La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del exdirector de seguridad de Mutua Madrileña Benjamín García Cañón, por un presunto delito de cohecho activo a raíz de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Villarejo.
En un auto, conocido este viernes, la sección tercera de la sala de lo Penal desestima el recurso presentado por García Cañón al constatar que "evidentemente" existen indicios de que, en ejercicio de su entonces cargo, contratara a Cenyt para elaborar informes de investigación e inteligencia en octubre de 2009 y febrero de 2012.
El pasado mes de julio, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 Manuel García Castellón procesó al exresponsable de seguridad de la Mutua, así como al propio Villarejo y a su socio Rafael Redondo, por la redacción de un informe sobre un expresidente de la aseguradora por el que Cenyt percibió 16.000 euros.
En el momento de la contratación, 2012, Villarejo aún era comisario en servicio activo, de ahí el posible delito de cohecho activo.
Pero ya antes, relataba el magistrado, en 2009, el expolicía se habría dirigido a García Cañón para proponerle un proyecto de investigación, denominado 'Lump', para salvaguardar los intereses de la Mutua "ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas".
Entre ellas estarían Juan Expedito Suárez Sánchez, el expresidente de la aseguradora José María Ramírez Pomatta y el exconsejero Arturo Baldasano, que se encuentra en la causa como perjudicado.
El encargo a Cenyt partió del conflicto entre la aseguradora y Ramírez Pomatta por su pensión de jubilación de 13,9 millones de euros.
Informe de solvencia de Pomatta
La Mutua encargó a García Cañón la elaboración de un informe sobre la solvencia de Pomatta, que incluyó todo tipo de datos personales y patrimoniales de él y de su familia; el directivo se dirigió a Cenyt para la elaboración del estudio, por el que la empresa de Villarejo cobró 16.000 euros más IVA.
El informe señalaba que había "claras posibilidades de encontrar datos concluyentes que evidenciarían actuaciones irregulares de Ramírez Pomatta", evidencias que "podrían rentabilizarse en cualquier medida, incluso en el ámbito judicial", en relación con el contencioso que éste mantenía con la Mutua a causa de su pensión.
En 2014, el Tribunal Supremo anuló la pensión de jubilación de 13,9 millones de Ramírez Pomatta porque cometió un "abuso de derecho" al dimitir dos días antes de que la Junta General de Mutualistas revocase esas indemnizaciones por "excesivas y desproporcionadas".
El Supremo avaló el recurso de la aseguradora contra una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que fijó esa cuantía, y denegó al expresidente su derecho a cobrarla porque "su conducta fue contraria a las exigencias de la buena fe y socialmente reprobable".
Ramírez Pomatta, que inicialmente había reclamado 21 millones de pensión, fue consejero de Mutua desde el 22 de febrero de 1995 hasta el 28 de mayo de 2008, fecha en que renunció, además de presidente del consejo desde 2002.
