La exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, que se mostró visiblemente emocionada ante los medios, negó este miércoles ante el instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, conocer los requerimientos judiciales que efectuó el Tribunal Constitucional en 2017 para tratar de frenar la declaración unilateral de independencia de Cataluña. De esta forma, la cupera cuestionó el requisito básico para que pueda terminar siendo condenada por el delito de desobediencia por el que fue procesada un año después en esta causa, informaron fuentes jurídicas.

Tras afirmar que "nunca se tendría que haber producido la judicialización de lo que es una aspiración legítima de un pueblo" y sostener que "la represión crea dolor", pero también "solidaridad", la exparlamentaria 'cupaire' explicó que la fiscalía solo se le había interesado por si ella había sido requerida personalmente por el Constitucional, lo que explica la brevedad con la que se desarrolló su comparecencia. Gabriel, que se presentó voluntariamente en el Supremo en julio, se mostró confiada en que la causa sea archivada o se remita a Barcelona.

Recordó los cuatro años que lleva "fuera de casa", tras haber huido a Suiza, país al que regresará mientras espera la celebración de juicio, para responder a los "compromisos profesionales y militantes", que, según la portavoz de la CUPMaria Sirvent, aún tiene en ese país.

A Barcelona

Dado el criterio mantenido por el alto tribunal en relación con los demás acusados por el 'procés', consistente en que los acusados solo por desobediencia fueran juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la remisión de las actuaciones a Barcelona se presenta como el escenario más probable para la exdiputada de la CUP, que, como en julio, ha quedado en libertad sin más medida cautelar que la obligación de facilitar un domicilio y un teléfono al tribunal.

Desde la acusación que ejerce Vox se tacharon de "mentira" sus palabras. Su secretario general, Javier Ortega Smith, recordó que los requerimientos para parar el 'procés' fueron públicos y notorios, y conocidos por toda la ciudadanía no solo por los diputados del Parlament.

Entre la cuarentena de personas que se acercaron a las inmediaciones del Supremo para mostrar su apoyo a Gabriel estaba el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que justo había tenido un desayuno informativo en Madrid. También se desplazaron a la plaza de las Salesas representantes de Junts, la CUP, Podemos, Bildu y BNG, en su mayoría diputados en el Congreso.

Nadie ante el Supremo

Junqueras aseguró que su presencia obedecía a su intención de "recordar que nadie debería comparecer ante este tribunal", que le condenó a 13 años de prisión, "teniendo en cuenta los pronunciamientos internacionales dictados" por el Working Group de detenciones arbitrarias de la ONU, la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y el comité de Derechos Humanos de la ONU.

Y como si su paso por prisión, hasta su indulto por el Gobierno, no fuera muestra suficiente de ello, el líder de Esquerra reiteró su compromiso "contra la represión y a favor de la amnistía, de la república catalana y la autodeterminación".

Sin órdenes internacionales

Gabriel solo está procesada por desobediencia, por lo que nunca existió una orden europea o internacional de detención y entrega en su contra. Sin embargo, prefirió huir a Suiza y no entregarse hasta el pasado mes de julio, momento en el que el juez Llarena regularizó su situación y dejó sin efecto "la busca, detención y presentación" que sí tenía pendiente en España, por no haber comparecido a la citación judicial.

La exdiputada de la CUP también fue arropada por sus compañeras de formación Mireia Vehí y Eulàlia Reguant, que el próximo día 28 será juzgada por desobediencia por negarse a responder a Vox en el juicio del 'procés'. También le acompañaron el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Jon Iñarritu (Bildu), Jaume Asens (Unidas Podemos) o Néstor Rego (BNG) y Mireia Vehí.

El precedente de Serret

Se da la circunstancia de que Gabriel dio este paso con el abogado Iñigo Iruin, un histórico defensor de dirigentes de la izquierda abertzale que también en marzo de 2021 acompañó a la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret cuando se entregó al Supremo.

Serret huyó con el expresidente catalán Carles Puigdemont en octubre de 2017 a Bruselas. A diferencia de Gabriel, ella sí fue procesada por malversación de caudales públicos y desobediencia, pero el primer delito quedó excluido durante el juicio para los 'exconselleres' con los que compartía responsabilidad, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, lo que daba a entender que su acusación se limitaría al segundo delito, como finalmente ocurrió.