Un juzgado de Igualada investiga por un delito contra el medio ambiente al alcalde de la Llacuna (Anoia), Josep Parera Tort, y al primer teniente de alcalde de Medio Ambiente, Josep Martí Morgades, a los que la fiscalía les atribuye haber consentido el vertido de aguas residuales de la población sin depurar en la riera que pasa por el término municipal y, en concreto, en la zona de El Pla. La querella, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, la presentó la acusación pública el pasado abril y el magistrado que se ha hecho cargo de su tramitación ya ha citado para declarar como imputado al alcalde.
“Siempre he luchado para que se construyera la depuradora y la he reclamado por todas las maneras posibles. Pero es la Agència Catalana del Aigüa (ACA) quien debe levantarla”, aseguró a este diario Parera. El alcalde apuntó que hace unos tres meses se aprobó el proyecto para su instalación y que, incluso, ya se han elegido los terrenos. Sin embargo, el Servicio de Medio Ambiente de la fiscalía barcelonesa sostiene que los vertidos se vienen produciendo desde el 2012. Según sus cálculos, en el periodo comprendido entre ese año y 2020 se han vertido en la riera de la Llacuna 300.000 metros cúbicos de aguas residuales procedentes del sistema de saneamiento de esta localidad de algo menos de 1.000 habitantes.
La fiscalía precisa que los responsables municipales en la materia, el alcalde y el teniente de alcalde, no llevaron a cambio “ninguna actuación encaminada a la resolución de la problemática”. En 2021, los Mossos realizaron varias inspecciones oculares “comprobando in situ que persistía el vertido”, circulando las aguas contaminantes por la superficie del cauce, al menos, 600 metros abajo del punto del vertido. En uno de los controles se constató que el volcado se realizaba por la salida de un tubo, presentando el cauce de la riera un “aspecto degradado e insalubre, con acumulación de residuos y sedimentos”. La última inspección se realizó este último 12 de enero.
Contaminación elevada
La querella relata que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Bioquímica (DBO) obtenidos en los análisis reflejan "un nivel de contaminación mucho más elevado” que los habituales para un tipo de agua residual asimilable a la doméstica. Tan solo una muestra, la recogida en la Font de la Cuitora, arroja un resultado dentro de los parámetros.
El fiscal recoge que, según el informe de valoración ambiental, el vertido continuado de aguas residuales “sin ningún tipo de tratamiento, ni depuración”, provoca que “la materia en suspensión, en forma de fango o sedimento, se deposite sobre el lecho del cauce, y la fracción no sedimentada se acumula en la superficie y alrededores” de la riera. Esta situación origina, detalla la acusación, “no solo un desagradable impacto visual, sino además la generación de olores insalubres” por la “degradación y fermentación de la materia orgánica”, así como una afectación “al desarrollo de la vida acuática y la propagación de organismos patógenos perjudiciales para la salud humana”.
Según la querella, el alcalde y el regidor han consentido el vertido de “sustancias potencialmente peligrosas” para el medio ambiente, “asumiendo conscientemente el riesgo derivado del incumplimiento de la normativa”, pese a “tener conocimiento cuanto menos desde el 2012 de la situación” y “obviando” la adopción de medidas eficaces tendentes a “minimizar” el daño ambiental. Al entender de la fiscalía, los encausados han “quebrantado” las disposiciones legales” que les investían “como garantes de la protección del medio ambiente y de la salud pública” en su ámbito territorial-
