El Gobierno condena el acoso a la familia de Canet y ofrece colaboración al Govern para proteger al menor

La polémica sigue arreciando después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) atendiera la petición de una familia para que su hijo, un alumno de educación infantil (P5) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, recibiera más enseñanza en castellano. A raíz del fallo, que obliga al centro a impartir el 25% de sus asignaturas en español, comenzaron las protestas de las familias contrarias a ella, hasta el punto de que se habrían producido amenazas que han motivado dos denuncias ante la Fiscalía. El Ejecutivo ya señaló el jueves que toda amenaza a la convivencia en las aulas en Cataluña se investigará, pero este viernes movió otra ficha.

Lo anunció la portavoz, Isabel Rodríguez: "El Gobierno rechaza y condena cualquier tipo de situación de acoso que se haya podido producir en los centros escolares y ya les informo [de] que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se ha puesto en contacto con el consejero de Educación de la Generalitat catalana para sumar desde el Gobierno de España cualquier colaboración, toda la colaboración necesaria para evitar que se produzca ningún tipo de acoso en este asunto ni en ningún otro, en Cataluña ni en ninguna otra parte de España y mucho menos en la escuela, que debe ser el ejemplo de la convivencia y las relaciones más cívicas". 

El conseller Gonzàlez-Cambray ha dado su apoyo a las familias que defienden el actual modelo de inmersión lingüística. Este jueves, cuando debía aplicarse la sentencia del TSJC, el titular de Educación se desplazó al centro y expresó su condena a "cualquier tipo de violencia y de amenaza a la convivencia" y denunció el "intolerable" ataque que el fallo judicial supone para la escuela catalana. El conseller y ocho de sus predecesores suscribieron un manifiesto de respaldo al vigente sistema lingüístico, nacido de un "amplio consenso", con un "marco jurídico plenamente vigente" que permite conseguir "las competencias escritas y orales de las lenguas oficiales al finalizar la etapa obligatoria".

El cumplimiento de la 'ley Celaá'

Cuando se le preguntó a la ministra portavoz qué tipo de ayuda había ofrecido Alegría, Rodríguez enmarcó la llamada de "total colaboración" dentro de la "absoluta normalidad de las relaciones institucionales entre el Gobierno de España y la Generalitat para que desde todos los medios públicos se proteja a este menor, a su familia" y para expresar su "condena y rechazo" a "cualquier tipo de incidente que tenga como consecuencia el acoso, la persecución, en definitiva el riesgo para este menor".

A su vez, la titular de Política Territorial cargó contra el PP por utilizar la "riqueza" de España en el ámbito lingüístico para la "confrontación". "El PP utiliza cualquier asunto para hacer oposición al Gobierno. Y para este Gobierno las lenguas oficiales del Estado, con su protección constitucional, son un elemento que enriquece, que aportan diversidad a nuestro país, y que no vamos a utilizar en ningún momento de forma partidista o en la confrontación política", proclamó.

El TSJC ordenó este viernes a la Generalitat que garantice la "protección e intimidad" de la familia del menor de Canet que consiguió el 25% de las clases en castellano y dio diez días al Departamento de Educación para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con su sentencia. Rodríguez señaló que el fallo ha de cumplirse y, como en otras ocasiones, insistió en la "absoluta garantía" que ofrece la actual ley educativa (la Lomloe, la llamada 'ley Celaá') para que todos los niños salgan "con competencias en ambas lenguas" en aquellas comunidades con idioma cooficial.

Garzón: "El español no está en peligro"

Otros miembros del Ejecutivo expresaron este viernes sus críticas a lo ocurrido en Canet. "Las situaciones de acoso están fuera de toda duda de lo que piensa esta ministra", señaló la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, en los pasillos del Congreso. Otro responsable morado del Ejecutivo, Alberto Garzón, manifestó este viernes en TVE su censura al caso de acoso de la familia barcelonesa, pero añadió que no comparte su postura porque "el español no está en peligro". Y responsabilizó a la derecha por el conflicto lingüístico por su "visión chiquitita de España".

"Cualquier tipo de acoso, persecución o presión en esos términos tiene que ser absolutamente condenable porque todos debemos poder expresar nuestra opinión con libertad y cuando hay gente que lo restringe está atacando los cimientos de la democracia", indicó el también coordinador de IU, informa Europa Press.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelantó este jueves que habrá pesquisas. "Toda amenaza o posible amenaza son un acontecimiento grave para la convivencia. Serán investigadas en su caso y tengamos confianza tanto en la investigación de las Fuerzas de Seguridad como del Poder Judicial", aseguró el ministro en Bruselas, para recalcar la importancia de "garantizar la convivencia" y la "seguridad de los ciudadanos".

Este jueves también se manifestó el titular de la Presidencia, Félix Bolaños. "Cualquier acto de acoso, de amenaza me parece lamentable y lo condeno. Por su puesto que lo condeno", indicó en una entrevista en La Sexta. A continuación, remarcó que las distintas lenguas de España son una "riqueza" y no se debe azuzar el enfrentamiento entre ellas. "Al revés, tenemos que fomentar el distinto uso de las lenguas", remachó.

El PP ofrece de nuevo un 155 educativo

Por su parte, los populares siguieron apretando este viernes. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, en una entrevista en Canal Sur Radio, instó a Pedro Sánchez a que "llame hoy a Pablo Casado" y acepte la mano tendida de su formación para hacer cumplir la ley. En ese sentido, volvió a ofrecer a los senadores del PP para que "se pueda cumplir la ley en Cataluña". Esto es, para aplicar un 155 lingüístico.

Los conservadores emplazaron a Sánchez a contactar a Casado para lanzar juntos ese "mensaje de unidad", "nítido" y de "amparo" a la familia de Canet que está siendo objeto de hostigamiento. También le exigen que comparezca y "rompa su clamoroso silencio". "¿A qué espera el presidente del Gobierno para tomar cartas en el asunto, a qué espera para amparar a la familia o para permitir que se pueda estudiar en español en Cataluña tal y como ha dictado la justicia que nos ampara?", se preguntó Montesinos, que indicó que el caso es de "extrema gravedad". La Generalitat, subrayó, no solo "se está negando" a cumplir con la decisión del TSJC, sino que está "alentando las protestas contra una familia", informa Europa Press.