La situación tan enrevesada que los dos grandes partidos han ido protagonizando a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un nuevo capítulo que todavía debe resolverse. Frente a la “ventana de oportunidad” que algunos ven después del durísimo discurso del presidente del Consejo y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se encuentra el “enrocamiento” de posiciones que otros muchos, en ambos sectores, siguen percibiendo sin posible retorno.
En Génova insisten en que el PP “está dispuesto a volver a sentarse”, negociar y hablar de esa renovación. Pero afirman que necesitan “un gesto” del Ejecutivo que aún no se ha producido. Y, en concreto, condicionan la renovación a que el Gobierno no consume los dos nombramientos que de él dependen en el Tribunal Constitucional. “Aprobaron la reforma, que era nuestra línea roja, ahora decimos que si no lo consuman, hay una posibilidad”, explican fuentes del núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo.
A pesar de que en Génova siguen defendiendo un nuevo sistema de elección en el órgano de los jueces, siguiendo las exigencias marcadas por Bruselas, no niegan que la renovación con la que siempre contaron es según la normativa vigente. Sobre eso no hay discusión. Y a pesar de que siguen pidiendo que se haga “todo en paralelo”, es decir, que empiece la negociación del Consejo y se avance en el estudio de su propuesta para un nuevo sistema de elección y que los nuevos vocales cumplan con unos requisitos mínimos de independencia, en el PP reconocen que lo que necesitan “ya” es el gesto de que renuncien a hacer los dos nombramientos. El resto de cuestiones vendrían justo detrás.
En el mes de julio, los populares pusieron como línea roja para seguir negociando que el PSOE retirara la reforma exprés registrada en el Congreso para renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional pendientes. Dos de esos nombramientos dependen directamente del Gobierno, pero los otros dos debe elegirlos el CGPJ.
Ya una reforma previa, de marzo de 2021, también muy polémica e impulsada por los partidos del Gobierno, había limitado las funciones del Consejo una vez caducado su mandato. Es decir, desde ese momento era imposible hacer designaciones. Esta nueva reforma exprés, del mes de julio y que vio la luz con el apoyo de socios habituales como ERC, lo que hacía era enmendar la propia reforma del Gobierno —solo— en lo que respecta al Tribunal Constitucional y establecía como límite el 13 de septiembre para que el CGPJ actual aprobara dos nombres nuevos.
El PP puede tomar la iniciativa
A pesar de las críticas del Gobierno, que insisten en que el PP incumple la Constitución y que “las excusas” acumuladas durante este tiempo demuestran que no hay voluntad de renovación, en el PP abunda la creencia de que “lo único que le importa” al Ejecutivo es “controlar” el TC. Sobre todo, porque la mayor parte de la gestión del Gobierno está en manos de este tribunal (ley del aborto, la eutanasia o la ley Celaá, sumadas a los pronunciamientos que ya ha hecho desfavorables a los estados de alarma de la pandemia, entre otros), y llevar a cabo los nuevos nombramientos supondría dar un vuelco a la mayoría actual y hacerla progresista.
Precisamente por esto, y ante las reticencias de algunos dirigentes de peso en la formación sobre la verdadera voluntad del Ejecutivo, en Génova no descartan que sea Feijóo quien tome la iniciativa para volver a la mesa de negociación. Hasta ahora el líder conservador siempre ha defendido que “debe ser el Gobierno quien dé el primer paso” y levante el teléfono.
Tras el cruce de declaraciones y conversaciones con los periodistas en la apertura del año judicial, quedó claro que las posiciones públicas siguen en el mismo sitio. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se abalanzó sobre la “irresponsabilidad” del PP, y los conservadores acusan al Gobierno de haber dinamitado cualquier posible acuerdo por sus maniobras, que el propio Lesmes tildó del mayor “estropicio” en democracia. Hubo reproches para todos, porque el presidente del CGPJ también dejó claro que la renovación debe hacerse ya y según la normativa vigente sin supeditarla a nada más. Un mensaje, negro sobre blanco, para el PP.
Y, precisamente, al no ver una rendija de acercamiento por parte de la ministra de Justicia, en el entorno de Feijóo valoran que sea el líder del PP quien tome la iniciativa y deje en evidencia al Gobierno: “Quizá en Moncloa no quieran levantar el teléfono porque no tienen interés en acordar nada con el PP. Podrían delatarse”, aseguran.
"El Gobierno realmente no quiere"
Algunos dirigentes populares con mucho peso en la nueva dirección van más allá y directamente apuntan a que no habrá ningún acuerdo “porque el Gobierno no puede permitírselo”. Este sector afirma que el nuevo camino emprendido por Sánchez, de pasar a la ofensiva contra el PP y mirar de nuevo a un electorado de la izquierda (incluido a Podemos, cargando contra las grandes empresas y erigiéndose como “el Gobierno de la gente”) es incompatible con hacerse una fotografía al lado de Feijóo. “Desmontaría su propio discurso y su hoja de ruta de alejarse por completo del PP. No puede hacer eso ahora”, afirman.
