El Tribunal Constitucional quiere poner punto final a su responsabilidad en relación con la sentencia del ‘procés’ para navidades, antes de que sus magistrados sean renovados, para evitar que la sustitución de un tercio de sus miembros suponga un retraso en la resolución de los cuatro recursos que aún tiene pendientes porque habría que darles algún tiempo para estudiarlos, señalaron fuentes del alto tribunal a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio.
Aunque la renovación de un tercio de sus miembros no depende del tribunal, sino en este caso de las Cortes, a la vista de la distancia que muestran los principales grupos parlamentarios, al menos en público, no parece que vaya a haber un acuerdo inminente, lo que deja margen al tribunal para cumplir su última previsión y resolver en sus próximos plenos hasta navidades los recursos de Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Oriol Junqueras, que desde el principio se dejó para el final, por ser el más extenso y complicado de resolver.
La primera estimación del Constitucional fue tenerlos resueltos para el verano pasado, pero esa opción quedó descartada con las recusaciones de los dos magistrados más involucrados en su resolución: Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez, que capitaneaban el equipo de letrados dedicados en exclusiva a los asuntos del 1-O. La primera sentencia fue en febrero y avaló la del Supremo al rechazar el recurso de Meritxell Borràs. En el mismo sentido fueron el de Carles Mundó y los de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Recuperar la demora
Los magistrados que debían haber sido renovados en noviembre de 2019 son el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, su vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. En ese tercio también estaba Fernando Valdés, que tuvo que abandonar el tribunal al abrirse juicio oral por violencia machista y aún no ha sido sustituido. Los cuatro llegaron al Constitucional en 2012, pero su mandato venció antes de cumplir los nueve años que prevé la Carta Magna, porque su nombramiento se produjo con retraso y la ley reguladora del tribunal prevé descontar del siguiente el tiempo de demora. Al final los cumplieron en julio.
Está por ver cómo la justicia europea trata que varios magistrados tengan el mandato 'caducado'
Aunque no sea imputable al tribunal responsabilidad alguna por el retraso en la renovación de los órganos judiciales, todavía está por ver cómo se toma la justicia europea, a la que están acudiendo los condenados del 'procés' a medida que el Constitucional resuelve sus recursos, que tres de los 12 magistrados que los han resuelto habían sobrepasado el tiempo que la Constitución prevé para su permanencia.
Efectos colaterales
Además, las fuentes consultadas señalan que la falta de renovación en el tribunal provoca otros efectos colaterales. En el Constitucional existe la costumbre no escrita de que el presidente y el vicepresidente son nombrados entre los magistrados que están en sus últimos tres años de mandato, por lo que la falta de renovación de los que tienen el mandato caducado impide a los del tercio siguiente alcanzar la cúpula de la institución.
Los nombramientos que corresponden al Gobierno no podrán hacerse sin los del CGPJ, que necesita haber sido renovado
Son Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares, Juan Antonio Xiol y Antonio Narváez. En junio los cuatro cumplirán nueve años en el TC. Dos fueron nombrados por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial. La renovación del Ejecutivo no se suele retrasar, porque no depende más que de él, pero en este caso hay quien sostiene que sería inconstitucional que la hiciera en solitario, cuando el CGPJ no ha sido renovado y tiene vetado por ley hacer nombramientos mientras esté en funciones.
