Archivan las diligencias contra el marido de la directora de la Guardia Civil

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha archivado las diligencias contra el marido de la actual directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en la causa abierta por las ayudas millonarias de la Junta recibidas por Santana Motor.

También ha acordado abrir dos piezas separadas de la causa principal de Santana Motor, al considerar que existen indicios de la comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación distintos a los recogidos en la causa principal, ha informado el TSJA en un comunicado.

Además, acuerda el sobreseimiento parcial respecto de Juan Carlos M. M. -marido de la directora de la Guardia Civil, María Gámez- y Joaquín M. C., ya que considera que no concurren “indicios racionales de criminalidad que supongan una probabilidad de que ambos hayan tenido participación -relevante, finalista y deliberada- en la perpetración de los delitos que se investigan".

De este modo, explica al auto, “no consta que, como responsables o directivos de la Agencia IDEA (perteneciente al sector público de la Junta de Andalucía), participarán en las irregularidades vinculadas con la formalización y ejecución del denominado convenio Massif”, por el que Santana recibió en ayudas de la Junta de 36 millones entre 2008 y 2011.

En la pieza principal del grupo automovilístico de Linares (Jaén) se investigan las ayudas concedidas bajo el paraguas del convenio Massif, unas “cantidades entregadas por IDEA a Santana en concepto de préstamo, posteriormente modificado a préstamo participativo, que serían en realidad ayudas a fondo perdido concedidas graciosamente -sin intención alguna de recuperarlas- al margen de los procedimientos legalmente aplicables".

Dichas ayudas no consta, según el auto, que se concedieran previo análisis económico, realizado por la Junta de Andalucía “que pusiera de manifiesto si eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que Santana tuviera solvencia y capacidad económica para hacer frente".

Respecto a las nuevas piezas abiertas por el juzgado, una de ellas investigará la posible perpetración de los delitos de prevaricación y malversación vinculados también a la “irregular financiación” del grupo Santana Motor“ -y con la irregular actuación de los responsables de la Agencia IDEA-“ pero diferentes de los relacionados en la pieza principal.

Así, el magistrado indica que de la investigación policial realizada podría deducirse que bajo la apariencia formal de unos contratos de compraventa inmobiliaria o de préstamo “se decidió disponer arbitrariamente de fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno -ni control administrativo-, para beneficiar directamente a la empresa Santana Motor".

Así, el magistrado considera que el grupo empresarial fue financiado a través de otros instrumentos, también de forma irregular, tales como una injustificada aportación de fondos por importe de 14.466.779 euros realizada en favor de Santana Motor S.A.U -en liquidación- por parte de Incubadoras de emprendedores de Andalucía (titularidad de la Agencia IDEA), mediante la formalización de un convenio de aportación de fondos para reposición de pérdidas de julio de 2011.

Además, se utilizó la adquisición por título de compraventa de inmuebles por parte de IDEA en favor del grupo Santana “como irregular mecanismo de financiación de esta sociedad mercantil”.

Según el auto, entre los ejercicios 2008 a 2011 se asignaron al grupo Santana fondos con cargo del convenio MASSIF por 36.105.544 euros, mientras en el mismo periodo la Agencia IDEA le transfirió fondos con motivo de las compras de inmuebles por importe de 84.998.874 euros, lo que supone un total de 121.104.418 euros transferidos por la Agencia IDEA.

La segunda pieza separada de la causa está relacionada con los fondos transferidos (339.701 euros) por el entonces presidente del grupo Santana, Bienvenido M. M., en beneficio de su propia empresa Experience Management en virtud del alquiler de un despacho en las oficinas del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía.

En este sentido, el auto indica que esta segunda pieza separada tendrá por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la ilicitud de tales operaciones y, en particular, “la irregular trasmisión de fondos tanto por parte de Santana, como de Fagia, Fasur y Laboratoris Rovi en favor de dicha mercantil".