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Faro de Vigo

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Entrevista

El primer fiscal anticorrupción de España: "En la investigación al emérito hay muchos huecos sin esclarecer"

Carlos Jiménez Villarejo asegura que "de 1995 a 2003 sólo encontré dificultades para perseguir la corrupción"

Carlos Jiménez Villarejo. REUTERS

Carlos Jiménez Villarejo (Málaga, 1935) fue el primer fiscal anticorrupción de la historia de España.  En las elecciones europeas de 2014 es elegido eurodiputado de Podemos, aunque poco después renunció a su escaño.

El juez Joaquim Bosch defiende en su libro 'La patria en la cartera' que la democracia no interrumpió la corrupción del franquismo. ¿De aquellos polvos estos lodos? 

La transición democrática desde la dictadura hasta la Constitución de 1978 pasó por periodos turbios y oscuros. Había sectores que se resistían a la transición hacia los valores y el sistema democrático. Y eso generó un periodo confuso que dio lugar a que se optara por determinadas soluciones sociales, cívicas, políticas para abrir el periodo democrático en las que nunca se abordó la corrupción, que era un problema constante durante la dictadura. La practicaban los dirigentes del franquismo de forma impune y nunca fueron perseguidos. Ha sido una especie de semilla muy peligrosa y muy constante en el proceso democrático que ha sido difícil ir superando hasta hacerle frente de forma abierta y contundente.

La evasión de capitales, especialmente a Suiza, era habitual en el franquismo. La vida sigue igual en democracia.

Sí. Cuando ya era fiscal escribí en 1981 un artículo en 'El viejo topo' en el que hablo de la necesidad de que España comience a plantearse en serio un modelo represivo que no solo afecte a las clases subalternas sino que afrontara la persecución de los delitos que se cometían por las clases altas de la sociedad, que son los delitos de corrupción. Ya había una conciencia de la situación que se vivía de extrema debilidad de juzgados y tribunales respecto de los delitos de naturaleza de corrupción. La justicia no respondía. El Código Penal tampoco estaba adaptado a esa tipología delictiva y la adaptación del Estado democrático a la persecución de la corrupción fue un proceso complejo y largo.

Y reactivo. A usted lo nombran en 1995, el tráfico de influencias se penaliza en los 90. La financiación ilegal de partidos no se regula hasta 2015.

Claro. Es que hubo una debilidad extrema del sistema judicial y del Ministerio Fiscal en la persecución de los delitos cometidos desde el ejercicio del poder político y económico vinculados entre sí. No puedes cometer actos de corrupción si no tienes una base económica que te proporcionan tus cómplices del poder político. Se advirtió muchos años antes de que se creara la Fiscalía Anticorrupción. Se inicia en un caso que conozco bien, el de Jordi Pujol, en Cataluña en 1984. Hubo una reacción insólita por parte del poder político de oposición a esa iniciativa y a esa decisión que adoptó el juez instructor, muy moderado, hasta llegar a la Audiencia provincial de Barcelona que decidió, por mayoría, archivar el asunto. Era una muestra, y hubo muchas más, de cómo había una posición del sistema judicial muy complaciente con los delitos de naturaleza económica o política que cometían las clases políticas y económicas dominantes. Hubo llamamientos de magistrados y jueces progresistas europeos a tomar decisiones relevantes. En 1997 seis magistrados y fiscales de la Unión Europea decíamos: "A la sombra de una Europa en construcción visible, oficial y respetable, se oculta otra Europa más discreta, menos confesable, la Europa de los paraísos fiscales que prospera sin vergüenza gracias a los capitales a los que se presta refugio. La Europa de los bancos donde el secreto es una coartada y una barrera. La Europa donde el dinero de origen fraudulento circula a gran velocidad de una cuenta a otra, de un paraíso fiscal a otro, bajo la protección de sociedades offshore o de testaferros·. Ahora podríamos decir lo mismo. Por ejemplo respecto a la investigación del rey emérito Juan Carlos I, que se ha archivado.

¿Qué pensó cuando se investigó a Pujol 30 años después?

En 2014 Jordi Pujol confiesa que ha defraudado a Hacienda desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat en el año 80. Llevaba 34 años defraudando a Hacienda. Es un dato espectacular que pone de relieve varias cosas. Que la actitud que adoptó en Banca Catalana, favoreciendo la crisis y quiebra de la entidad bancaria, era absolutamente justa su persecución y debía haber sido otra la respuesta judicial, que no lo fue. Y que él ha tenido un absoluto desprecio por los valores de la solidaridad que representa el régimen contributivo y fiscal de un estado democrático. Que un señor que ha sido veintitrés años presidente de la Generalitat reconozca que lleva treinta y cuatro años defraudando a Hacienda es uno de los ejemplos más terriblemente negativos que han sucedido en la sociedad y en el Estado español desde que la democracia se constituye en la Constitución del 78. 

Sobre el rey emérito. ¿La inmunidad se vuelve impunidad?

