Aunque lo que llega a la población por los titulares periodísticos es que todo el problema que se vive en la Justicia española obedece a una riña entre los dos grandes partidos destinados a acordar en las cámaras (cada una, Congreso y Senado, elige a 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría parlamentaria de 3/5) la verdad resulta aterradora: todo el edificio judicial y constitucional se ha caído.
El bipartidismo de 3/5 diseñado por la Constitución para gobernar las principales instituciones está cojo porque uno de esos partidos, el Partido Popular, lo ha abandonado. Lo hizo tras fracasar en noviembre de 2018 cuando tenía al alcance de la mano la presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ acordada con el PSOE para colocar al candidato propuesto por Rafael Catalá, exministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy, y responsable de justicia del PP. Se trataba del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena. Entonces Pablo Casado no vio ningún obstáculo en el sistema de elección vigente. Y en realidad, tampoco es un impedimento ahora.
El CGPJ, que asumió el 4 de diciembre de 2013 por cinco años, entrará el 4 de diciembre próximo en el décimo año de su ejercicio. Es decir: prácticamente se orienta a cumplir -se dice pronto- dos mandatos.
Esta crisis es tan grave que no puede resolverse sacando un conejo de la chistera. El presidente del Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, puede dimitir y ser sustituido durante su mandato. Y ocurrió en 2012 con Carlos Dívar. Entonces, el vicepresidente del CGPJ asumió la presidencia y el presidente de sala más antiguo del Supremo se hizo cargo de la presidencia del Tribunal.
Pero cuando el mandato del presidente está caducado hace tres años y nueve meses, como es el caso de Lesmes, ya no es lo mismo. Antes, hasta 2013, había un vicepresidente del CGPJ. Pero desde entonces Lesmes se inventó una vicepresidencia del Supremo y CGPJ. Y el vicepresidente, Ángel Juanes, se jubiló en 2019. Como el CGPJ había caducado hacia casi un año, los vocales en funciones decidieron no nombrar un sustituto porque esperaban ser renovados y entendieron que esa tarea correspondía al nuevo Consejo.
El PP de Casado trató al CGPJ, con el apoyo de los vocales conservadores, como su juguete particular. Y este CGPJ prorrogado se estaba convirtiendo con el paso de los años en una anomalía enquistada.
El plan preventivo de “autosucesión” del presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que amenaza con renunciar- implica un “autogolpe” estratégico, el de colocar a un magistrado del Supremo en la cúpula del poder judicial desde arriba y por una puerta falsa, o como mínimo, no previsto por el sistema constitucional.
La teatralización de Lesmes y la solución que ha encontrado para lo que todavía es su “no-dimisión”, ¿era inevitable? El presidente podía esperar a que el CGPJ hiciera en próximas fechas los nombramientos de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde hacer a este CGPJ, pero ha creado un nuevo problema, antes de elegirlos y antes de renovar al CGPJ.
Con el conejo que ha extraído de su chistera coloca a los magistrados del Supremo en la cabeza del CGPJ. Ahora, si Lesmes lo consigue, el presidente de sala más antiguo, Francisco Marín Castán, será el presidente; pero este magistrado, que es aspirante al TC, se jubila el año próximo si no pide la prórroga de dos años.
Y si no se renueva el CGPJ hasta las próximas elecciones, y si Marín Castán lo deja, ¿quién sería su sustituto? El presidente de sala más antiguo. ¿Y quién es? Manuel Marchena. Fue nombrado en noviembre de 2014.
Lesmes ha desplegado la pista para el billar francés, o carambola. Las tres bolas: Lesmes, Marín Castán, y Marchena.
Marchena lleva desde 2013, cuando todavía no era presidente de la Sala Segunda, con su proyecto de convertirse en presidente del Supremo y CGPJ. Fue uno de los candidatos propuestos por el PP al PSOE. Y perdió el puesto porque Alfredo Pérez Rubalcaba aceptó al candidato rival: Lesmes.
En 2018, el exministro y responsable de justicia del PP durante la presidencia de Casado, propuso el nombre de Marchena -previo consentimiento del interesado- y logró en principio el apoyo del PSOE y del Gobierno. Pero la operación por la cual Marchena abandonaba la presidencia del tribunal del 'procés' se frustró tras una operación que filtró su nombre anticipadamente y el famoso whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, elaborado sobre un texto de Teodoro García Egea.
Allí explicaba a su bancada de senadores -opuesta a pactar con la ministran de Justicia Dolores Delgado, reprobada esos días por tercera vez en el Congreso- que Marchena era un “resultado esperanzador”. Recordaba el hecho que había sido vetado por Pérez Rubalcaba en 2013. “Ha sido una jugada estupenda las Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos del Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”. Y por si no les parecía suficiente añadía: “Y controlando la Sala Segunda desde detrás”. Es decir: desde la presidencia del Supremo.
Despliegue del tablero de juego
Por tanto, Lesmes ha desplegado la pista de billar francés. Detrás de Marín Castán, pues, es Marchena quien le sigue.
Lesmes pidió el informe “técnico” de sucesión a espaldas del sector progresista en el CGPJ. Aunque ha insistido ante vocales de ese sector que su dimisión va en serio varias veces en las últimas semanas, omitió el asunto del informe de sucesión.
El próximo pleno ordinario, citado para este jueves 28, prevé en su orden del día los nombramientos en el TC -es la primera vez que entra en la agenda- y en el punto de dación de cuenta se abordará el informe técnico.
Fuentes del sector progresista, que han mantenido bajo sordina su opinión contraria a la propuesta de que el Supremo se coloque en la cúpula del CGPJ, tomarán nota del informe -que Lesmes no les envió- sin entrar al debate.
La prioridad son los nombramientos en el TC. Lesmes asegura contar con cuatro magistrados del bloque conservador que apoyan hacer los nombramientos. Los cinco junto a los vocales progresistas pueden, pues, acordar0 los dos magistrados para el TC. Seguramente en un Pleno extraordinario convocado para la semana próxima. El tema de la sucesión, por tanto, quedará para más adelante.
La degradación judicial y constitucional es tal que España presenta un paisaje de Estado fallido -autogenerado- ante la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a quien el PP intentará usar contra el Gobierno cuando desde noviembre de 2018 bloquea el CGPJ y desde julio pasado la renovación parcial del TC.
