Nuevo varapalo judicial a las medidas sanitarias planteadas por el Gobierno de Canarias para la contención de la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió ayer de manera provisional la obligatoriedad de presentar el certificado covid digital para acceder al interior de la restauración, gimnasios y recintos culturales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran que «los datos relativos a la salud están comprendidos dentro del derecho a la intimidad». Del mismo modo, los magistrados tumbaron la limitación de horario de las actividades no esenciales entre las 0 y las 6 horas de la mañana y aumentaron el aforo interior de los gimnasio hasta el 55%, en las islas en nivel de alerta 4 frente a la Covid-19.
Desde el pasado lunes los responsables de restaurantes y cafeterías de Tenerife –por estar en nivel 4– y en determinados casos los de Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma –por encontrarse en nivel 3– debían hacer un cribado de sus clientes antes de pasar al interior de sus locales. Ahora, decae cautelarmente esta norma tras los dos autos que dictó el TSJC ante sendos recursos del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y de la Asociación Hostelería Unida de Tenerife (HUT).
El Tribunal suspende provisionalmente las medidas impuestas por el Ejecutivo regional
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, aseguró ayer durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que los autos requerirán de un «estudio a fondo», porque especifican que la eliminación de la limitación de horarios nocturnos solo se impone en el nivel 4, algo que «no es coherente». Además, Pérez recordó que en Canarias hace más de un año que se exige un documento similar para acceder a los establecimientos hoteleros, así como en puertos y aeropuertos para entrar en Canarias.
Pérez negó durante su intervención que todas las decisiones que ha adoptado el Gobierno durante la crisis sanitaria las hayan suspendido los tribunales. Si bien, desde que decayó el estado de alarma y el control de la pandemia pasó a manos de las autonomías, el Ejecutivo regional ha tenido destacados tropiezos con la justicia. En mayo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto contra la negativa del TSJC, que rechazó el cierre perimetral de las islas en nivel de alerta 3 y 4. Poco después, a finales de junio, el Tribunal regional suspendió el acuerdo del Consejo de Gobierno que decretaba el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y la ocupación máxima al 50% de las terrazas, en las islas en nivel 3.
El Gobierno de Canarias tiene tres días para presentar alegaciones ante el TSJC
Esta misma semana, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo falló en contra del toque de queda en Canarias, tras el recurso que la comunidad presentó después de que el TSJC le denegase, el pasado 14 de julio, la restricción a la movilidad entre las 00.30 y las 6.00 horas en las islas con mayor incidencia del virus (niveles 3 y 4).
A esto se suma que la ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha recalcado que en España no es obligatorio vacunarse, después de que el Gobierno canario estudiara obligar a los empleados públicos de los servicios esenciales a ser inmunizados frente a la covid-19.
Los autos publicados ayer por el TSJC fijan el aforo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración en el 50%, en las islas con nivel 3 y 4. Para los recintos culturales, como cines, teatros y auditorios, los magistrados consideran proporcional la medida de restringir el aforo al 55%, pero no avalan que los usuarios deban facilitar información sanitaria para que se les permitan entrar. Con respecto al aforo de los espacios destinados a la actividad física no federada en zonas interiores, la Sala concluye que «no tienen porqué ser discriminados al 33%», ya que aboca al cierre de los establecimientos, «cuando no está mínimamente acreditado una especial incidencia de contagio en gimnasios o que la reducción al 33% vaya a ser el remedio pretendido por la limitación». Así, el TSJC fija el aforo de estos recintos en el 55% para el nivel de alerta 4.
Tanto el Gobierno de Canarias como los empresarios tinerfeños cuentan ahora con tres días hábiles para presentar las alegaciones que estimen procedentes respecto al mantenimiento, modificación o revocación de lo acordado. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, apuntó que tratarán de presentar las alegaciones a los dos autos lo antes posible y apeló a la responsabilidad individual mientras el Tribunal dicta un fallo. Pérez insistió en que el Consejo de Gobierno toma la decisiones siguiendo el criterio de los técnicos sanitarios y con el asesoramiento legal de los servicios jurídicos. Además, puntualizó que siempre se mueven dentro de un triángulo delimitado por la defensa de la salud, la economía y los derechos fundamentales.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aseguró ayer que ante la situación repetida de desautorización por parte del TSJC, la única herramienta que les queda es incrementar la vacunación y los controles, en la medida de lo posible, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Asimismo, Martín reconoció que no se esperaba la decisión del Tribunal y confiesa que le ha resultado «una sorpresa».
El pasaporte covid divide a las autonomías
El uso del certificado covid digital para permitir el acceso al interior de determinados establecimientos no es idea exclusiva de Canarias. Hay regiones como Galicia en las que ya está en vigor el uso de este documento para cribar los accesos al interior de la restauración y hostelería; Melilla lo exigirá a mediados de agosto; y Cantabria aprobó ayer su uso. Andalucía ve con buenos ojos la medida, pero apuesta por una normativa unificada y Aragón considera «es digna de estudio». Otras comunidades como Castilla-La Mancha no lo descartan si se llegara a un acuerdo nacional; mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña, Euskadi o Madrid no se lo plantean, al menos hasta que se despejen las dudas legales. El certificado covid sirve para acreditar que el titular ha recibido la pauta vacunal completa frente a la covid-19; que cuenta con una prueba negativa realizada en las últimas 72 horas; o que se ha recuperado de una infección por SARS-CoV-2 en los últimos seis meses. De momento, cuenta con el respaldo jurídico del Parlamento Europeo, que promovió su creación en aras de facilitar la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea entre los países miembros. | I. D.
