El Gobierno no ve al PP con voluntad de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pese a que este viernes desde Génova se ha realizado una llamada a retomar las negociaciones, con el envió de una carta a Moncloa. El destinatario de ese documento, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, apenas tres horas después de hacerse pública, consideró, en unas declaraciones en La Rioja, que no es un movimiento "serio".
"Es un intento de aparentar que quieren renovar, de cara a la galería", dijo. Porque, añadió, "si de verdad quisieran hacerlo me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos el Consejo". El texto remitido por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, encargado de la interlocución con el Gobierno, tras el durísimo discurso del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que este semana reclamó que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para terminar con el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, incluye una propuesta de once folios sobre cómo debería ser esa negociación.
Bolaños reprochó que el documento "esté lleno de líneas rojas y condiciones". La respuesta del ministro, que se dirigió directamente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es que "cumpla la ley" y "no sea usted un insumiso". El Ejecutivo responde así al PP, que a primera hora de este viernes dio a conocer la existencia de esa misiva y el texto adjunto, en que los populares insisten en que son partidarios de volver a dialogar pero con condiciones.
Los conservadores proponen una vez más acometer la renovación “con el actual sistema”, y registrar de forma simultánea una proposición de ley que firmen todos los grupos que compartan el espíritu de “despolitización” que se tramitaría por el procedimiento de urgencia y que acabaría con la última reforma del Gobierno, para devolver las competencias al CGPJ estando en funciones, además de otras cuestiones como acabar con “las puertas giratorias” o evitar nombramientos en el CGPJ si han desempeñado cargos en la política durante los cinco años previos.
Moncloa cierra la carpeta
Tanto el planteamiento del PP, que además pone sobre la mesa toda una serie de requisitos para los candidatos a formar parte del CGPJ, como el del Gobierno, evidencian que es prácticamente imposible un encuentro entre ambos después de que descarrilara antes del verano un primer intento de acuerdo. Desde el fracaso de estas conversaciones Moncloa ha asumido que no se desbloqueará el órgano de los jueces hasta las próximas elecciones generales . Por eso todos sus esfuerzos se han centrado en lograr la actualización de un tercio de un tercio del Tribunal Constitucional, que cumplió mandato el pasado 12 de junio.
De ese tercio, dos magistrados los elige el Ejecutivo y dos, el CGPJ. Como, a instancias de la Administración socialista, se cambió la ley para que el Consejo no pudiera hacer nombramientos estando en funciones, hubo que hacer una contrarreforma que levantó ese veto en el caso del TC y puso como plazo el próximo 13 de septiembre.
La rebelión del sector conservador, que ha impuesto primero pactar internamente cómo será esa elección, va a hacer que se supere esta fecha. El Gobierno ha hecho un llamamiento a "cumplir la ley" pero confía en que si no es ahora en las próximas semanas el CGPJ escoja a sus representantes, se actualice el TC y haya una mayoría progresista. Si esto sucede el interés del Ejecutivo por el Consejo General del Poder Judicial decae absolutamente, a pesar de las advertencias que este órgano ha hecho de colapso de la justicia por la imposibilidad de hacer nombramientos de plazas pendientes, que el PP tampoco ha atendido.
