recién creada Podemos en las elecciones al Congreso de los Diputados, la Fiscalía abrió una investigación para dilucidar si Victoria Rosell había podido beneficiar desde su puesto al empresario Miguel Ángel Ramírez, procesado por delitos contra la Hacienda Pública y que tuvo un vínculo comercial con la pareja de la jueza. Casi siete años después, es otro exmagistrado, Salvador Alba, el que ha terminado en la cárcel por haber conspirado en contra de su colega para perjudicarla.
El 3 de diciembre de 2015, se hace público que la Fiscalía investiga a Rosell por una posible infracción profesional como jueza por intereses personales. Su pareja, el periodista Carlos Sosa, había vendido recientemente la explotación de una emisora de radio a la Unión Deportiva Las Palmas, presidida por Miguel Ángel Ramírez, empresario que se encontraba procesado por delitos contra la Hacienda Pública, en una instrucción que seguía la propia Rosell. Entendía que había tratado de retrasar todo el procedimiento. Un informante anónimo, más adelante el propio Salvador Alba desvelaría que fue él, dejó en el Ministerio público un sobre con el contrato entre Sosa y Ramírez. Y ahí comenzó todo el procedimiento.
Ese mismo día, Rosell presentaba su candidatura encabezando la lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, enfrentándose, entre otros, al líder del Partido Popular canario en aquel entonces, José Manuel Soria. Al conocerse la investigación de la Fiscalía, la jueza -que había pedido una excelencia profesional para tratar de llegar a la Cámara Baja- declaró a los medios de comunicación que el político conservador se encontraba detrás de la maniobra. Por estas palabras, Soria decide querellarse contra ella por injurias.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano que gobierna y administra el poder judicial en España- dictamina que no existen motivos para reprochar a la jueza infracción disciplinaria, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió anular la investigación iniciada por la Fiscalía al entender que no era competente para llevar un expediente disciplinario contra una jueza, así como vulnerar los derechos constitucionales de Victoria Rosell, que ya se encontraba en campaña electoral.
Al solicitar la excedencia, Rosell deja libre su puesto como jueza del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, vacante que pide cubrir Salvador Alba, quien pasa a dirigir la instrucción del caso contra el empresario canario. Alba le impone una fianza de 35 millones de euros que para Ramírez es excesiva, motivo por el cual solicita declarar ante el nuevo magistrado. En ese testimonio, reconoce que tiene negocios con la pareja de la jueza, lo que lleva a José Manuel Soria a ampliar la querella que tenía interpuesta contra Rosell. Es entonces cuando las injurias se convierten en una acusación de prevaricación judicial.
En ese momento sí se produce la imputación de Victoria Rosell. El juez Alba envía al Tribunal Supremo un informe en el que detalla cómo se desenvolvió la ya diputada de Podemos mientras investigaba el procedimiento contra el empresario. El presidente de la Sala Segunda -la Penal-, Manuel Marchena, hace prosperar la querella de Soria y abre una causa penal contra la parlamentaria morada. Ante la imposibilidad de formar gobierno tras aquel proceso electoral, los comicios se repiten, pero la jueza renuncia a volver a presentarse tras la apertura de la causa judicial en su contra.
Giro de 180 grados
El juez Salvador Alba vuelve a su plaza en la Audiencia Provincial de Las Palmas, abandonando el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria. Es entonces cuando Ramírez comparece ante la nueva jueza y le comunica cómo su compañero le había impuesto una fianza que había causado serios problemas en su entramado empresarial y termina confesando que le chantajeó: si le ayudaba a atacar a Rosell, pondría fin a su causa por fraude fiscal.
Como prueba de estas acusaciones, el empresario entregó una grabación que había hecho de una conversación informal con el juez en su propio despacho. Ese día accedió a los juzgados por el garaje, evitando cualquier tipo de registro y que ninguna persona le viera transitando por los pasillos. En ella, se escucha a Alba refiriéndose a su colega en tono despectivo y se consuma el chantaje.
Victoria Rosell ya había abandonado el Congreso en ese entonces, por lo que el procedimiento pasa del Supremo al TSJC que, en base a la grabación aportada por el empresario canario, archiva la causa contra Rosell. Por otro lado, es el de Alba el nombre que empieza a aparecer en los despachos judiciales. Se abren diligencias en su contra y se le acusa por delitos graves de prevaricación judicial, cohecho y falsificación de documento público.
La investigación del que ya pasaría a llamarse como 'Caso Alba' continúa su desarrollo y termina con el juez sentado en el banquillo de los acusados, ante la Sala de lo Penal del TSJC. Esa imagen se produce el 1 de julio de 2019, cuando se inicia el juicio en su contra.
Seis años y medio de cárcel
Tras las intensas sesiones del juicio, en el que prestaron testimonio desde Victoria Rosell a numerosos periodistas y funcionarios de la justicia, el tribunal declara el juicio visto para sentencia y, unos días después, se conoce un fallo histórico que condenaba a un juez a una de las mayores penas impuestas a alguien de su condición en España: seis años y medio de cárcel y 18 más de inhabilitación.
La sentencia de la Sala afirma que Salvador Alba manipuló una instrucción para perjudicar a su colega y que además, ofreció al procesado en la causa acabar con sus problemas con la justicia siempre que le ayudara en su intención de acabar con la carrera de Rosell. Pero también asegura que envió al Supremo informes a sabiendas de que eran falsos con la única finalidad de que imputaran a la que era diputada de Podemos en ese entonces.
La defensa de Alba decidió recurrir en casación la sentencia del TSJC, por lo que el Supremo sería el que dilucidaría en última instancia sobre el caso. En noviembre de 2021, dos años después del primer fallo, la Sala Segunda ratifica la condena al juez, que pierde su condición como tal en una resolución del CGPJ fechada el 3 de marzo de 2022.
Desde que se conoció esta ratificación de la condena, la estrategia legal de Alba se basó en tratar de alargar al máximo posible el ingreso de su cliente en prisión. Para ello presentó varias recusaciones contra diferentes magistrados, incluido el presidente del TSJC Juan Luis Lorenzo Bragado, así como diversos informes médicos que vendrían a señalar su imposibilidad para volar hasta Península -donde se encuentran todas las cárceles en las que puede quedar interno al disponer de módulos especiales de seguridad para autoridades que persiguen delitos-. Todas ellas fueron inadmitidas, mientras que los informes forenses encargados por el Tribunal para dilucidar si esos problemas de salud eran tan graves como para impedirle embarcar en un avión dictaron que no había impedimentos para que entrara en un centro penitenciario.
Después de 11 meses desde ese fallo del Supremo, Salvador Alba ha cruzado las puertas de Salto del Negro para iniciar su condena.
