Tres meses después de que estallara el 'caso Pegasus', la vuelta a la relativa calma. A la interlocución institucional entre el Gobierno y el Govern, también entre el Ejecutivo y ERC. A la recuperación del diálogo como la "única" vía posible de resolución de las diferencias. Eso es lo que sancionaron este viernes, en el palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Su solo encuentro, que se prolongó durante una hora y 45 minutos, ya simbolizaba el regreso a la casilla de salida, y el acuerdo que alcanzaron, la convocatoria de la mesa de diálogo en Madrid en la última semana de julio, la evidencia de que las dos partes quieren y necesitan continuar con su hoja de ruta, aunque a ella se oponga ferozmente Junts. Porque en el horizonte ya asoman los Presupuestos Generales del Estado de 2023, y para que prosperen será vital que el hilo entre los dos ejecutivos se engrose.

Ni en la Moncloa ni en la Generalitat, en las últimas horas, daban por hecho que saldría una fecha de la cita de este 15 de julio. Sánchez y Aragonès habían mantenido su última reunión hace 10 meses, en la capital catalana. Se vieron en mayo, en Barcelona, en plena tensión por el caso Pegasus, y fue cuando se emplazaron a un cara a cara. Pero las costuras entre los dos gobiernos tiraban todavía, se cruzaron las elecciones andaluzas del 19-J, los recados de ida y vuelta. Los dos últimos encuentros entre sus lugartenientes, Félix Bolaños y Laura Vilagrà, en Madrid y en Barcelona, ayudaron a reengrasar las relaciones. A asfaltar el camino. A llegar al punto de este viernes, la decisión de una nueva mesa de diálogo para últimos de julio.

Será la tercera vez que ocurra. La primera fue el 26 de febrero de 2020, en la Moncloa, con Quim Torra al frente de la Generalitat. La segunda, el pasado 15 de septiembre, en la capital catalana, ya con Aragonès como nuevo jefe del Executiu. Pero para la próxima, de nuevo en Madrid, y a finales de mes —falta por ajustar el día—, la foto no será la misma: no acudirán los dos presidentes, que ya han "hecho su trabajo", según explicaba la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Previsiblemente no asistirá Junts —así ocurrió hace diez meses—, aunque ambos líderes convinieron que sería "muy deseable" que los dos gabinetes estuvieran representados por las dos formaciones que los componen. Ni la Moncloa ni ERC quieren que vayan miembros que no estén en los respectivos ejecutivos, caso de Jordi Turull. El president lo refrendó este viernes: esta es una mesa "entre gobiernos".

La reunión fue valorada "positivamente" por ambas partes, se desarrolló en un clima "correcto". Pero en las respectivas comparecencias también se apreciaron diferencias de tono. Así, Aragonès, desde el Centro Cultural Blanquerna de la capital (y no desde la Moncloa), aunque reconoció lo "importante" de su despacho con el presidente, advirtió de que la relación entre los dos ejecutivos solo se "normalizará" si hay "acuerdos parciales" en la mesa de diálogo. "Hoy hay una apuesta ratificada para avanzar en el diálogo. A partir de aquí, si hay avances con acuerdos concretos, que permitan resolver el conflicto en cuestiones como la represión o la negativa a que Catalunya pueda decidir su futuro, entonces se va a poder normalizar la relación, que a día de hoy no lo está", señaló.

Asuntos "avanzados"

También fuentes del Ejecutivo central se mostraron convencidas de que en la cita de finales de mes se sellarán pactos concretos. Pero ninguno de los dos equipos perfila cuáles. Rodríguez recordó que, desde el pasado septiembre, ambas partes vienen trabajando y hay asuntos "avanzados", y resaltó la relevancia del acuerdo metodológico que alcanzaron Bolaños y Vilagrà hace una semana en Barcelona.

Sánchez y Aragonès no conversaron sobre la reforma del delito de sedición —el Gobierno es partidario de cambiar la legislación penal, pero defiende que no tiene mayoría parlamentaria para aprobarla—, ni sobre el dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la UE contra Carles Puigdemont, conocido este jueves y que abre la puerta a una nueva euroorden. El jefe del Executiu mostró su "máximo respeto a los represaliados", pero añadió que no negociará la situación del 'expresident' con el Gobierno. "Él ha sido muy claro, y respeto su estrategia", insistió. "El Gobierno respeta las administraciones de Justicia, a la europea y a cualquiera que sea", terció la ministra de Política Territorial.

Sí abordaron la crisis por Pegasus. La portavoz no ofreció detalles, pero Aragonès celebró que el presidente se comprometiera a "colaborar de forma absoluta con la Justicia para aclarar los hechos en el marco de los procedimientos judiciales en marcha". Promesa que ya había formulado él mismo públicamente, incluso en el Congreso, y que había trasladado Bolaños a Vilagrà el 24 de abril, en el primer encuentro que siguió al estallido del 'Catalangate'. Para la Generalitat también era capital que Sánchez diera garantías de que no habrá más episodios de espionaje en el futuro, y fuentes del entorno del 'president' indicaban que sí las recibió.

De cara a la reunión de la mesa, para el Govern es importante avanzar en el fin de la "criminalización y la represión", que haya "hechos y concreciones", y también se consensúen "líneas de trabajo" para la "desjudicialización". Rodríguez respondió recordando que los dos gobiernos parten de posiciones "muy distintas", que el Ejecutivo defiende la necesidad de "perfeccionar el Estado autonómico" y que ambas partes coinciden en que el diálogo es la "única manera" de seguir caminando.

Durante el encuentro, Sánchez y Aragonès discutieron sobre la situación económica derivada de la guerra de Ucrania, el aumento de la inflación, ya en dos dígitos, las medidas puestas en marcha, el despliegue de los fondos europeos o la ejecución de las inversiones en infraestructuras. No se habló de los Presupuestos de 2023. O al menos ni la ministra ni Aragonès se lo dijeron a los medios. Era obvio, porque en puridad el acuerdo debe tejerse entre el Gobierno y ERC. Pero las cuentas del año próximo darán la medida de si la normalización de relaciones se ha completado. Los republicanos volvieron a ayudar a los socialistas en el debate de la nación y en varias votaciones claves este jueves en el Congreso. Pero la prueba definitiva vendrá con los PGE. En la Moncloa no quieren dar por hecho nada aún, pero sí consideran que se ha entrado en la senda de la "estabilidad y el reencuentro", y eso facilitará el entendimiento. Desde luego, el acuerdo está más cerca ahora que hace apenas unas semanas.