El bloqueo institucional llega el próximo domingo, 12 de junio, a otra meta volante. Ese día vence el mandato de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su actual presidente, Pedro González-Trevijano. Dos nuevos miembros deberían ser nombrados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero, hoy por hoy, esa renovación no se puede tramitar con normalidad, porque el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace más de tres años y medio, no pueden proponer nombramientos. La duda es si el Ejecutivo de Pedro Sánchez finalmente procederá a designar a los dos magistrados de su cupo para conquistar una mayoría progresista en el TC en caso de que el PP siga vetando el relevo en el CGPJ. Desde la Moncloa, a esa pregunta, fuentes del máximo nivel responden que se sopesan "todas las opciones" ahora mismo. Cabría, por tanto, esa elección directa —con el riesgo de que pueda ser tumbada por el propio tribunal—, o incluso otras vías como cambiar la ley para permitir que el Poder Judicial, aun con el mandato caducado, sí pueda nombrar a los miembros de su cupo al TC.
En el corazón del Ejecutivo no quieren "desvelar" sus "cartas" por adelantado. Es decir, que el Gabinete pretende comprobar primero la disposición del PP y mantener a resguardo su estrategia frente a Génova. Los populares no han sido claros respecto a sus intenciones, aunque lo que sí es un hecho es que no habrá negociación antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Pero en la Moncloa no se descarta por completo que pueda haber un golpe sobre la mesa en cuanto venza el mandato de los cuatro magistrados de salida del TC, lo que implicaría ya hacer un primer gesto de cara al Consejo de Ministros del próximo martes 14. "Estamos viéndolo todo", insistía este miércoles un ministro.
En el Ejecutivo subrayan que no quieren "desvelar" sus cartas por adelantado, para no dar pistas de la estrategia a Génova
La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguraba la semana pasada durante una visita institucional en Canarias que había tres vías posibles para lograr el desbloqueo del TC. La primera es la obvia, la que el Ejecutivo persigue desde el principio: que finalmente cuaje el pacto con el PP para renovar el Poder Judicial y por tanto se produzca el relevo en el TC por el mecanismo habitual, que el Gobierno elija a dos magistrados (en este caso, dos progresistas) y el CGPJ los otros dos (el órgano de gobierno de los jueces siempre propone un candidato progresista y uno conservador).
Segunda vía, en palabras de Llop: ver qué va a pasar con el recurso que el TC tiene que resolver sobre el cambio que PSOE y Unidas Podemos impulsaron en la ley orgánica del Poder Judicial el año pasado. El bipartito forzó una modificación de la norma para impedir que un CGPJ con el mandato caducado pudiese efectuar nombramientos, cambio que pergeñó para intentar que el PP se aviniese al pacto. No lo consiguió. Ahora esa reforma se ha convertido en una trampa para el propio Gobierno de Sánchez. Y el TC, además, podría declararla inconstitucional.
Dudas en los expertos
Para Llop, la tercera vía es la más conflictiva. También la más arriesgada para el presidente: que el Ejecutivo nombre a los dos magistrados de su cuota sin que el CGPJ pueda designar a los suyos. Como decía la ministra, a juicio de los expertos “no está claro si es posible o no”.
Y es que la limitación se halla en la propia Carta Magna de 1978. En su artículo 159, consigna que los 12 miembros del TC son designados “por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”. El texto indica cuáles son esos tercios: cuatro magistrados son nombrados por el Congreso; otros cuatro, por el Senado, y “dos [son elegidos] a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del CGPJ”. Esa redacción hace que se planteen dudas de la capacidad del Ejecutivo de nombrar a sus dos magistrados del TC sin que lo haga a la vez el Poder Judicial. La situación es inédita, toda vez hasta marzo de 2021 el órgano de gobierno de los jueces podía efectuar nombramientos aun estando en funciones.
El pleno del tribunal de garantías, dominado por la mayoría conservadora, podría bloquear la incorporación de dos nuevos compañeros
Este miércoles, desde el Ejecutivo se señalaban las palabras de la portavoz, Isabel Rodríguez, la víspera, porque habían estado “muy medidas”. Lo que el Gobierno exige al PP, dijo, es que “se avenga a dar cumplimiento a la Constitución y, por tanto, a desbloquear el CGPJ, para así poder nombrar, con normalidad, a los magistrados del TC”. La ministra repitió una y otra vez esa coletilla, la elección “con normalidad” de los cuatro miembros del tribunal de garantías que toca renovar ahora. Dicho de otra manera, si el relevo no puede efectuarse “con normalidad” porque el PP no se sienta a negociar, el escenario es otro. Y ahí el Ejecutivo ya se plantea no quedarse de brazos cruzados.
