¿Fue “testimonial” el papel del general José Millán-Astray en la guerra civil como considera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para ordenar que vuelvan a las calles de la capital las placas que dedican una calle a su memoria? ¿No consta documentalmente que participase en ninguna “acción bélica” ni ninguna “campaña propagandística” a favor del golpe de Estado? Esos son los argumentos del tribunal para aceptar el recurso presentado por una fundación dedicada a la memoria del fundador de la Legión. Y la sentencia es firme, pero choca frontalmente con la biografía del mentor de Franco.
Vayamos por partes. La ley de la memoria histórica de 2007, en aplicación de la cual el Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Manuela Carmena retiró más de un centenar de símbolos, prevé en su artículo 15 “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.
Si de lo que se trata es de retirar de las calles la apología del franquismo, en esta materia Millán-Astray fue el padre fundador de la apología del franquismo, su kilómetro cero, su piedra fundacional. Su primer director de propaganda, el autor de la segunda biografía dedicada a Franco, 'Nuestro Caudillo, designado por Dios y ante el mundo'. El historiador Luis Castro ha dedicado un libro ('Yo daré las consignas', Marcial Pons, 2020) precisamente a la actuación del general como jefe de Prensa y Propaganda de la junta sublevada desde el 29 de septiembre de 1936.
Su paso por el cargo fue breve (fue relevado en enero de 1937 por su escasa competencia, la imagen que ofrecía ante la prensa internacional y su incómoda tendencia a dirigir a los subordinados, literalmente, a toque de pito, haciéndolos formar para someterlos a arengas legionarias). Pero crucial para definir un proyecto propagandístico a través de la “construcción de una imagen que le identificaba [a Franco] con los grandes héroes guerreros de la historia medieval”, según indica el historiador Paul Preston en su prólogo al libro de Castro. Lo que no obsta para que fuera, quizá el único, que en momentos de camaradería legionaria pudiese llamar amistosamente “hijo de puta” al dictador que antes fue su lugarteniente.
"Consignas" a la prensa
Durante su mandato, emitió instrucciones a la prensa del siguiente tenor: “Publicarán los periódicos, hasta nueva orden, en cabeza, en tipografía destacada, el entrefilete: UNA PATRIA: ESPAÑA - UN ESTADO - UN CAUDILLO (...) en cuanto a la marcha general del periódico (...) este deberá atenerse (...) a la exaltación firme basada en la Fe y en la confianza plena en la Autoridad y Persona del Jefe del Estado”. Y a “la Constitución de un Estado, bajo los signos de Poder, Fuerza, Disciplina social”.
Sí, el muy baqueteado Millán-Astray no estuvo en el frente y luego pasó a ser responsable de los mutilados de guerra. Pero como recuerda Castro, en su actuación como jefe de propaganda concebía la “labor periodística como complementaria a la de las armas y, por tanto, subordinada al mando político-militar”. “En ese sentido, no es casualidad que Millán-Astray hable de ‘consignas’ a la hora de transmitir sus órdenes”, añade Castro.
En cuanto a la no relación de Millán-Astray con el golpe de 1936, esta es la opinión de su biógrafo Luis Eugenio Togores: “Es una de las personalidades que más contribuyó durante los años de la guerra civil a facilitar la llegada de Franco al poder y a construir el mito, la imagen, que muchos españoles tendrán durante los 40 años de Gobierno del Jefe del Estado español”. En julio de 1936, el retirado Millán-Astray estaba en Argentina, de gira radiofónica, por lo que no estuvo en el ajo de la conspiración, pero volvió de inmediato, y el 8 de agosto llegaba a España para ponerse “a las órdenes inmediatas” de Franco.
Una semana después, cuando aún no había pasado ni un mes del golpe, fue “comisionado para realizar por todas las provincias de la zona liberada labor de propaganda y elevación de la moral militar”. Y fue uno de los generales que presionó para que fuese Franco quien se alzase al frente de sus compañeros de armas con el título de Caudillo.
Las pruebas documentales
Alega también el TSJM que no hay constancia documental de sus arengas. Es cierto, no tenía texto mecanografiado ni 'teleprompter'. Pero abundan las transcripciones en la prensa de la época de sus discursos acabados (el primer, en Sevilla, agosto de 1936; el acto de izado de la bandera bicolor que acaba con su triple “Viva la muerte”). Por no hablar de su choque con Miguel de Unamuno el 12 de octubre de 1936, con dudas sobre la textualidad de lo pronunciado, pero no sobre la agresividad de la alocución del general que sacó de sus casillas al rector (queda por saber si dijo “muera la inteligencia” o “mueran los intelectuales”, pero nadie niega que diera los “saltos y puñetazos” que relatan los testigos).
El tribunal madrileño también argumenta que Millán-Astray ya tuvo dedicada una plaza, después calle, en Madrid en 1923. Durante la dictadura de Primo de Rivera, por cierto. Y que ese honor lo recibió como héroe en las Filipinas y fundador de la Legión, cuatro veces mutilado en combate, por lo que no habría necesariamente relación entre la distinción que supone tener una calle dedicada a su memoria con sus supuestos méritos durante la guerra civil. Puestos a hilar fino, en aplicación de este argumento, la calle debería estar dedicada al coronel Millán-Astray, no al general.
Ascendió de coronel a general en 1927 al dejar el mando de la Legión (aunque cuando vestía uniforme de legionario mantenía en la bocamanga las tres estrellas que recordaban su función de coronel jefe de la Legión). Parece un detalle menor pero hay antecedentes: para argumentar que la estatua dedicada a Francisco Franco en Melilla (resistió en su lugar hasta febrero de 2021) no era un homenaje en tanto que dictador, sino por su papel en la Legión, siempre fue identificada como un monumento dedicado al “comandante Franco”. Así que, si no una retirada de placa, como mínimo quizá tocaría una pérdida de rango.
A todo eso, el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida sostiene que no ha tomado posición sobre el asunto sino que se ha limitado a obedecer una sentencia judicial firme. Bien: la retirada de la placa puede considerarse como un acto obligado por la ley de memoria histórica (así lo tramitó el consistorio de Carmena) o puede tomarse también como una libre decisión del Ayuntamiento de Madrid (como han hecho tantísimos otros consistorios antes, durante y después de la aprobación de la ley). Ahora, para eso hace falta tomar posición.
