El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reactivado la parte de la investigación centrada en la presunta trama encabezada por el excomisario José Manuel Villarejo a través de su entramado societario y ha ordenado a la Policía identificar más encargos particulares que le podrían haber efectuado.

El magistrado encargado de investigar las actividades del excomisario y la Fiscalía Anticorrupción quieren profundizar así en la pieza principal del extenso caso Tándem, en la que se investigan presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Se trata de una de las numerosas ramificaciones del procedimiento, que discurre ajena al juicio al que se somete Villarejo estos días en la Audiencia Nacional, centrado en tres concretos proyectos de presunto espionaje.

Además de indagar en otros posibles encargos que pudieron llegar a Cenyt, entramado empresarial del excomisario, el juez quiere oír a los principales investigados: Villarejo; su mujer, Gemma Alcalá; su hijo José Manuel Villarejo Gil; y el abogado Rafael Redondo, señalado como su socio, una condición que él niega.

Todos ellos están siendo juzgados en la Audiencia Nacional y, al margen del juicio, deberán comparecer ante el juez instructor el próximo 28 de febrero, de acuerdo a la providencia a la que ha tenido acceso Efe este viernes.

El juez toma esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien reclamó, además, con el objetivo de "completar la instrucción" de esta pieza, oír la versión de los trabajadores del grupo Cenyt, a quienes el magistrado emplazará más adelante en calidad de testigos.

También accede el juez a librar una segunda ampliación de la comisión rogatoria que ya se dirigió a la República Dominicana para "reconstruir completamente el movimiento de los fondos recibidos de algunos de los más importantes clientes contratantes del Grupo Cenyt, y la averiguación del patrimonio acumulado en el exterior por los miembros de la organización criminal vinculados" al mismo.

La investigación de esta pieza está centrada en determinar el "concreto rol" de los miembros de la presunta trama en "el desarrollo de la continuada actividad delictiva" de Cenyt, como indicaba Anticorrupción en un informe.

La Fiscalía sostiene que Villarejo, "titular real" de este entramado, se lucró "mediante contrataciones con clientes privados con abuso de su condición de funcionario policial en activo", destinado a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, "donde desarrollaba funciones de inteligencia y captación de información de interés policial".