El culebrón por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora también del Tribunal Constitucional llega a su enésimo capítulo. Y era previsible que ante un nuevo movimiento del Gobierno llegara la furiosa respuesta del PP y la contrarréplica del Ejecutivo defendiendo y justificando el paso emprendido. Y eso es lo que volvió a ocurrir en las últimas horas, después de que Pedro Sánchez decidiera dar un golpe en la mesa: registrar en el Congreso una reforma de la ley para que el CGPJ pueda nombrar a los dos magistrados al TC que le corresponden. Cuando la iniciativa esté aprobada por las Cámaras, y se calcula que el trámite estará acabado en julio, ya se podrá, si no hay obstáculos, renovar el tercio que toca del tribunal de garantías: los dos designados por el Ejecutivo y los dos propuestos por el Poder Judicial, como mandata el artículo 159.3 de la Carta Magna.

La decisión se dio a conocer a última hora del jueves. Este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtió de que su partido entiende que el Ejecutivo "rompe cualquier tipo de puente" en la negociación para actualizar el CGPJ, cuyo mandato venció hace tres años y medio y que es el origen de todo el conflicto. "El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. Estábamos negociando y nos enteramos a través de los medios, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar el Consejo del Poder Judicial", señaló en una entrevista en Telecinco. Tiene el jefe del PP la "sensación" de que los socialistas no quieren negociar "nada" con el PP, tampoco en economía o en política exterior y de defensa.

Feijóo considera que el Ejecutivo "rompe cualquier tipo de puente" con el PP: "El Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el CGPJ, sino que lo que le interesa es controlar el Constitucional"

"Que deje de mentir el señor Feijóo", respondió poco más tarde en Madrid el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. "No había mesa de negociación. Lleva usted sin sentarse desde que es presidente del PP. Más de 80 días. Todos los días mareando la perdiz con mil y una excusas. Hoy es esta, mañana es otra, cada día una diferente para incumplir la Constitución. Bloquean la renovación del TC y del CGPJ", subrayó la mano derecha del presidente, visiblemente irritado por la respuesta del líder popular.

Bolaños mantuvo que ya no es "tiempo de excusas", sino de "actuar de verdad" para actualizar los dos órganos constitucionales, porque no había conversaciones en marcha: "No puede dar por rotas unas negociaciones que no se estaban produciendo. Están mintiendo a los españoles".

Ya por la tarde, desde Bruselas, y al término del Consejo Europeo, el propio Sánchez defendió el paso dado por el grupo: se suman "36 meses de bloqueo" del CGPJ, 32 de ellos achacables a Pablo Casado pero los últimos cuatro responsabilidad de Feijóo, dijo. El PP se ha declarado "en rebeldía constitucional", y eso "no es aceptable" en un momento "tan grave" cuando se necesita "reforzar las instituciones, su legitimidad y credibilidad". El presidente justificó que si el PSOE adoptaba esta iniciativa es para evitar que haya otra institución, en este caso el TC, que se convierta en "otro rehén del PP en su estrategia de bloquear y no llegar a acuerdos".

Para Sánchez, la situación se podría resolver "en cinco segundos", pero "depende del principal partido de la oposición", y la mano del Gobierno "está tendida". "Hay que pasar de las buenas palabras a los buenos hechos", observó, deslizando que bajo la impronta de moderación que explota Feijóo se esconde la misma actitud que Casado, porque tampoco ha aceptado su oferta de 11 acuerdos. "Esperemos que recapaciten", acabó, sin dar señales de que el Ejecutivo vaya a dar marcha atrás.

La versión del PP no es coincidente. Fuentes de la cúpula popular citadas por Europa Press señalan que "el último contacto" entre Bolaños y el interlocutor designado por Feijóo, Esteban González Pons, fue el pasado miércoles. "Le dijimos que hablaríamos a partir de esta semana. Nuestra propuesta se basaba en tratar este asunto después de cerrar nuestras conversaciones con el sector judicial. Y así se lo dijimos a él, como dijimos también públicamente. No se justifica que rompa puentes a días de conocer la propuesta del PP", señalaron. Para Génova, el Ejecutivo "ha preferido actuar con la resaca de las elecciones andaluzas. Es una distracción mediática y un error democrático que complica las relaciones entre los partidos".