La elección directa de dos magistrados es una opción que incluso dentro del Gobierno no se tiene clara. Hay miembros de Gabinete que la desaconsejan porque podría ser tumbada por el TC, aunque esa resolución podría tardar meses en llegar. Pero realmente el bloqueo a los planes de Sánchez podría ser más inminente, ya que el pleno del TC, dominado por la mayoría conservadora, podría bloquear la incorporación de dos nuevos compañeros alegando que la renovación por tercios que mandata la Constitución no se ha completado.
Y es que la ley que regula el Constitucional estipula que es preceptivo que los magistrados se reúnan para autorizar las incorporaciones y verificar que se cumplen los requisitos. Siempre ha sido un mero trámite, pero ahora la situación tan excepcional podría abocar a que ese paso mudase en un veto a las intenciones del Ejecutivo.
Mayoría de 7-5
El Gobierno anhela un cambio de signo en el TC a la vista de que quedan pendiente de resolución muchas cuestiones sensibles, como los recursos de la derecha contra la ley de plazos del aborto de 2010, la ley de eutanasia (2021) o la Lomloe ('ley Celaá'), de 2020. Hoy, la mayoría es de siete magistrados conservadores por cinco progresistas. Si se renovase el tercio completo, el TC se inclinaría 7-5 a favor de la izquierda, ya que de esta renovación saldrían tres conservadores (el presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares) y un progresista (el vicepresidente de la institución, Juan Antonio Xiol). Si solo hay una renovación parcial, la mayoría sería igualmente de izquierdas 7-5, ya que saldrían González-Trevijano y Narváez, propuestos ambos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en junio de 2013.
El negociador de Feijóo, González Pons, afirmó hace una semana que el relevo en la cúpula judicial habría de hacerse "con la ley actual"
Fuentes de la cúpula del PP no emiten señales de cuáles serán los siguientes pasos y de hecho Alberto Núñez Feijóo, en su debut en el Senado frente a Sánchez, el pasado martes, no recogió el guante que este le tendió. “Ya cambiaron la norma que restó competencias al CGPJ y ahora amenazan con cambiar otro tipo de reglas. Hoy hablamos de la OCDE [del recorte del crecimiento previsto para España], de Marruecos y Argelia. Lo de los jueces es solo cosa de la Moncloa y de los medios. A nadie más le importa”, indican desde el equipo del nuevo líder popular. Feijóo gusta de no pasar de pantalla antes de tiempo. Y la pantalla actual son las andaluzas del 19-J, en las que espera la victoria holgada del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que vaticinan todas las encuestas, a mucha distancia del PSOE de Juan Espadas.
Miembros del Ejecutivo creen que Feijóo tendrá difícil bloquear por más tiempo la renovación del CGPJ a la que siempre se negó su antecesor, Pablo Casado. Recuerdan, además, que el negociador designado por Feijóo, Esteban González Pons (contraparte del ministro Félix Bolaños), afirmó en una entrevista en ‘El Mundo’ hace una semana que la renovación del CGPJ habría de hacerse “con la ley actual”. Un gesto en positivo a ojos de la Moncloa. Por eso mismo nunca hubo acuerdo con Casado, porque exigía una reforma de la ley del Poder Judicial para hacer que los jueces (y no las Cámaras) elijan a su órgano de gobierno. Los socialistas consideran que esa fórmula produciría siempre mayorías conservadoras en el CGPJ e insisten en que son Congreso y Senado los depositarios de la soberanía nacional.
No obstante, Feijóo tendría un aliciente para continuar con el bloqueo: si en año y medio, cuando se esperan las generales, el PP alcanza la Moncloa (con el apoyo de Vox), como pronostican las encuestas, le sería incómodo un nuevo CGPJ (su mandato es de cinco años) y un TC de mayoría progresista.
A la espera del 19-J, Gobierno y PP miden sus pasos y afilan sus estrategias. Pero esta vez el Ejecutivo parece dispuesto a forzar la renovación del TC, con o sin el PP. Aunque esa vía no esté tan clara.
