Los letrados del Parlament han cambiado radicalmente de opinión en dos años sobre la reforma del reglamento de la Cámara. Los letrados pensaban en 2019 que, para solventar los problemas jurídicos que observaban en el artículo 25.4 de la Cámara -el que habla de suspender a diputados cuando se les abra juicio oral "por delitos vinculados a la corrupción"- había que especificar cuáles eran esos delitos. Por contra, en la propuesta de reforma que han realizado este año y que la Mesa debatió la semana pasada ese artículo directamente desaparecía.
Su nuevo criterio beneficia a Laura Borràs: la presidenta del Parlament está imputada por fraccionar contratos para presuntamente favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, y, de consolidarse el cambio, quedaría blindada hasta que haya sentencia firme. Esa maniobra, desvelada por EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, levantó una tormenta política que dejó a JxCat sola en defensa de los cambios que favorecerían a quien fuera su candidata en las últimas elecciones. Ni ERC, socio de los posconvergentes en el Govern, ni la CUP, el otro grupo independentista de la Cámara, dieron su apoyo a Borràs.
Con el documento de 2019 -al que ha tenido acceso este diario- en la mano todavía cuesta más de entender la reforma propuesta ahora por los letrados, a quienes la oposición acusa de extralimitarse cuando pretenden eliminar del reglamento la alusión a la corrupción como causa para suspender a un diputado. Hace dos años, los servicios jurídicos de la Cámara enviaron a todos los partidos de la ponencia conjunta de reforma del reglamento unas "recomendaciones" en las que también se abordaba la modificación del artículo 25.4.
Delitos coincidentes
En aquella ocasión, sin embargo, los letrados sugerían, en vez de su eliminación, especificar los delitos por los que "el pleno puede acordar la suspensión de los diputados en caso de que sean procesados o se les imputen cargos en una causa de orden penal". Citaban los de tráfico de influencias, prevaricación, soborno y malversación de caudales públicos. Borràs está imputada por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Lo más probable es que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya le abra juicio oral en los próximos meses.
Para ofrecer más garantías a los diputados, en las recomendaciones de 2019 los servicios jurídicos proponían añadir un quinto punto al artículo 25 del reglamento que especificaba que "el proceso [de suspensión] requiere del dictamen favorable a la suspensión de la comisión del estatuto de los diputados".
El pasado jueves, en una entrevista en TV-3, Borràs se defendió de las informaciones acerca de que la reforma que proponen ahora los letrados la beneficia diciendo que son una "intoxicación" y que los servicios jurídicos del Parlament ya se "manifestaron" en 2019. Según ella, el informe actual es "un acumulado de las propuestas que se habían trabajado en la anterior legislatura en el ámbito de la comisión del reglamento". Pero es muy diferente especificar los delitos que se puede considerar que están dentro del epígrafe "corrupción" que eliminar directamente el artículo que alude a la corrupción.
Disconformidad patente
Lo que parece claro es que los letrados de la Cámara están muy disconformes con la redacción del artículo 25 del reglamento. En 2019 la ponencia de reforma iba a servir para abordar la posibilidad de las intervenciones telemáticas, y la intención poco oculta de JxCat era que en un futuro fuera factible la investidura de un 'president' ausente, como era el caso de Carles Puigdemont. Pero los servicios jurídicos aprovecharon el documento de recomendaciones para proponer también cambios en las causas de suspensión de los diputados, aunque en un sentido muy diferente al que sugieren ahora.
Según fuentes jurídicas, cuando en 2017 se introdujo ese artículo en el reglamento se hizo sin el visto bueno de los letrados, que ahora opinan que "no tiene ningún precedente ni referente en nuestro derecho parlamentario" y que compromete "la presunción de inocencia" de los diputados imputados. La referencia a la corrupción entró en el reglamento de la Cámara a petición de la CUP, que transaccionó el texto con Junts pel Sí (ERC y JxCat) y recibió el apoyo de todos los partidos excepto el PP. Los anticapitalistas aprovecharon que en julio de 2017 se abrió el melón de la reforma del reglamento -cuando el indepentismo buscaba allanar el camino a la aprobación de las leyes de desconexión- para 'colar' ese precepto.
¿Qué ha cambiado entre 2019 y 2021? En el ámbito de los servicios jurídicos del Parlament, han cambiado sobre todo los nombres de los principales letrados. Borràs relevó en julio de este año al secretario general del Parlament, Xavier Muro, en el punto de mira de JxCat desde la anterior legislatura por sus advertencias en asuntos como la inhabilitación de Quim Torra o las resoluciones sobre la Monarquía. La nueva secretaria general de la Cámara es Esther Andreu, y el nuevo letrado mayor -que sustituye a Joan Ridao, que dejó el puesto vacante en marzo- es Miquel Palomares. Ambos firman, junto a Antoni Bayona, el informe de "propuestas jurídicas y técnicas del reglamento" que blindaría a Borràs.
