Suscríbete

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Congreso de los Diputados

El Gobierno pierde el control de tres asientos canarios en el Congreso

Meri Pita anuncia su salida de Podemos y Sánchez pierde un apoyo seguro. EFE

Inaudita y rocambolesca situación en el Congreso que afecta a tres de los 15 escaños canarios en la Cámara baja y que podría determinar el futuro de varios proyectos legislativos importantes en lo que queda de legislatura, e incluso el propio devenir de la misma si el Gobierno pierde esas votaciones. Por distintas razones y situaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha perdido el control de esos tres votos que en principio estaban integrados en la mayoría de la coalición gobernante y sus socios, y están ahora sujetos a diferentes circunstancias que impide mantenerlos como fijos en ese espacio. Son causas muy distintas las que afectan a cada uno de ellos, pero en los ámbitos parlamentarios llama la atención el hecho de que en los tres casos se trate de escaños de parlamentarios de las Islas, el de los ya ex representantes de Unidas Podemos (UP) Alberto Rodríguez y Meri Pita, y el del diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo.

El primero de ellos aún sin cubrir desde que en octubre pasado el tinerfeño perdiera el acta de diputado, tras una sentencia del Supremo, y que ahora el Tribunal Constitucional se dispone a estudiar. El segundo, el de la diputada por Las Palmas que Unidas Podemos considera «tránsfuga» por pasarse al Mixto y a la que le pide que devuelva el escaño al partido en cuyas listas fue elegida. Lo cierto es que la pérdida de esos dos escaños reducen a 33 los 35 que UP logró en las elecciones y ponen en aprietos al Ejecutivo y su exigua mayoría.

Finalmente, el caso de Quevedo tiene otro componente y naturaleza (su acuerdo electoral con CC para compartirlo temporalmente y cuyo traspaso es inminente), pero incide en esa curiosa situación de escaños canarios movedizos, o en el limbo parlamentario o judicial, de trayectoria accidentada o incierta que pone más picante a esta recta final de la legislatura marcada por el hecho de que el socio parlamentario más importante del Gobierno, ERC, podría retirarle el apoyo por el espionaje destapado en el caso Pegasus.

De momento, el Gobierno cree tener una cierta garantía de que el voto de la diputada por Las Palmas Meri Pita no abandona el espacio de la coalición a la hora de la verdad de las votaciones pese a haber abandonado con cajas destempladas y mucho ruido su grupo de origen para pasarse al Mixto, alegando "deriva orgánica" y "perdida de principios» por parte de la dirección del partido y del grupo parlamentario.

En los casi dos meses que Pita lleva en el Mixto, el sentido de su voto en el pleno de la Cámara ha sido siempre concordantes con el de su grupo de origen, y tanto desde UP como desde el PSOE confían en que será así en el caso de los proyectos legislativos de gran trascendencia que están en tramitación o que se remitirán a la Cámara en los próximos meses, entre ellos la ley de Vivienda, la de rehabilitación edificatoria, la de Seguridad Nacional, la de creación y crecimiento de empresas, la de garantía integral de la libertad sexual, la de reforma del aborto… y quizá los presupuestos estatales antes de finalizar el año.

Pero apelando a los argumentos de Pita sobre su portazo a Podemos, formación de la que fue una de las fundadora y máxima dirigente en Canarias, la «caza de brujas» orgánica denunciada, o la incapacidad de la dirección del partido y del grupo para admitir y defender algunas propuestas sobre las Islas, no hay que descartar que se desmarque de algunos de esos proyectos o de aspectos de los mismos. En todo caso, su marcha al Mixto obliga a los portavoces y negociadores del PSOE y de UP a extender sus rondas de consulta a un interlocutor más en busca de los apoyos necesarios, a sabiendas que en algunos casos el signo final de la votación podría depender de un escaño.

