El escritor norteamericano Charles Dudley Warner (1829-1900), muy probablemente en base a una frase de Shakespeare (“La miseria familiariza a un hombre con extraños compañeros de cama”. 'La tempestad', 1611), escribió que “la política hace extraños compañeros de cama”. Y mira por dónde, la investigación de los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, iniciada en el PP por Pablo Casado y Teodoro García Egea -contrato con Priviet Sportive SL que benefició a Tomás Díaz Ayuso- para acabar con la carrera de su hermana, Isabel Díaz Ayuso, y ampliada después, por iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al Gobierno de Pedro Sánchez y otras comunidades autónomas, ha colocado en el mismo campo de tiro a Enrique López, consejero de presidencia, justicia e Interior de Madrid y secretario de Justicia del PP, y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Desde dicho campo de tiro se dispara sobre Concha Sabadell, fiscal europea en representación de España.
Fue Enrique López quien, el pasado 26 de marzo, se pronunció tras conocerse que la Fiscalía Europea había requerido a la Fiscalía Anticorrupción para que le diera traslado de la investigación con el argumento de que el contrato de Madrid se había financiado íntegramente con fondos Feder (Fondos Europeos de Desarrollo Regional). Según la Fiscalía Europea, podría haber presuntos delitos de malversación o fraude.
"Gran desconfianza"
“Quizá [la Fiscalía Europea quiere hacerse cargo de las diligencias] no por motivos de legalidad, sino con un fin no declarado de alargar un procedimiento con fines políticos y mediáticos”, advirtió. Y por si no se deducía de sus palabras él mismo remachó: “Tengo una gran desconfianza sobre los verdaderos motivos que impulsan esa actuación. Irrumpe en un caso que ya tramitaba la Fiscalía Anticorrupción”.
Tanto la fiscal general del Estado como la Fiscalía Anticorrupción se opusieron a traspasar las diligencias a la Fiscalía Europea. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, contestó a la responsable española, Sabadell, que la propuesta de investigar por parte de la Fiscalía Europea suponía una investigación “prospectiva sin un mínimo acervo incriminatorio”.
Esta idea de etiquetar unas diligencias con la palabra “prospectiva” es muy socorrida. La fiscal general del Estado, tras un intercambio de misivas, decidió buscar el respaldo de la Junta de Fiscales de Sala en un momento en el que es atacada en el Consejo Fiscal entre otros asunto por el escándalo aflorado tras haber apartado al fiscal del 'caso Tándem-Villarejo', Ignacio Stampa, de la Fiscalía Anticorrupción, mediante la argucia de denegarle una plaza fija en el concurso fallado el 27 de octubre de 2020. La citada junta respaldó a la Fiscalía General del Estado para que se divida la investigación. La malversación quedaría bajo control de la Fiscalía Europea y los otros delitos seguirían siendo indagados por la Fiscalía Anticorrupción. Una escisión que la Fiscalía Europea, cuyos argumentos no han sido escuchados, rechaza.
Conocidos en el 'caso Gürtel'
Concha Sabadell, nombrada para la naciente Fiscalía Europea, es el objetivo del ataque implícito de Enrique López. Él sabe lo que se hace. Porque fue la fiscal Sabadell, junto con su compañera Concha Nicolás, quienes jugaron un papel decisivo en su recusación en el 'caso Gürtel' 1999-2005 o primera época.
Las acusaciones populares personadas presentaron a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la recusación de López, que debía ser el ponente en la sentencia, en septiembre de 2015, por sus vínculos con la fundación FAES del PP, que proyectaban una aparente falta de imparcialidad, habida cuenta de que el PP era considerado en la causa partícipe a título lucrativo por beneficiarse con algunos fondos de la trama corrupta para gastos electorales.
Tras analizar los múltiples argumentos de las recusaciones, el informe de Sabadell y Nicolás sostenía: “Lo expuesto en este informe no permite rechazar 'a limine' [de entrada] la recusación formulada por lo que es necesario admitir a trámite el presente incidente, que se practique la prueba y que se de nuevo traslado al fiscal…”.
El magistrado López rechazó por escrito del 15 de septiembre la recusación. López explicó que que su "honesta" opinión es que no concurría ninguna causa legal para apartarse del tribunal y recordaba que la abstención injustificada está calificada como una infracción grave en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dudas de imparcialidad
Realizada la prueba con peticiones de documentación y declaraciones de testigos, el fiscal Antonio Romeral, actual teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, señaló en un escrito del 10 de octubre de 2015 que “a la vista de la prueba practicada cabe afirmar que los hechos sobre los que los recusantes [la asociación Adade y el PSOE] sustentaban inicialmente las dudas sobre imparcialidad del magistrado por su relación con el PP han quedado debidamente acreditados”.
Romeral precisaba: “Esa relación incluye, más allá de la vinculación del recusado con la Fundación FAES, la le y legítima y reglada, pero al mismo tiempo decisiva, intervención de dicha fuerza política y de algunos de sus miembros -hoy acusados, imputados y partícipes lucrativos- en su propuesta y nombramiento para ocupar algunos de los más altos y reconocidos cargos en el poder judicial”.
También apuntaba otro hecho: “Al margen de la prueba practicada, esa apariencia de falta de imparcialidad que motiva la iniciativa de los recusantes se ha visto reforzada por las expresivas manifestaciones del propio magistrado recusado quien tras hacerse eco de las alegaciones de las acusaciones y del Ministerio Fiscal viene a reconocer sus “naturales sentimientos de agradecimiento” por tales nombramientos, por más que lo haga desde su íntima convicción de que de ello no habrá de derivarse riesgo alguno”.
Apariencias
El fiscal se limitaba, en su conclusión, a pedir que la Sala de lo Penal analizase el “cumplimiento de los cánones de apariencia de imparcialidad exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y valore si un “observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad del magistrado en este procedimiento”.
El Pleno de la Sala de lo Penal decidió admitir la recusación y apartó al magistrado del tribunal de enjuiciamiento.
Enrique López, que rechazó su recusación y se negó a abstenerse, ha dado la razón con sus actos a aquella recusación, ya que afloró su condición de hombre del PP -entonces formalmente “tapado”- con sus nombramientos en la dirección del partido y en la Comunidad de Madrid.
En cuanto a Concha Sabadell, la fiscal sobrevivió a los ataques de Federico Trillo, encargado por Mariano Rajoy de asesorar sobre la estrategia jurídica a seguir para conseguir la nulidad de la causa. Y defendió la acusación en el juicio que acabó con la sentencia condenatoria… y la moción de censura que provocó la caída de Rajoy en junio de 2018.