 Pude leer el decreto de archivo de la Fiscalía Anticorrupción. Respeto la decisión de quien la adoptó que fue compañero mío. Pero creo que había y sigue habiendo muchos huecos que no estaban debidamente esclarecidos e investigados y que justificaban que se hubiera mantenido la investigación y la persecución del delito. Porque lo último que debemos admitir es que una persona que ha ocupado la jefatura del Estado participe activamente en la comisión de delitos que luego se trata de ocultar, o debilitar la acusación, a través de la regularización tributaria. Un privilegio que concede el Código Penal con el que no estoy de acuerdo.  Eso de pagar un impuesto que has defraudado dentro de un plazo de tiempo para así quedar libre de culpa me parece un privilegio que en otros delitos no existe. Y aquí se concede en un delito como es el impago sistemático de los impuestos, que yo creo que es uno de los delitos que persigue precisamente la injusta distribución de la riqueza sobre la que está construida el capitalismo. Y por tanto si con el rey emérito se mantiene una posición de cierta conciliación, blandura, me parece que no es un buen camino para mantener una sociedad que, por encima de todo, además de ser libre ha de ser justa. La sociedad no es justa mientras permanezca el artículo 805 del Código Penal que contempla la regularización tributaria. Es una forma de perdonar a quien no paga impuestos si, lo que debe lo paga dentro de un plazo de equis años, porque me parece una concesión dada a aquellos que realmente tienen el privilegio y la posibilidad de pagar cantidades importantes de dinero, cuyo origen se desconoce pasado un plazo. Me parece que es un sistema injusto porque lesiona los principios básicos de una sociedad que debe ser igualitaria en el reparto de la riqueza y que sin embargo no lo es. En el caso del rey emérito está amparando la impunidad de alguien que ha hecho justo lo contrario de lo que debe hacer un ciudadano democrático que está al servicio de los ciudadanos, que es cooperar económicamente en la medida que pueda para hacer una sociedad más justa y más libre.  

¿Hay algún partido que se crea en serio la lucha contra la corrupción? 

Uffff. Francamente en el periodo en el que fuí fiscal, hasta el año 2003, yo solo encontré dificultades para la persecución de la corrupción. Podíamos enumerar un conjunto de casos tanto en Cataluña como en la propia Fiscalía Anticorrupción en las que ante determinadas investigaciones, que algunas llegaron a ser posibles y otras fueron imposibles, porque me fueron prohibidas por el Fiscal General del Estado de turno. El caso más famoso de todos, en Cataluña, fue el caso Prenafeta, en el que hubo una actitud beligerante de Jordi Pujol, y se enfrentó directamente a la Fiscalía y al Gobierno del estado para impedir que esa investigación llegara a buen término. Y eso está en las portadas de los periódicos de la época, en los años 87-88. Pero en otros supuestos, en la Fiscalía Anticorrupción, fueron muy frecuentes las órdenes de investigar determinadas conductas que tenían en principio unos indicios delictivos bastante serios y profundos. Y que sin embargo el Fiscal General del Estado impidió su persecución, de una forma o de otra. O incluso llegar a pedirme la retirada de acusación de una persona que ya estaba acusada, porque era amigo del rey, aunque entonces no lo sabíamos. Es una persona que ya ha fallecido y por eso no lo cito. Era una constante. Una actitud de control y de rechazo de cualquier forma de investigación que se produjera en este ámbito. Creo que volviendo a lo que acaba de sugerir, en la causa contra la familia Pujol que está pendiente de juicio, si no me equivoco, yo querría ver que ese juicio se produce porque llevamos ya mucho tiempo con la acusación por la Fiscalía Anticorrupción ya formulada y sin embargo no hay ningún signo de que esté señalado el juicio, por mucho que sean muchos los acusados, que lo son. Ha transcurrido ya más de un año de aquella acusación que estaba muy bien formulada, muy bien fundamentada y donde aparecía claramente la relación no solamente de Jordi Pujol, sino de todos sus hijos y familia con infinidad de paraísos fiscales en la zona del Caribe.

La vicepresidenta del Consell Mónica Oltra ha dimitido denunciando que no se puede ser un político contra los poderosos en este país porque van a por ti.  

Me va a permitir que sobre ese tema mantenga cierta prudencia y distancia. Es un proceso judicial abierto en el que se han adoptado decisiones por la Fiscalía Superior y el Tribunal Superior de Justicia que, por las referencias que proporcionan los medios de comunicación, me parecen fundadas. Y por tanto quiero mantener una actitud de neutralidad y respeto a las instituciones judiciales que están participando en ese problema que yo lamento mucho, como ciudadano, evidentemente. Pero creo que no soy la persona indicada para opinar sobre un tema que por otra parte nada tiene que ver con la corrupción.

¿Deslegitima las decisiones judiciales que las denuncias sean de partidos de extrema derecha?

 Cualquiera que sea el origen de la denuncia formulada, que ya sé cual es, me parece que si hubiera tenido otro tipo de respuesta puede ser que me permitiera otro tipo de juicio. Pero habiendo tenido una respuesta por parte del poder judicial y el Ministerio Fiscal que está fundada, según creo yo, tampoco voy a prejuzgar lo que se va a resolver ahí, pero me merece respeto cualquiera que sea el origen de la denuncia formulada.

¿Dónde debe estar la línea roja para que un político dimita?

Depende de la naturaleza del delito. Me preocupa la continuidad en su puesto de personas investigadas judicialmente, en las cuales ya se ha acordado la imputación, la atribución provisional de ser auto cómplice o partícipe en la comisión de un delito de corrupción. Para mi ese supuesto sería, siempre a mi juicio, determinante de la dimisión. Otros supuestos de otra naturaleza delictiva son difíciles de precisar. 

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