Fuentes de la Moncloa respondían que, tras la primera conversación protocolaria, los siguientes contactos (no especifican cuándo fue el último) consistieron en que "el ministro emplazaba a Pons a sentarse y este le daba largas, dando mil excusas". Por eso "había que tomar una decisión ya, sin demora".

Tramitación urgente

La maniobra del Gobierno, lanzada apenas unos días después del batacazo del PSOE en las elecciones andaluzas, es en sí misma controvertida. Fue la coalición quien impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para prohibir al CGPJ hacer nombramientos si estaba ya en funciones. Ese cambio se aprobó en marzo de 2021 y es el que, a la postre, se ha vuelto como un bumerán contra el PSOE. Pretendía con ello presionar al PP, pero no lo consiguió, y ahora se encontraba con que, por esa modificación, se obstaculizaba la renovación de cuatro magistrados del TC, cuyo mandato venció el pasado 12 de junio.

La proposición de ley registrada este viernes por el Grupo Socialista añade un punto al artículo 570 bis de la ley orgánica 6/1985, para permitir al Poder Judicial solo hacer dos nombramientos si está en funciones: los de las dos vacantes que ha de cubrir en el TC. El PSOE quiere que se tramite la iniciativa de manera urgente y en lectura única (o sea, sin pasar por ponencia y comisión y sin enmiendas), así que para finales de julio podría estar en el BOE tras un paso exprés por Congreso y Senado. Culminada la reforma, Gobierno y CGPJ podrán cada uno designar a los dos magistrados que les corresponden por cupo. Con la renovación de cuatro miembros, el TC cambiará de signo: pasará a tener una mayoría progresista de 7-5. Ahora los conservadores son los que dominan el órgano por idéntica mayoría, de 7-5.

Bolaños defendió la vía elegida ante los medios: el Ejecutivo, dijo, está "cumpliendo la Constitución" y cumpliendo con su "obligación de renovar el TC en plazo". Reconoció que la fórmula que barajó, nombrar a los dos magistrados que le tocan sin esperar a los dos que ha de proponer el Poder Judicial, "generaba debate", tanto dentro del Alto Tribunal como entre los expertos. El Gobierno se exponía a que su paso fuera frenado a la primera, ya que el TC había deslizado su oposición, y es que el pleno de la institución tiene la obligación de autorizar la incorporación de nuevos magistrados y valorar que se cumplen los requisitos.

"Hablada" con los morados

"Por eso hemos optado por esta fórmula, que es impecable desde el punto de vista legal, que refuerza el prestigio del TC y que no genera ningún debate", sostuvo el ministro, quien aseguró que esta vía "es la que ha defendido en declaraciones y actos públicos y privados el PP", de modo que es "sorprendente que no cuente con su aprobación".

La proposición de ley de los socialistas tiene carácter orgánico, por lo que necesitará de mayoría absoluta en Congreso y Senado. Bolaños aseguró que la iniciativa contará con mayoría "más que suficiente" porque "nadie que esté fuera del obstruccionismo [del PP] puede estar en contra de ella". Por supuesto, Ciudadanos y Vox adelantaron su rechazo.

El Gobierno espera contar con una mayoría "más que suficiente" para sacar en julio su iniciativa. Los morados dicen que no está "pactada" con ellos

Pero también mostró cierta frialdad Unidas Podemos: fuentes del espacio confederal citadas por Europa Press indicaron que se trata de una proposición que parte únicamente del PSOE y que no está "pactada" con ellos, y que además es incompleta, ya que lo que ellos defienden son reformas legales para facilitar el relevo de todos los órganos constitucionales.

El ministro respondió que la reforma sí "ha sido hablada" con los morados. "Estoy convencido de que todas las fuerzas que pretenden y desean que se renueve el TC cuanto antes apoyarán esta proposición de ley", concluyó. En la misma línea incidió el portavoz socialista en la Cámara baja, Héctor Gómez: confió en disponer de los apoyos porque la propuesta es un "ejercicio de máxima responsabilidad" para "poner cuanto antes en funcionamiento al TC". "No podemos esperar sine díe" al PP, indicó.