Ante la incapacidad de los dos grupos parlamentarios mayoritarios (PSOE y PP) para llegar a un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de tres años y medio, este órgano y el Tribunal Supremo acumulan bajas por jubilación y otras circunstancias -como el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto- que no pueden cubrirse. Todo ello está contribuyendo a que la situación en ambas instancias se degrade desde el punto de vista institucional y funcional y se esté acercando a ser "insostenible", señalan fuentes de ambos organismos a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio.
Lo anómalo de la situación ha vuelto a evidenciarse ese jueves, cuando la desaparición de Cinto -designada por el Senado a propuesta del PSOE en 2013- sorprendió a los vocales al inicio de un Pleno que ya contaba con un miembro menos desde principios del pasado mes de marzo, cuando Rafael Fernández Valverde se jubiló tras cumplir la edad máxima para continuar siendo magistrado, que son los 72 años.
Fuentes del órgano adelantan a este diario que en los próximos días, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se dirigirá al Senado para solicitar que se cubra la vacante de Cinto y se acuda para ello a la lista de jueces sustitutos que fue votada en su día en la cámara alta.
SOLO UN SUSTITUTO DISPONIBLE
De entre ellos, no obstante, el único que queda disponible es el juez de lo Social de Sevilla Pablo Surroca, puesto que de los otros dos que componían esta lista, Ignacio Duce ya está jubilado y José Antonio Ballestero ya fue incorporado al CGPJ en junio de 2018 en sustitución del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando éste entró en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los antecedentes, sin embargo, auguran que el CGPJ se quedará con un vocal menos más hasta su renovación, dado que el Congreso ya rechazó sustituir a Fernández Valverde cuando le correspondió en marzo. La decisión fue adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados, que concluyó, basándose en un informe de los letrados de la cámara, que no se trataba de un supuesto de cese anticipado, por lo que no procedía la sustitución prevista en la Ley. Ahora, se repetirá el mismo trámite en el Senado, que podría, no obstante, adoptar una decisión diferente.
La decisión del Congreso reveló ya entonces la absoluta paralización institucional a la que aboca la falta de acuerdo para renovar el CGPJ, que ahora se ve acrecentada, y causó además cierta indignación en el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, que veía cómo perdía a uno de sus integrantes porque Fernández fue designado a propuesta de los populares. Como consecuencia de esta respuesta, Lesmes debió asumir la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo que ejercía hasta entonces el vocal jubilado.
Ahora no hará falta nada parecido porque Cinto, miembro de la Comisión Disciplinaria del CGPJ -la que estudia posibles sanciones a jueces- ya fue sustituida hace meses debido a su baja por enfermedad. Por otra parte, al faltar ahora un miembro del sector progresista, no cambia el equilibrio de sensibilidades en este órgano.
CATORCE VACANTES EN EL SUPREMO
La situación es más preocupante en el Tribunal Supremo, que según las fuentes consultadas acumula un total de 14 vacantes con las consiguientes consecuencias en el dictado de sentencias y tratamiento de los asuntos. Esta misma semana, fuentes de este órgano lamentaban haber quedado ajenos a la reforma legal impulsada por el PSOE que trata de despejar el camino de los nombramientos en otro órgano, el Tribunal Constitucional, que tiene cuatro de sus magistrados con el mandato caducado desde el pasado 12 de junio.
La queja se ha realizado de forma oficial a través de la Sala de Gobierno del Tribunal, que ha pedido que se transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su "honda preocupación" porque la falta de renovación del Consejo están creando una situación que, de continuar, "será insostenible".
"El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento", señalaba el acuerdo adoptado.
El problema es especialmente acuciante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya que dentro de unos meses se jubilará otro magistrado, Octavio Herrero, que ha renunciado a cumplir la prórroga de dos años que había acordado inicialmente. Si el problema continúa sin resolverse, la próxima en salir de la sala será Inés Huerta, a principios del 2023, dejándola ya sin el quórum mínimo para formar todas sus secciones.
Ya el pasado mes octubre el tribunal encargó un informe a su Gabinete Técnico sobre la situación a la que se enfrentarán las diversas Salas en el caso de que se prolongara el bloqueo, un documento que concluyó se iban a dictar aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas. Desde entonces se han añadido dos bajas más, las del propio Fernández Valverde y la de Segundo Menéndez, ambos en la Sala de lo Contencioso.
