Un año y medio de cárcel piden para Bartolomé Cursach en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma y 29 años a doce jóvenes en la sección segunda por una protesta antiturística. Son las dos caras de una fiscalía fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Alérgica al confeti y compasiva con magnates de la noche.
Ambos juicios empezaron ayer, dos espejos en los que la justicia se mira y sale muy poco favorecida. Mientras en uno se sucedían las absoluciones, en el otro una joven se defendía de una petición de cuatro años de cárcel por una protesta en la que, aseguró, ni siquiera estuvo presente. Casi tanta pena como la que suman Cursach y Tolo Sbert, su mano derecha, cinco años en total. Eso si en los próximos días la fiscalía no sigue desinflando la que va camino de convertirse en una microcausa.
El empresario de la noche entró en la Audiencia con rostro serio y acompañado por su pareja. Minutos antes se había tomado un café en una terraza cercana. "Això és el colmo", pronunció irritado cuando un enjambre de cámaras —había medio centenar de informadores acreditados— interrumpió el desayuno en compañía de su abogado, Enrique Molina, que con un cigarrillo en la mano desafiaba la prohibición de fumar en terrazas que rige en las islas.
En la calle una treintena de personas respondieron a la convocatoria de Arran y Alerta Solidària para mostrar su apoyo a los doce encausados en el ‘caso confeti’. "Tirar confeti sale caro. 29 años de prisión por defendernos del turismo", rezaba la pancarta que desplegaron mientras los protagonistas del otro juicio iban entrando en la Audiencia. Muy sonrientes Pilar Carbonell y Jaime Lladó, que tenían la absolución en la mano. Más serios algunos de los agentes y oficiales de la Policía Local de Palma que pese a las rebajas siguen cargando con importantes peticiones de prisión.
El más madrugador fue Bernardí Seguí, funcionario de Turismo que llegó al edificio de la Audiencia a las 09:12 horas. Fue una mañana de contrastes y de algún despiste, como cuando alguien confundió al director general de IB3, Andreu Manresa, con Cursach.
Dentro del patio de la Audiencia abogados, acusados y absueltos conversaban mientras esperaban a que las dos secciones abrieran sus puertas. Los doce acusados por la protesta antiturística dedicaron al magnate de la noche algunas miradas airadas. Cada uno de ellos carga con una petición de cárcel superior a la de Cursach.
"Don Juan"
Empezó primero su juicio, la primera de muchas sesiones. "No pueden abandonar la sala a discreción", reprochó la magistrada Samantha Romero después de que el magnate y otro acusado se marcharan unos minutos —se supone que para ir al baño— sin pedir permiso. Fue la única amonestación que se escuchó durante un plácido estreno, tanto que incluso hubo algún exceso de familiaridad. Como cuando Molina se refirió al fiscal Juan Carrau como «don Juan» hasta en dos ocasiones.
A pocos metros de allí el magistrado Juan Giménez daba inicio al juicio del ‘caso confeti’. "Tiene la obligación de decir la verdad. En caso contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio", le dijo a la primera acusada antes de declarar. "Eso sería si fuera una testigo", le previno algo alarmado su abogado, Josep de Luis. "Tiene razón, entonces responda a las preguntas que quiera", corrigió el juez.