El escaño nacionalista

También cuenta por ahora con el voto seguro de Quevedo, pero en este caso por muy poco tiempo porque el diputado nacionalista deberá ceder el escaño a la persona que le seguía en la lista electoral, María Fernández, perteneciente a CC, en cumplimiento de la alianza electoral entre ambas formaciones para dividirse el tiempo. Dicho acuerdo establecía 30 meses de estancia en el escaño para Quevedo y los teóricos restantes 18 meses para Fernández. Sin embargo, Quevedo alega ahora que sus 30 meses deberían empezar a contar desde la sesión de investidura, y no desde la sesión constitutiva de las Cortes, como defiende CC.

El diputado de NC dice que cederá el escaño tras el último pleno del actual periodo de sesiones, el 30 de junio, pero el otro partido nacionalista canario se lo exige para el 3 de junio, es decir, justo 30 meses después de iniciarse la legislatura el 3 de diciembre de 2019. CC quiere a Fernández en el escaño en los tres plenos del próximo mes.

Más allá de las discrepancias entre nacionalistas a este respecto, lo trascendental en el caso de este escaño es que el Gobierno de Sánchez pierde uno de sus aliados fijos y voto seguro en todas las leyes pendientes de tramitar, con el agravante de que quien sustituirá a Quevedo pasará a engrosar, con todos los matices que se quieran, las filas de la oposición. Aunque la hasta ahora única diputada de CC, Ana Oramas, ha apoyado varias de las leyes importantes del Gobierno, su discurso político, como el del propio líder del partido, Fernando Clavijo, desde su escaño de senador, ha sido de claro enfrentamiento con el Ejecutivo y con el propio Sánchez.

Es evidente, con todo, que CC tratará de sacar provecho de la nueva situación, con dos escaños en el Congreso y una mayoría parlamentaria menguante por parte del Gobierno, para negociar su apoyo a proyectos vitales de la coalición gobernante. Esos dos escaños de CC podrían ser por tanto determinantes en la recta final de la legislatura.

Asiento en el limbo

El caso del escaño que perteneció a Alberto Rodríguez es el más disparatado de todos los que ahora están en ese territorio indefinido de la actualidad política y parlamentaria. Es un voto sobre el que el Gobierno tiene asumido que no podrá contar a corto y medio plazo porque desde la formación morada en las Islas se ha decido esperar a que posibles resoluciones judiciales pueden devolvérselo a quien consideran aún su legítimo dueño, el ex diputado tinerfeño.

Patricia Mesa, número tres de la lista por Santa Cruz de Tenerife en las generales pasadas y la persona a la que correspondería ocuparlo tras la negativa de hacerlo de la número dos, Fátima González, también ha dejado claro, aunque sin explicitarlo, que no acudirá a recoger el acta para dar oportunidad a Rodríguez de recuperar el escaño que le retiró la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una discutida y polémica interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que no quedaba claro si comportaba la pérdida de su condición de diputado.

El futuro de ese escaño todavía vacío se presenta ahora, siete meses después, más incierto desde que el pasado jueves el Tribunal Constitucional admitiera a trámite los dos recursos interpuestos por Rodríguez, uno contra la propia sentencia del Supremo y otro contra la retirada del escaño por Batet.

Aunque el tribunal de garantías no entra en el fondo de las cuestiones planteada por el ex diputado, sí reconoce que es un caso inédito sin doctrina por su parte, y con «trascendencia constitucional» al afectar a derechos fundamentales del recurrente. Lo que abre una ventana de esperanza para que Rodríguez, antes incluso de apelar al Tribunal de Derechos Humanos de la UE, pueda recuperar su acta de parlamentario, y confirma el estrategia de Podemos Canarias y de Mesa, muy cercana al tinerfeño, de mantenerlo vacío hasta que no haya resolución judicial.

Y es una mala noticia para un Gobierno que cada vez tiene más difícil ganar los votos necesarios para sacar adelante sus proyectos, mendicante de votos en el Congreso, y acabar la legislatura según los planes del presidente.

Compartir el artículo

stats