La unanimidad parece una quimera en estos tiempos políticos, pero este jueves se ha obrado este raro milagro en el Congreso de los Diputados. La razón, proteger a las víctimas de trata de seres humanos que proceden de conflictos armados o de catástrofes humanitarias: todos los grupos han apoyado reformar el Código Penal para endurecer el castigo a los tratantes que se aprovechen de la vulnerabilidad de estas personas.

La crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania llevó al PSOE a proponer una modificación temporal del Código Penal con el objetivo de evitar que las mafias captaran a refugiadas mujeres, y también a niños y niñas procedentes de este conflicto europeo. La negociación parlamentaria de los distintos partidos se ha traducido en una reforma del Código Penal para proteger sin límite temporal a las víctimas de trata de todos los conflictos armados, no sólo el provocado por Rusia, así como a aquellas que procedan de catástrofes humanitarias.

El gran acuerdo, formalizado en la Comisión de Justicia, da forma a una ley brevísima que introduce una frase en el Código Penal: se trata de una nueva agravante en el artículo 177 bis para incrementar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos "cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el desplazamiento derivado de un conflicto armado o una catástrofe humanitaria".

Se podrá castigar este delito con una pena de cárcel de hasta 12 años cuando se ponga en peligro la vida, la integridad física o psíquica de la víctima o cuando sea especialmente vulnerable, circunstancia que se da tanto en los conflictos armados como en las catástrofes humanitarias.

"Resulta evidente que los conflictos armados actúan actúan como potenciadores de situaciones de vulnerabilidad, las acentúan de manera exponencial. (...) Las mafias ven una oportunidad, actúan de manera predadora, así lo hemos visto en la guerra de Putin, de la que las mujeres, niñas y niños que huían del horror corrían otro peligro ya fuera de sus fronteras, el de ser captadas para ser prostituidas", ha destacado la diputada socialista Lidia Guinart. El PSOE está convencido de que la reforma legal tendrá un efecto disuasorio y permitirá perseguir con mayor agilidad este delito.

La exigencia de extender el castigo a todos los conflictos armados y sin vincularlo a un espacio temporal de 18 meses fue mayoritario y así se ha consensuado en el texto legal. La reforma permanecerá en el Código Penal y no distinguirá a las víctimas en función de su origen.

El PP consideraba que limitar temporal y geográficamente la agravante hubiera creado "gran inseguridad jurídica" y excluido a víctimas de otras guerras: "El comercio con seres humanos siempre debe ser denunciado y combatido. Para los traficantes de seres humanos la guerra no es una tragedia, sino una oportunidad para engordar las cifras de su macabro negocio", ha señalado la diputada popular María Teresa Angulo.

La confusión que genera un éxodo masivo y desordenado crea el entorno propicio para que esos depredadores contacten con esas personas, a veces haciéndose pasar por cooperantes que se ofrecen a alejar a las víctimas de la guerra, ha continuado.

Unidas Podemos y Cs también ha insistido en que la guerra de Ucrania, por su cercanía, ha hecho ver la especial vulnerabilidad que tienen mujeres, niños y niñas en los conflictos armados, pero la trata de personas procedentes de estos conflictos "puede pasar en cualquier país".

El PP vuelve a demandar una ley contra la trata

Durante el debate en la Comisión de Justicia (ahora el texto consensuado debe ser aprobado en el Pleno), el PP ha insistido en la necesidad de contar con una ley integral contra la trata.

Angulo ha pedido una "adecuada y contundente" ley integral y ha denunciado que el Gobierno está retrasando su elaboración de forma injustificada, no sabe "si por dejadez y abandono o por división y debilidad", a pesar de que es un mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Seguiremos insistiendo al Gobierno de que nos dejemos de parches para tapar este incumplimiento y que las luchas internas y las divisiones dejen de ser la causa que está impidiendo aprobar una ley integral completa", ha advertido.

Desde el PSOE, Lidia Guinart ha asegurado que el Ejecutivo mandará esa ley al Parlamento "próximamente".

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010. Todos los recursos contra la violencia de género.