El tercer aniversario de las elecciones autonómicas de 2019, el pasado día 26, y la celebración, este lunes, del Día de Canarias marcan, en el actual contexto político en las Islas y en Madrid, un punto de inflexión que va a condicionar la recta final de la legislatura en los ámbitos estatal y regional. Ambas efemérides, prácticamente coincidentes en el calendario, tienen lugar en un momento en que Canarias comprueba que su agenda de relaciones con el Estado sigue teniendo diversos puntos calientes de fricción que ambas partes tratan de minimizar, pero que se están haciendo evidentes en las últimas semanas.
El Gobierno regional del pacto de las flores que preside Ángel Víctor Torres mantiene la presión sobre el Ejecutivo central de Pedro Sánchez para tratar de llevar a su terreno los contactos o negociaciones en marcha sobre la mayoría de los asuntos en controversia, mientras en Madrid la coalición gobernante se ve inmersa en una crisis interna, dentro del propio Consejo de Ministros y a nivel parlamentario, que deja en el aire el futuro de la legislatura estatal y la aprobación de diversas leyes importantes aún por tramitar. Tanto en la política canaria como en la estatal va creciendo la sensación de que el verano que se acerca va a ser el rubicón a partir del cual empieza la cuenta atrás para un nuevo periodo electoral, y que los temas esenciales en agenda necesitan de un impulso en el próximo mes de junio para tratar de tener un buen balance antes del inicio del próximo y decisivo curso político.
Canarias mantiene en este contexto varias carpetas abiertas con el Estado con materias sensibles para el devenir político de las Islas en los próximos meses y para ese balance que el Ejecutivo regional quiere presentar de cara a las elecciones autonómicas de dentro de un año. Conscientes además de que la cercanía de los comicios va a hacer más difícil la convivencia dentro de la coalición de PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG, los principales líderes del Ejecutivo regional buscan cerrar o al menos encauzar todos los asuntos pendientes, algunos de ellos aplazados en el tiempo por la urgencia impuesta en los dos años anteriores por la pandemia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, la crisis del volcán de La Palma, y finalmente por la guerra en Ucrania y sus efectos económicos.
La visita el pasado miércoles del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ejemplifica sin embargo las distintas visiones que se tienen desde las Islas y desde Madrid de la urgencia e implicación que requieren cada uno de los asuntos en tensión. Albares aterrizó en Tenerife para dar personalmente e in situ una explicación sobre las nuevas relaciones Marruecos y sus efectos en Canarias, pero su viaje y sus explicaciones no han aportado nada respecto a lo dicho desde la firma del acuerdo con Rabat hacía casi dos meses, y mantiene el malestar provocado en todo el ámbito político y social en el Archipiélago por el giro dado pro España sobre el conflicto del Sáhara.
Costas y carreteras
No hay por el momento efectos tangibles sobre la presión migratoria hacia las costas canarias, y el escepticismo preside el inicio de la negociación para la delimitación de los espacios marítimos en la fachada atlántica frente a Canarias, o sobre el control de los riesgos medioambientales en las prospecciones petrolíferas autorizadas por Rabat en aguas próximas a las Islas.
Entre tanto, el Estado mantiene el pulso con la comunidad autónoma en otros dos asuntos importantes como son el traspaso de las competencias de gestión del litoral, con más de un año de negociación, y la resolución del conflicto en torno al convenio de carreteras. En el primero, siguen las negociaciones para que esa transferencia se haga en julio en las mismas condiciones de medios materiales y personal que se hizo en su día con Andalucía y Cataluña, las únicas comunidades a las que ya se ha traspasado esta competencia. El bloqueo al que de momento tiene sometido el Ministerio de Transición Ecológica esa transferencia y los constantes aplazamientos de la misma durante el último año siembran dudas sobre el calendario real para dar cumplimiento a este punto esencial del reformado Estatuto de Autonomía de 2018.
En relación con el convenio de carreteras, el Gobierno regional ha abierto un nuevo punto de conflicto con el Estado al asegurar que una cláusula del documento obligaría a la comunidad autónoma a asumir el coste de las obras fijadas en él que no se hayan hecho durante la vigencia del actual plan viario, en 2027, lo que dejaría 51 obras por un valor de más de 4000 millones en manos del Ejecutivo autonómico. La negociación está abierta, aunque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya ha dicho que el Estado aceptaría pasar todas esas obras, así como su financiación, a un nuevo convenio. La consejería de Obras Públicas, sin embargo, tras haber alcanzado un acuerdo para el pago de los 407 millones que quedaban pendientes de la deuda por los recortes entre 2012 y 2017, necesita de mayores garantías sobre la anulación de la mencionada cláusula.
El REF en Europa
Desde hace semanas, el Gobierno regional está poniendo el énfasis en otro asunto sensible para las Islas y siempre objeto de grandes tensiones con Madrid como es el respeto al REF. En este caso a cuenta de las reformas normativas que se producen en el seno de la UE como son la imposición de una ‘tasa verde’ al transporte aéreo y marítimo, que perjudicaría gravemente a la industria turística, y la implantación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las multinacionales, que dejaría sin efecto algunos puntos sustanciales de las singularidades fiscales isleñas. El Ejecutivo canario reclama un acción al máximo nivel para la defensa del REF y las singularidades de las RUP en las directivas europeas, pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero reconoce ya "dificultades" para lograr ese objetivo.
Canarias también ha tenido que batallar frente al Estado la retirada de una disposición que liberalizaba la implantación de las plantas regasificadoras en las Islas, incluida inicialmente en el decreto de medidas de choque contra los efectos de la guerra en Ucrania pero que el Gobierno central ha corregido en el proyecto de ley que empezará a tramitarse en unas semanas en el Congreso. La redacción de la corrección tiene sin embargo distintas interpretaciones sobre su efecto práctico y está sujeta a las enmiendas que se presenten en el Congreso.
Toda esta agenda de asuntos pendientes o conflictos activos entre Canarias y el Estado, entre otros, se produce en un momento de gran nerviosismo en el Gobierno de Pedro Sánchez por las crecientes dificultades de mantener cohesionada su precaria mayoría en el Congreso, bien por el escándalo del espionaje a independentistas en el caso Pegasus, o por desacuerdos internos entre PSOE y Unidas Podemos en algunas leyes. El pasado jueves, ambas formaciones votaron por primera vez separados un proyecto de ley, el de Comunicación Audiovisual, y muchos entiendes ente momento como de punto de no retorno en las relaciones entre ambos socios para el resto de la legislatura, lo que hace suponer que será muy difícil que Sánchez esté en condiciones de presentar tras el verano un proyecto de presupuestos estatales para el 2023. Esos hipotéticos presupuestos en enero podrían dar en todo caso la medida de cumplimiento de la agenda canaria con el Estado a pocos meses de las elecciones de mayo.
