Este miércoles puede suponer un antes y un después para el Internet en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la transposición europea de la directiva europea de propiedad intelectual, una nueva ley que, además de cambiar la relación entre la industria mediática y los gigantes tecnológicos, abre la puerta a la censura de otros contenidos digitales. ¿Cómo? Lo explicamos.
La clave de esa problemática se esconde en el artículo 73 de la conocida como ‘Ley Iceta', pues ha sido propuesta por el ministerio de Cultura y Deportes que encabeza Miquel Iceta. Ese pasaje responsabiliza a las plataformas digitales de los contenidos que sus usuarios comparten y les obliga a solicitar permiso para la reproducción de contenidos con derechos de autor. En el caso de que no se les dé autorización “los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea serán responsables de los actos no autorizados”.
“Supone sin duda una amenaza a la libertad de expresión”, señala a este diario Joan Barata, jurista del Center for Internet and Society de la Universidad de Stanford y miembro de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI). “Se está forzando a las plataformas a supervisar todos los contenidos y eso es impropio porque las sitúa en una posición muy complicada donde la eliminación en exceso es un riesgo real”.
Penalización de los directos
El artículo 73 del Real Decreto español equivale al artículo 17 de la Directiva de Copyright de la Unión Europea (UE), que ya levantó críticas y preocupación tras su aprobación en marzo de 2019. España, como los demás Estados miembros, está obligada a transponer esa ley comunitaria a su marco jurídico. Barata, experto internacional, lamenta que aunque se podía haber hecho “una interpretación para tener más garantías”, los legisladores se han “limitado a copiar el artículo”.
El único párrafo que los de Iceta han incluido en su versión penaliza especialmente a espacios como Twitch, Youtube o Instagram, que serán obligados a “inhabilitar el acceso a los mismos (contenidos) o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión”. A la práctica esto significa que si, por ejemplo, Ibai Llanos comenta y muestra en un directo de Twitch unos memes, vídeos o artículos de los que no ha pagado sus derechos de propiedad intelectual, las plataformas se verán forzadas a interrumpir ese ‘streaming’ para hacer cumplir con la ley.
Censura automatizada
Múltiples expertos en derecho digital e Internet han criticado duramente la ley aprobada este martes en el Consejo de Ministros. La red de activistas Xnet ha denunciado que “producirá efectos devastadores en Internet”, pues al responsabilizarlos de la publicación de esos contenidos, los proveedores de servicios (redes sociales y plataformas) se verán obligados “a poner filtros automatizados que censuren los contenidos con brocha gorda, socavando la libertad de expresión y la cultura digital como memes y similares”. “Es un ataque a la esencia de Internet”, ha apuntado el abogado David Bravo, especialista en derecho informático y propiedad intelectual.
Como ha pasado en otros países, bajo la amenaza de sanciones por incumplir las leyes las plataformas tienden a crear algoritmos que revisen la cantidad ingente de contenidos que circulan por sus espacios digitales. Incapaz de hacer un análisis contextual de cada contenido, el algoritmo puede tender a bloquear publicaciones legítimas. ¿Qué pasa entonces? “Las posibilidades de apelación serán muy reducidas, los usuarios no tendrán un mecanismo hábil para impugnar si se ha bloqueado la emisión de su directo y, en todo caso, el daño ya estará hecho”, añade Barata. “Será una censura forzada por la ley”.
La transposición de la ley europea se ha aprobado con cinco meses de retraso y como Real Decreto Ley, eso es, sin consultar a activistas expertos y sin someter a votación parlamentaria, algo que también han denunciado. “Los estándares internacionales establecen que una ley que puede golpear la libertad de expresión debe ser tomada con transparencia y garantías”, apunta Barata. El congreso tiene un margen de 30 días para convalidarlo, pero no se esperan modificaciones importantes para un texto que afectará al funcionamiento de Internet en España.
