El tribunal del caso Cursach ha rechazado que el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán comparezcan como testigos en la visto oral. Las magistradas consideran que su declaración, solicitada por una de las acusaciones particulares que representa a empresarios de Magaluf para aclarar cómo se llevó a cabo la investigación, "de nada serviría" y podría además "causarles grave perjuicio" en la causa que tienen abierta por los presuntos delitos cometidos durante las pesquisas. Por contra, las juezas han aceptado las copias de las declaraciones de los acusados durante la fase de instrucción, aportadas por la fiscalía y puestas en entredicho por las defensas, advirtieron que las desecharán si advierten cualquier "vulneración de derechos". El juicio ha quedado suspendido hasta que el tribunal resuelva las cuestiones previas.
Las juezas anunciaron este miércoles, al inicio de la sexta sesión de la vista oral, que consideran "suficiente" analizar las actuaciones del Penalva sin necesidad de que declare como testigo. La acusación particular que había propuesto su comparecencia volvió a solicitarla como prueba en el juicio, a lo que se opusieron tanto el ministerio público como las defensas. "No procede", dijo el fiscal Tomás Herranz. "Sería esperpéntico que un juez venga a defender su propia instrucción", replicó al abogado de Cursach, Enrique Molina. Las magistradas deberán así volver a decidir si aceptan que Penalva declare como testigo.
El tribunal también admitió, para resolver las cuestiones previas, el vídeo de la comparecencia de Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, durante la instrucción de la causa en noviembre de 2017. Su defensa sostiene que no es válida porque el juez "ya no era imparcial" en ese momento y, por tanto, que Sbert nunca ha declarado como imputado en el procedimiento. En el vídeo, proyectado durante la sesión de ayer del juicio, Sbert acusa a Penalva de "estar contaminado" y de creer "ciegamente a testigos falsos". También se visionó una entrevista de 2018 a la abogada Teresa Bueyes -personada como acusación particular en el juicio- y a un testigo protegido del caso Cursach en el programa de Televisión Española ‘Hora Punta’, presentado por Javier Cárdenas. Con ella, el abogado de dos policías locales acusados de corrupción pretende demostrar que Bueyes actúa en nombre de Penalva y Subirán y por ello debe ser expulsada del juicio.
Respecto a las conversaciones de Subirán con diferentes testigos del procedimiento, aportadas por Buyes y que la presidenta del tribunal calificó de "presuntas grabaciones", la magistrada anunció que analizarán "la eventual contaminación de testigos que se haya podido producir".
Concluido el trámite de cuestiones previas, las partes propusieron una gran cantidad de pruebas nuevas para el juicio. La mayor parte de ellas fueron de los letrados de los policías locales acusados de llevar a cabo inspecciones arbitrarias e irregulares en los establecimientos que hacían la competencia a los de Cursach. Pidieron una serie de documentos con los que pretenden acreditar que las actuaciones eran correctas, que respondían a denuncias y quejas vecinales y que se ajustaban a la normativa. Uno de los defensores y una de las acusaciones reclamó que comparezcan como testigos Antonio Sbert y Jaime Lladó, exculpados el primer día del juicio. También se solicitaron diversos documentos para intentar evidenciar las presuntas irregularidades durante la instrucción.
Tensa espera
El juicio ha quedado ahora suspendido a la espera de que el tribunal resuelva la avalancha de cuestiones previas -más de medio centenar- planteadas por las partes. La decisión principal es si la vista oral continúa, ya que las defensas han reclamado casi de forma unánime que se anule todo el procedimiento y se absuelva a todos los acusados sin ni siquiera llegar a celebrar el juicio.
"Vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para abordar el auto que se merece este procedimiento", anunció la presidenta del tribunal Samantha Romero, que dijo no poder avanzar cuánto tiempo tardarán en redactar el auto. La magistrada anunció a las partes que cuando tengan lista la resolución volverán a convocarles para notificársela y darles la posibilidad de efectuar posibles protestas. Romero no dio pistas sobre la posición del tribunal, ya que aunque habló de la necesidad de "reorganizar el calendario" previsto tras su decisión, luego apostilló que sería "en caso de continuar".
