La crisis abierta entre los socios del Gobierno a raíz de la reforma laboral no ha pasado desapercibida para la oposición. El PP prepara una estrategia de ataque parlamentario para ahondar en las heridas abiertas, dando por hecho que para Pedro Sánchez será difícil reconducir la situación. La nueva metodología lanzada por Moncloa para incorporar a Nadia Calviño y José Luis Escrivá en los trabajos será utilizada por los populares, como también la división dentro del grupo de Unidas Podemos por el caso de Alberto Rodríguez y la pérdida de su escaño. “Esto ya es una coalición a tres”, reflexionan en el grupo parlamentario, asegurando que es también la lectura que hacen dentro de la propia izquierda.

Desde la remodelación del Ejecutivo de julio y el ascenso de Calviño como vicepresidenta primera y Díaz como segunda, el PP ha apostado a menudo por enfrentar sus posicionamientos. Por eso la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, coordina sus preguntas con el secretario general, Teodoro García Egea, en busca de poner frente al espejo las disonancias. Hace días ocurrió cuando Gamarra inquirió a la máxima responsable económica del Gobierno sobre lo que realmente hará con la reforma laboral. “Usted sabe que no la va a derogar”, insistía la popular bajo la atenta mirada de Díaz, que justo después defendía que acabaría con la reforma del PP de 2021. 

A pesar de que ha habido otros enfrentamientos, el primer partido de la oposición reconoce que este podría ser un punto de inflexión. Primero, porque del resultado de esta negociación depende también la recepción de los fondos europeos. “No es un tema en el que puedan escurrir el bulto o contentar a todo el mundo. Alguien va a ganar y alguien va a perder”, asumen en el grupo parlamentario. El anuncio de que el PP torpedeará los planes de Yolanda Díaz en Bruselas (“haremos todo lo que podamos”) defendiendo la reforma laboral de Mariano Rajoy de la que el Gobierno se ha servido para activar los ERTE en la pandemia, se une a la reconciliación pública de los populares con los empresarios después de meses de distancia. 

En el PP reconocen que en los últimos meses las reuniones con distintas organizaciones empresariales y sectores no han dejado de crecer por la inseguridad jurídica que perciben entre las leyes del Gobierno y los conflictos que a menudo se desatan en el Consejo de Ministros. Los populares vuelven a ser un ‘partido refugio’ que, al calor de las encuestas, las grandes compañías ven con opciones de llegar a la Moncloa. Pero no es sólo eso. Diputados y dirigentes también mantienen encuentros constantes con empresarios cada semana y aseguran que la preocupación en el sector económico va en aumento.

Al desencuentro permanente entre vicepresidentas se suma ahora la división del grupo de Unidas Podemos. El PP también percibe en el Congreso distintas almas: “Yolanda va por un lado, Podemos con Ione Belarra e Irene Montero por el otro, y luego los comunes y algunos otros diputados tienen sus propias opiniones”, reflexionan fuentes populares. No es un detalle menor y coincide en el tiempo con el lanzamiento del “proyecto amplio” que la ministra de Trabajo quiere tejer de cara a las próximas elecciones sin aclarar qué rol jugará el papel morado.

La desconfianza es evidente y los distintos puntos de vista también se han hecho notar en asuntos capitales. El diputado Alberto Rodríguez ha sido el gran detonante. Tras el embrollo jurídico que su escaño desató (con las dudas generadas en la Mesa, los informes de los letrados y la aclaración del Supremo), la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirarle el acta al parlamentario canario. Belarra, ministra de Derechos Sociales, acusó de “prevaricación” la actuación de Batet y del Alto Tribunal. El portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, se unió a su secretaria general elevando el tono por completo y desde el partido, con Isa Serra a la cabeza, exigieron incluso la dimisión de la presidenta del Congreso.

Gerardo Pisarello y Aina Vidal (de la facción de los ‘comuns’) no fueron tan lejos. Y aunque sí muestran su disconformidad con la decisión de Batet, a la que exigen conocer todos los detalles sobre el último informe de los letrados que le hizo cambiar de opinión, no se unen a sus compañeros en la petición de dimisión ni en las acusaciones formales de prevaricación.

“Cada uno hace la guerra por su cuenta”, asumen dentro del PP, conscientes de que a Yolanda Díaz tampoco le gustó la actitud de Belarra, que se apresuró a avanzar una querella del partido morado sin consultar a la vicepresidenta segunda. Después reculó. “La división y la falta de rumbo no van a cambiar. Más allá del acuerdo al que lleguen con la reforma laboral, el Gobierno seguirá roto”, descuentan en el primer partido de la oposición, dando por hecho que la coalición sobrevivirá por la falta de estímulos para ir a otras elecciones generales. “Solo por eso”, zanjan.