La Fiscalía tiene previsto archivar las tres diligencias de investigación que tiene abiertas al rey emérito Juan Carlos I. La decisión está tomada sin haber analizado a fondo la información sobre posibles movimientos delictivos en el exterior que aún está pendiente de conocer de las rogatorias remitidas a Suiza y otros países, según revelan fuentes del caso a El Periódico de España Dichas fuentes señalan que, a día de hoy, cuando la decisión de archivo ya ha sido prevista, no se ha recibido aún toda la documentación solicitada.
Este detalle adquiere especial importancia tras conocerse, sin que haya sido desmentido por la Fiscalía General del Estado que comanda Dolores Delgado, que en las próximas semanas se dictará un decreto de archivo que pondrá fin a las pesquisas y que cerrará la puerta a que este asunto llegue a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y todo pese a que en los documentos de reclamación de información a otros países se hablaba de hasta cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
Entre otras razones, se aduce para justificar el futuro archivo que algunos de los presuntos delitos atribuidos al exmonarca habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era penalmente irresponsable antes de su abdicación en 2014; que otros habrían prescrito y que existe una falta de peso probatorio a la que se han sumado dos regularizaciones fiscales por cerca de 5 millones de euros que cierran la puerta a atribuirle la comisión de delitos fiscales.
Visita del fiscal de Ginebra
En julio pasado el fiscal jefe de Ginebra, Yves Bertossa, que lleva a cabo una investigación de las actividades del rey emérito en Suiza, visitó España para mantener una reunión con los fiscales del Tribunal Supremo encargados de las pesquisas. Nada trascendió del encuentro, pero el mismo no sirvió para acelerar la colaboración entre ambas fiscalías, porque las autoridades españolas no han recibido las informaciones que ha conseguido recabar la Justicia suiza tras las declaraciones de los imputados.
Bertossa abrió la investigación tras hacerse públicas en España las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo en las que Corinna Larsen aseguraba que Juan Carlos I había cobrado una comisión a cambio de rebajar un 30% la oferta que hizo un consorcio de empresarios españoles para la construcción del AVE entre las ciudades saudíes de La Meca y Medina.
El fiscal trató de confirmar si los 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) que cobró el emérito en 2012 a través de la fundación panameña Lucum eran una mordida a cambio de unas gestiones presuntamente ilegales. Sin embargo, las diligencias que ha desarrollado Bertossa no han permitido confirmar esas sospechas. Por eso varió el sentido de sus pesquisas, olvidándose de Juan Carlos I y dirigiéndolas ahora contra la Monarquía de Arabia Saudí, según informó la prensa suiza.
Regularizaciones sospechosas
Con respecto a las mencionadas regularizaciones con Hacienda, la propia Delgado manifestó en marzo en sede parlamentaria que gracias a la investigación que la Fiscalía del Supremo estaba realizando al emérito había "aflorado una cantidad importante e inimaginable al principio de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, cinco millones y pico de euros, que es de todos los españoles".
Se refería a las aludidas dos regularizaciones en Hacienda realizadas hasta el momento por Juan Carlos I, por un total de 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros el pasado febrero, respectivamente. La primera por lo que habría dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la segunda por los 8 millones de euros que Juan Carlos I recibió durante varios ejercicios en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.
Estas declaraciones, según publicó hace unos días El Español, pudieron ser posibles porque el equipo de fiscales del Alto Tribunal que investigaban al emérito habían notificado al abogado del ex monarca que se habían 'revelado indicios' contra su cliente. Se le indicó además el número de las tres diligencias de investigación abiertas pero sin concretar ningún otro dato.
La importancia de esta notificación deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, "antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquel dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".
Es la última parte del artículo, relativa a "actuaciones" que permitan tener conocimiento formal de las diligencias es el aspecto que, previa consulta al Ministerio de Hacienda, ha tenido que valorar la Fiscalía para dar por buena o no las regularizaciones a efectos de anular el presunto delito fiscal.
Tres investigaciones al emérito
En la Fiscalía del Tribunal Supremo se siguen hasta el momento tres diligencias de investigación sobre las actividades sospechosas del emérito.
La primera de ellas, la mencionada sobre el AVE saudí, sobre las que la propia Delgado anunció su archivo en septiembre pasado. Se centra en las actividades del emérito mientras era Jefe del Estado y por tanto inviolable según la Constitución Española.
La segunda línea de investigación abierta analiza el pago de hasta 800.000 euros en tarjetas de crédito a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, que actuaba como hombre de paja del monarca. También aquí el emérito hizo un pago para evitar ser acusado de un delito contra la Hacienda Pública .
Las pesquisas también se han mantenido vigentes después de que Juan Carlos I regularizara con Hacienda los gastos en viajes que sufragó su primo Álvaro de Orleans con la Fundación Zagatka.
La tercera causa se refiere a movimientos bancarios de cuentas que tuvieron como destino la británica Isla de Jersey. El Ministerio Fiscal abrió su investigación después de recibir un informe de “inteligencia financiera” procedente del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) que apuntaba que el exmonarca podría ser el beneficiario de una sociedad que escondía casi diez millones de euros.
