Tienen prisa. Según los últimos datos oficiales, publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la semana pasada, Cataluña, con 9.398, fue la comunidad autónoma en la que se ejecutaron más desahucios en 2021. Con este panorama, y para evitar que la situación siga empeorando, los movimientos sociales impulsores de la nueva ley catalana antidesahucios, aprobada por amplía mayoría en el Parlament el pasado 23 de febrero, se han reunido este miércoles con el 'president' Pere Aragonès. Le piden que asuma el "liderazgo y la ejecución de la medidas" y "actuaciones para garantizar una ampliación rigurosa, eficaz e inmediata de la nueva ley". Es decir, que haga que la firma de miles de alquileres sociales que se debería derivar de su implementación sea una realidad, y lo sea cuanto antes, "evitando el alud de desahucios que amenaza la cohesión social en los pueblos y ciudades catalanas como consecuencia de la crisis de la vivienda y los impactos de la pandemia".
Publicada en el DOGC este lunes, 7 de marzo, la ley entró en vigor este martes, 8; por lo que sus impulsores quieren que las familias empiecen a beneficiarse de ella ya. Por eso este mismo miércoles , 9 de marzo -este martes era jornada de huelga feminista- representantes de la PAH se han sentado con el 'president' y le han entregado un documento con las bases para un "Plan Ejecutivo de plena aplicación de la ley catalana contra los desahucios". Un encuentro que persigue un "compromiso firme e inequívoco" del Govern para hacerla efectiva desde el primer día. "No se trata solo de aprobar las leyes, se trata de hacerlas cumplir", señalan.
La PAH resume el elaborado documento en tres puntos. El primero es un plan de choque para dejar a cero las mesas de emergencia en Cataluña, la gran asignatura pendiente. "Con más de 128.000 desahucios en Cataluña desde 2008 y sin soluciones valientes y efectivas por parte de las administraciones, las mesas de emergencia están colapsadas con más de 3.440 familias en toda Cataluña. Solo en Barcelona la lista de espera suma más de 700 familias que han perdido su hogar, a día de hoy, sin una solución habitacional digna", subrayan desde la plataforma.
Cesión obligatoria
Desde los movimientos sociales recuerdan que ya la Ley 24/2015 señala en el artículo 5.6, nunca suspendido, que las administraciones, como la Generalitat, son responsables de realojar a las familias vulnerables, algo que se está incumpliendo sistemáticamente desde 2015; lo que no quieren que suceda con la nueva ley. "Además, entre otras medidas para movilizar vivienda social, como el tanteo y retracto, los alojamientos dotacionales o la expropiación, contamos con la herramienta de la cesión obligatoria de viviendas vacías de la banca y los fondos de inversión, que nunca ha sido utilizado por parte de la Generalitat", afean desde la PAH, cuyo objetivo ahora es que el Govern exprima la nueva ley.
El segundo punto del documento redactado por los defensores del derecho a la vivida es la aplicación inmediata de la nueva ley, obligando a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a las familias en riesgo de exclusión residencial en los casos de renovaciones de alquileres sociales, en las finalizaciones de contrato de alquiler y "en algunos casos de empleo sin título habilitante y en precario", es decir, en ocupaciones.
Y, el tercero, es abrir una interlocución directa con el TSJC para actualizar el protocolo de comunicación de desahucios entre juzgados y ayuntamientos, que es de 2013 y "ha quedado totalmente desfasado".
