La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reconocido que la sentencia sobre el uso del castellano en las escuelas de Cataluña es "de obligado cumplimiento" por parte de cualquier administración pública.
Se refería así a la situación creada tras el fallo del Tribunal Supremo de no admitir el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le ordenaba garantizar el castellano como lengua vehicular, como mínimo en el 25% de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.
En declaraciones en el Congreso, la ministra ha precisado que dará "todas las explicaciones" que se le soliciten en esta Cámara, pero que podía adelantar que ante "una sentencia firme no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano".
Se ha referido también a los presupuestos de 2022, que se debaten estos días en el Congreso, y ha indicado que son "muy buenos" y demuestran "la capacidad del Gobierno de llegar a acuerdos con una importante representación del arco parlamentario y que van siempre en beneficio de la ciudadanía".
Alegría ha puesto también en valor el "buen acuerdo" alcanzado en Cádiz en el conflicto del metal entre los agentes sociales.
