La sentencia de los ERE de Andalucía, que condenó entre otros a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, espera aún ser ratificada o modificada en el Tribunal Supremo tras cumplirse algo más de dos años de la presentación de los recursos de casación. Las cuentas que maneja el tribunal pasan por dictar sentencia la próxima primavera, según fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de España, una decisión de calado que incidiría en plena precampaña de las elecciones autonómicas andaluzas.
La cuestión afectará de un modo u otro a los movimientos de los partidos políticos en Andalucía, puesto que aún no se sabe si las elecciones andaluzas se celebrarán en octubre o serán adelantadas al mes de junio.
De lo que no cabe duda es que lo que diga el Supremo, o incluso la 'espada de Damocles' que supondrá tener este asunto a punto de estallar durante gran parte del el año próximo, afectará a los discursos del PSOE como del PP y también a la estrategia de partidos como Vox de cara a enfrentar la batalla electoral andaluza.
En todo caso, otras fuentes de alto tribunal consultadas por este diario aventuran una deliberación larga, dado que el Supremo se enfrenta a una sentencia de más de 1.800 folios dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla que han impugnado un total de 21 recurrentes, a los que hay que sumar los argumentos en favor de la confirmación de las condenas por parte del PP y de la Fiscalía.
Con independencia de los calendarios de la política, la realidad es que no fue hasta el pasado mes de octubre cuando se designó al magistrado Eduardo de Porres como ponente de la sentencia que dará firmeza o anulará aspectos de la resolución que fue dictada contra Chaves y Griñán en noviembre de 2019.
Perfil conservador
Se trata de un magistrado del ala conservadora del alto tribunal, miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que antes de recalar en el alto tribunal fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Por el momento, según las fuentes consultadas, aún no se ha designado al resto de magistrados que integrarán la Sala que debe decidir sobre este asunto, ni tampoco hay fecha de inicio de las deliberaciones que tendrán que producirse sobre la ponencia de De Porres. El debate, en todo caso, podría prolongarse durante semanas dado el alto número de recurrentes, teniendo en cuenta lo ocurrido en casos de similar complejidad como fue el 'caso Malaya' sobre corrupción en la Costa del Sol.
Varios Gobiernos
La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que estimó casi en su integridad los argumentaciones del Ministerio Público, según el cual hubo un plan preconcebido y adoptado de forma colegiada y compartida por los sucesivos gobiernos andaluces para gastar más de 700 millones de euros de forma deliberadamente ilegal, según informó en su momento EP.
En este caso se analizó el procedimiento a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, una resolución que condenó a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas que se sentaron en el banquillo.
La mencionada sentencia, de 1.821 folios, condenó al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
La sentencia recurrida ante el alto tribunal parte de la idea de que los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.
En cuanto a los recursos de casación, el de Griñán sostiene que "todas las actuaciones culminaron siempre con la aprobación de la Ley por el Parlamento. A tal efecto, su defensa argumenta que "no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos".
La defensa de Chaves, por su parte, defiende en su recurso ante el Supremo que el expresidente, "en su condición de presidente de la Junta de Andalucía, se limitó a participar en la formalización de la aprobación, por parte del consejo de gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles", advirtiendo al alto tribunal de que lo que se presentó como prueba de cargo no es más que un "compendio de prejuicios, juicios de valor y elucubraciones".
Otras condenas
Otros condenados fueron exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación, mientras los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) resultaban condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.
También se impuso pena a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo , de seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, mientras el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez eran condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos.
Además, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 a causa de una neumonía, era condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
La sentencia también vio delito en el proceder de Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo y sucesor de Guerrero, era condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos, mientras el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá resultaba condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación.
De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez era condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación y, en paralelo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano eran condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación.
Finalmente se condenó al ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, pesando el hecho de que sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos totalmente, en concreto el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
