La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es una cuestión de Estado que se ha convertido en una 'china en el zapato' de las relaciones entre los dos partidos con mayor representación política, el PSOE y el PP. Desde entonces han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre los 51 candidatos -entre los que deben elegir doce de los vocales de origen judicial- que componen una lista que fue puesta a disposición del Congreso y el Senado hace más de tres años y que para algunos juristas y vocales del CGPJ ya está caducada.
Así lo señalan a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que cuestionan que en este momento se tenga que elegir entre una lista de candidatos -propuestos algunos por las asociaciones judiciales y otros de forma independiente, tras recoger avales entre sus compañeros- que data de finales de 2018, por lo que deja fuera a casi 300 nuevos jueces que forman parte desde entonces de la Carrera Judicial.
El cuestionamiento parte del sector más conservador del CGPJ, que reconoce no obstante que el asunto ya no corresponde a este órgano, sino al Congreso de los Diputados y al Senado, que son los que podrían anular la lista y solicitar una nueva. No obstante, reconocen que parece algo harto improbable, ya no está en mano de este órgano, sino de las Cortes, y además se requeriría incluso la reforma de una ley orgánica.
Otras fuentes del Consejo reconocen que es cierto que la lista se ha quedado vieja, ya que además de los jueces que no han podido participar están los que, tras tres años de infructuosas negociaciones, ya no tienen interés en formar parte del CGPJ porque han cambiado sus expectativas profesionales o personales. Es el caso del magistrado del Tribunal Supremo José María del Riego, que ha renunciado expresamente a pesar de que sonaba como uno de los nombres seguros desde el sector progresista para integrar el nuevo órgano.
Además, algunos de los candidatos optaban a formar parte de un Consejo como el actual, donde solo algunos de sus miembros tienen dedicación exclusiva, mientras que el próximo órgano de gobierno de los jueces tendrá a sus 20 vocales dedicados exclusivamente a esta labor tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en octubre de 2018.
No obstante, desde el CGPJ se coincide en señalar que, pese a que pueda estar ya caducada, la mejor opción para obtener de una vez la renovación pasa por mantener la lista elaborada en su día y no crear un nuevo obstáculo para la renovación.
Procedimiento inconcluso
Para hacer una nueva lista, en todo caso, sería necesario reformar de nuevo la LOPJ con el fin de permitir que el procedimiento de elección de los nuevos vocales quedara inconcluso, pues eso es algo que la norma no había previsto, algo que llevaría varios meses "Si no se hace así, la ilegalidad sería manifiesta", reconoce a este diario el vocal José María Macías. "Cualquier otra vía es un invento peligroso", añade.
Del mismo modo se manifiestan fuentes parlamentarias. Entre ellas, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, que admite que el cambio de lista no es algo que se esté planteando actualmente, si bien reconoce que su partido se coloca fuera de este asunto por considerar que de nuevo se procederá a un simple cambalache entre los dos partidos mayoritarios.
Desde el PSOE se señala que las listas de jueces para renovar el CGPJ fueron aprobadas en su momento y se han de renovar cuando se renueve el Consejo. "La responsabilidad en el retraso es del PP y su obstinado bloqueo en la renovación", añaden la mismas fuentes.
En diciembre de 2020, jueces, profesores universitarios y juristas integrados en la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial hicieron público un informe en el que ya denunciaban que el actual proceso de renovación del CGPJ, "está aquejado de radical nulidad" y vulnera derechos fundamentales de los jueces salidos de las dos últimas promociones. Advertían además que si los partidos políticos se obstinan en mantener unos trámites insubsanablemente viciados, se exponen a una futura declaración de inconstitucionalidad.
