El Govern catalán, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado este lunes el decreto ley que pretende blindar el catalán en las aulas como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña que obliga a ejecutar el 25% de clases en castellano antes del 31 de mayo. El Govern de Pere Aragonès pone en marcha esta vía después de que la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales esté paralizada a la espera de que el Consell Garanties Estatutàries se pronuncie sobre su constitucionalidad a petición de Vox, Cs y PP. El objetivo sigue siendo una respuesta doble: de un lado, la ley vía Parlament, y, de otro, el decreto del Executiu. Estas son las claves del texto legal que ya ha entrado en vigor:
El contenido del decreto
El decreto ley deja claro el rechazo a los porcentajes de catalán y castellano en las aulas y establece que el Departament d'Educació validará los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos de Cataluña -en un máximo de 30 días-, eximiendo así a las direcciones de las escuelas e institutos de posibles responsabilidades legales.
El objeto del decreto es "fijar los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y de los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos, a efectos de establecer los aspectos relativos en la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales en cada centro".
El artículo 2 establece que el fin es que los alumnos logren "el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al final de la enseñanza obligatoria" con evaluaciones periódicas cada dos años como máximo, que los proyectos lingüísticos deben acomodarse "al análisis del entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística" y queda por escrito "la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas".
Los apoyos
El Govern ha enfilado ya la negociación con los 'comuns' para que este decreto ley sea convalidado en el hemiciclo catalán. Y es que con la CUP fuera de la ecuación sobre el catalán en las aulas, y el PSC en contra de explicitar el rechazo a los porcentajes en las escuelas porque "desafía a los tribunales", sólo los morados se contemplan como aliados en el Parlament para aprobar el texto.
Los anticapitalistas consideran que no se ha negociado lo suficiente con la comunidad educativa y que tanto la ley como el decreto "consagra la segregación escolar" por razón de lengua porque cada centro educativo decidirá el uso de las lenguas atendiendo a su realidad sociolingüística. La propuesta cupera es que el catalán sea la "única" lengua vehicular y que haya un único proyecto lingüístico en todas las escuelas e institutos de Cataluña.
Previsiblemente, la convalidación del decreto en el Parlament se hará esperar porque Cs ya ha anunciado que lo llevará al Consell de Garanties Estatutàries al considerarlo "otra treta para saltarse la sentencia del 25% de castellano" en las aulas.
Posible recurso al Constitucional
Es más que probable que el PP y Vox lleven el decreto al Tribunal Constitucional. Ambos grupos pueden hacerlo ya que tienen más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados (los populares tienen 88 y la extrema derecha, 52). De hecho, el PP y Cs ya anunciaron que sí presentarán un recurso de inconstitucionalidad sobre la nueva ley que se prevé aprobar en el Parlament cuando pase el filtro del Consell de Garanties Estatutàries.
El decreto estará acompañado de la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria que fue pactada por el PSC, ERC, Junts y 'comuns'. Esta propuesta, que el hemiciclo avaló tramitarla por la vía rápida, está a la espera de recibir el plácet del Consell de Garanties Estatutàries, órgano que analiza la constitucionalidad de los textos. A este organismo acudieron Vox, Cs y PPC el pasado jueves para dilatar su aprobación en el Parlament -prevista inicialmente para el pasado viernes- por lo que, teniendo en cuenta que el CGE tiene siete días para responder, no llegará a tiempo para que sea vigente antes del 31 de mayo, cuando finaliza el plazo dado por el TSJC para ejecutar su fallo. De todas formas, con el decreto vigente, se informará al tribunal de la tramitación de esta ley que será aprobada con mayoría suficiente (78% de los parlamentarios) en el pleno.
La ley sobre el catalán
El decreto estará acompañado de la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria que fue pactada por el PSC, ERC, Junts y 'comuns'. Esta propuesta, que el hemiciclo avaló tramitarla por la vía rápida, está a la espera de recibir el plácet del Consell de Garanties Estatutàries, órgano que analiza la constitucionalidad de los textos. A este organismo acudieron Vox, Cs y PPC el pasado jueves para dilatar su aprobación en el Parlament -prevista inicialmente para el pasado viernes- por lo que, teniendo en cuenta que el CGE tiene siete días para responder, no llegará a tiempo para que sea vigente antes del 31 de mayo, cuando finaliza el plazo dado por el TSJC para ejecutar su fallo. De todas formas, con el decreto vigente, se informará al tribunal de la tramitación de esta ley que será aprobada con mayoría suficiente (78% de los parlamentarios) en el pleno.
